El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que se sacó de contexto su frase: "En Canarias no existe crisis migratoria". Durante un bronco cara a cara en la Cámara Alta con el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, el ministro negó que el Archipiélago esté inmerso en un problema migratorio. “Me refería al punto de comparación en como ofrecíamos la atención humanitaria a los migrantes en 2020, cuando no teníamos ninguna capacidad de acogida”, aclaró el ministro y agregó que hubo que crear un conjunto de infraestructuras y utilizar hoteles para responder ante una situación de emergencia.
Ahora, puntualizó, las Islas cuentan con unas instalaciones para la “acogida transitoria” que están a un tercio de su capacidad. “Los migrantes transitan por Canarias un tiempo relativamente reducido y no hay, en ese sentido, un problema migratorio” en comparación con la situación de 2020, afirmó Escrivá, aunque reconoció que “es un drama extraordinario” el de las personas que se ahogan en el mar tratando de llegar a Europa desde África.
El ministro defendió que Ramos utilizó políticamente la muerte de los migrantes que fallecieron la semana pasada a bordo de una patera con rumbo a Canarias. “El senador hizo demagogia extrema y lo que consigue es ensuciar el trabajo ejemplar de Salvamento Marítimo, de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las organizaciones que colaboran para evitar el mayor número de ahogamientos de migrantes”, aseveró Escrivá. Además, alabó la colaboración de España con los países de origen con la que, a su juicio, “se evitan muchas muertes en el mar”. Escrivá acusó a PP y CC de hacer “política de muy bajo nivel y demagogia” sobre la realidad migratoria de Canarias.
Insertar a menores extutelados
Escrivá visita Canarias por cuarta vez a lo largo de la legislatura para firma una subvención de 50 millones de euros, que se destinarán a la atención de menores migrantes. Con esta dotación, que estaba prevista en los Presupuestos Generales del Estado, se cubrirán los gastos del Gobierno de Canarias en el ámbito de la inmigración durante los ejercicios 2022 y 2023 y es fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. “Este esfuerzo presupuestario es un reconocimiento por parte del Gobierno de España al trabajo añadido que asume Canarias con respecto a otras regiones en el ámbito migratorio”, señaló el ministro tras la firma del convenio, que también rubricó el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres.
Escrivá destacó la “carga singular” que tiene el Gobierno canario con la tutela de más de 2.200 menores migrantes no acompañados, una situación que no se da en ninguna otra autonomía. Además, los fondos se podrán utilizar para gastos para de atención sanitaria y formación de migrantes, así como para la cooperación con los países de origen. Según señaló el ministro, la dotación también se podrá destinar a la integración de jóvenes extutelados, quienes deben abandonar los centros de acogida una vez cumplidos los 18 años.
Corresponsabilidad obligatoria
Tanto el Ministerio como la Consejería, subrayó Escrivá, han trabajado con las administraciones europeas para explicarles las singularidades de Canarias para captar fondos del nuevo ciclo presupuestario europeo, que se podrán derivar a los gastos que tiene que asumir el Ejecutivo regional para la atención de menores no acompañados.
Torres hizo hincapié que entre 2020 y 2019 la inmigración en Canarias sufrió un repunte del 756,8% -pasando de 2.698 migrantes a 23.023-, mientras que este año han llegado de manera irregular a las Islas 612 personas menos que en el mismo periodo de 2021. “El trabajo que se realiza desde la Consejería de Derechos Sociales es ejemplar, porque atendemos de forma inmediata a las personas que llegan en patera y aseguran ser menores”, afirmó el presidente canario, quien destacó el esfuerzo para abrir medio centenar de recursos para acoger a los menores no acompañados.
Sobre el reparto de menores en otras comunidades autónomas, Torres hizo hincapié en el acuerdo alcanzado en una comisión sectorial, donde están las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales, para derivar a cerca de 700 niños y jóvenes a lo largo de 2022 y 2023, que se suman a los 208 que acogieron en la Península durante el año pasado. “Este es un gran paso, porque hasta ahora solo teníamos una solidaridad voluntaria”, explicó el jefe del Ejecutivo canario. No obstante, destacó que se debe actualizar la ley para que exista una corresponsabilidad obligatoria para atender a los menores que lleguen de forma irregular a un territorio y que la tarea no se asuma en solitario por parte de las regiones frontera. “Es necesario un cambio en la legislación para garantizar un reparto justo, que tenga en cuenta el territorio y la población, y que haya recursos suficientes para que la acogida se pueda abordar de manera estructural”, aseveró Torres, quien reconoció que es “complejo” materializar la norma antes de que finalice la legislatura.
