Al padre de Pino Sosa lo mataron tres veces: la noche de 1937 que le dieron un tiro en la nuca, el día que cegaron el pozo donde lo arrojaron con otros trece obreros republicanos para silenciar para siempre el crimen y años después, cuando alguien escribió, con saña, en un documento oficial del Ayuntamiento de Arucas que se «ausentó en un barco francés», dejando abandonados a mujer y tres hijos.

A sus 85 años, a Pino Sosa le falla la vista, pero no la memoria. Desde ayer es oficialmente una víctima, lo dice el artículo 3.3 de la ley de Memoria Democrática promulgada por las Cortes al cabo de 44 años de democracia en España para intentar reparar en lo posible los daños de la represión de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Ella lo sabía ya hace mucho, pero la idea de que figure en el BOE le agrada y acaricia con mimo una copia del texto, que no alcanza bien a leer.

Esta vecina de Arucas ha dedicado más de media vida a buscar a un padre al que casi no conoció (tenía 40 días cuando lo «pasearon»), un hombre humilde, un latonero, del que no le dejaron «ni una carta» que le permitiera figurárselo a través de su letra.

«Pero no le guardo rencor a nadie», dice, firme. Intuye quiénes fueron los asesinos. Todos murieron sin que de su boca saliera una palabra de perdón, pero sabe que ha crecido con los hijos de algunos y morirá sin hacerles un reproche. Solo espera que para todos los que siguen en los pozos, las simas y las fosas haya lo que hubo para su padre el 24 de marzo de 2019: un entierro digno –tras ser hallados meses antes sus restos junto a los de Francisco Santana, Lorenzo Santana, Pedro Roque, Juan Torres, Miguel Sánchez, Domingo González y los otros siete hombres no identificados–.

«Nos ha costado llegar hasta aquí, siempre reclamando... Con la ley en la mano, ya somos víctimas. Antes no lo éramos, a mi madre no le dieron ni una pensión porque ni siquiera la reconocían como viuda», recuerda.

«La ley dice que tenemos derecho a una reparación. La reparación que yo quiero es justicia, verdad y no repetición. A estas alturas, ¿qué me van a dar, un dinero? Lo necesité de niña, ahora lo que quiero es que esto siga adelante, que se ponga en los libros de texto. Esa es mi lucha, que los chicos se enteren de lo que ocurrió».

Sosa aprendió de su madre Balbina a no odiar. Para protegerla, la mujer nunca le contó de niña el asesinato de su padre. Se enteró en la calle al saludar a dos mujeres. «¿Quién es esa niña?, preguntó una. ‘La del latonero, el que tiraron al pozo», repuso la otra.

Balbina le dijo antes de morirse que había perdonado a todos, menos al cura que confesó a los hombres de Arucas que en la primavera de 1937 acabaron en los pozos de Tenoya y el Llano de las Brujas, el primero que se excavó en la isla. Su madre no olvidaba que el sacerdote sabía que los iban a matar y no hizo nada por ellos, pero se arrepintió de no haberle perdonado, cuando años después el religioso se lo rogó.

Presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas es una corredora de fondo. Tan amable como terca en sus convicciones, no cuesta imaginar cómo fue la reunión en la que le arrancó a Adán Martín (CC), presidente de Canarias (2003-2007), 300.000 euros para financiar la excavación del pozo del Llano de Las Brujas, el primero del que lograron suficientes indicios como para sostener que allí había represaliados.

Encontraron a 24, ninguno era su padre. Fue una pequeña decepción, pero siguió hasta que convenció al Cabildo de Gran Canaria –bajo gobierno del PP– para que excavara en Tenoya, en 2013. Cuando cinco años más tarde le dijeron que habían hallado huesos humanosa, el corazón le dio un vuelco. El ADN confirmó que allí estaba José Sosa. Ahora sigue luchando con su asociación para que se abra otro pozo más en Arucas, el de El Francés. Así que le encanta leer en la ley que el Estado se compromete a impulsar las excavaciones de las fosas del franquismo y que se creará un banco centralizado de ADN, al que anima desde ya a las familias de los desaparecidos a contribuir.