La tensión entre los colectivos prosaharauis de Canarias y el Gobierno español sigue in crescendo por la ofensiva de los primeros para defender ante Naciones Unidas (ONU) el derecho a la libre autodeterminación del Sáhara Occidental y contra el cambio de posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez asumiendo plenamente la vía de la autonomía para la ex colonia como territorio bajo soberanía del Reino de Marruecos. Dichos colectivos, organizados en torno a la delegación canaria que viajó la semana pasada a Nueva York para defender en la Comisión de Política Especial y Descolonización del organismo internacional el referéndum de autodeterminación para la ex colonia española, denuncian el «desprecio» con que han sido tratados por parte del embajador español permanente ante la ONU, Agustín Santos, por negarse a recibirlos sin ni siquiera contestar a ninguna de las tres solicitudes tramitadas con ese objetivo.
La delegación canaria, integrada por 32 representantes de diversas organizaciones e instituciones isleñas y que intervinieron en dicha Comisión como parte de la campaña ‘Canarias con el Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui’, ha emitido una queja formal ante la Misión Permanente de España en Naciones Unidas señalando que «tradicionalmente, las personas de la sociedad española que participan en la Comisión de Descolonización son recibidos por la embajada, previa petición de la entrevista, y en esta ocasión ni siquiera se ha recibido respuesta». Los representantes de organizaciones de juristas, sindicales, sociales, políticas, así como parlamentarios, concejales y consejeras de cabildos insulares que viajaron a la ciudad norteamericana denuncian así el «abandono y desprecio con el que hemos sido tratados por la embajada española».
Zapatero y Bono no tendrán que dar cuenta en el Senado por participar en el foro de Gran Canaria
La carta remitida al embajador denuncia «la falta de atención y recibimiento, lamentando la actitud de la Embajada de España en Naciones Unidas, y esperando que este trato de indiferencia, no sea reflejo de la consideración que el Gobierno de España tenga a la situación del Sáhara Occidental». En su literalidad, la carta, fechada el día 6, es decir, el mismo día de la participación de este colectivo en la Comisión de Descolonización, señala al embajador y apunta que «ante la falta de respuesta por parte de la Misión que usted dirige para recibir a la delegación canaria le trasladamos nuestro malestar y queja sintiéndonos abandonados por los servicios diplomáticos de España, nuestro país».
En este mismo sentido, uno de los delegados canarios, el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Pedro Quevedo, que intervino en ese foro, denunció en presencia del embajador que la «indignidad recibida en la entrega de acreditaciones no se encuentra a la altura de lo que representa esta institución ni de la dignidad de nuestros colectivos ni de la del funcionario de la ONU, que nos atendió en condiciones no aceptables».
Como el resto de representantes de los colectivos canarios que intervinieron en la Comisión de Descolonización, Quevedo expresó la posición de su partido, Nueva Canarias-Bloque Canarista, «en defensa del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación sobre su futuro para concluir su proceso de descolonización de acuerdo con la resolución 1514 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas». Insistió en que ese derecho está recogido en más de 60 resoluciones de la ONU, una vez por parte del Tribunal de Justicia de la Haya, además de «múltiples veces» por parte del Parlamento de la Unión Europea, por «centenares de pronunciamientos de gobiernos locales y regionales de España» y por los acuerdos de la Unión Africana en el sentido de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) «como uno de sus integrantes».
Quevedo denuncia una atención «en condiciones no aceptable» a los isleños
Considera Quevedo que el acuerdo suscrito en abril entre Madrid y Rabat –por el que el actual Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que la propuesta marroquí para otorgar a la ex colonia española un estatus de autonomía bajo soberanía marroquí «es la más sería, realista y creíble»– da carta de naturaleza a la «pretensión marroquí de apropiarse del Sáhara Occidental», con el «rechazo contundente», recuerda, que este giro del Ejecutivo nacional ha merecido por parte del Congreso y de la práctica totalidad de las fuerzas políticas españolas salvo el PSOE. «Consideramos imperativo el reconocimiento de las resoluciones de la ONU como marco posible para la culminación del inconcluso proceso de descolonización del Sáhara Occidental a través del reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui».
Por otra parte, La Mesa del Senado ha rechazado la solicitud de dos senadores del grupo mixto de la Cámara, Emilio Argüeso y Ruth Goñi, ambos exmiembros de Cs, para que el ex presidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ex ministros de Defensa, José Bono, y de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en estos momentos eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento europeo, comparecieran en la Cámara Alta para explicar su participación en la Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad del Sáhara Occidental, celebrada los día 22 y 23 de este mes en la capital grancanaria. Los dos parlamentarios pretendía que los tres dirigentes socialistas «aclarasen si actuaron en representación del Gobierno de España o en nombre del PSOE, y por «si hay postura política del Gobierno o algún tipo de acuerdo con Marruecos y con los Servicios de Inteligencia de Marruecos de los que este gobierno tenga que dar cuenta a los grupos parlamentarios».
La Mesa denegó la semana pasada esta solicitud al entender que no entra entre los casos en que se puede solicitar una comparecencia ante alguna de las comisiones de la Cámara ya que se trata de intervenciones a título personal en un debate público sin relación alguna con la agenda política del Gobierno ni actuando en su nombre.
Argüeso y Goñi han planteado un recurso ante el órgano de gobierno de la Cámara para que reconsideren su decisión, al tiempo que esperan una respuesta del propio Ejecutivo, al que han planteado la misma cuestión en una pregunta por escrito.
Para los senadores que piden la comparecencia de Zapatero, Bono y López Aguilar, las intervenciones de estos dirigentes socialistas en un foro sobre un conflicto territorial tan importante como el del Sáhara, en el que España es un agente activo vital, se sitúan en una zona fronteriza que debe aclararse. «Queremos saber si nuestro gobierno no tiene la suficiente capacidad para tener como interlocutores a un presidente y un ministro que estén en activo como para tener que recurrir a dos personas que están fuera del ámbito político y a un eurodiputado», insiste Emilio Argüeso para justificar la iniciativa. «Si las decisiones que se toman afectan a la gobernabilidad y a las posiciones de un país en un determinado problema internacional entonces están actuando en nombre de alguien. No creo que un ex presidente y dos ex ministros se metan en cosas de estas si alguien no se lo pide», asegura.
