Los registradores mercantiles y de la propiedad de Canarias alertaron el último año sobre un total de 2.414 operaciones sospechosas de servir para el encubrimiento del blanqueo de capitales. Se trata del mayor número de casos reportado desde las Islas al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) en solo un año desde que este comenzara a trabajar en marzo de 2016. Un récord que explica la preocupación de la nueva fiscal superior del Archipiélago, María Farnés, por mejorar la coordinación con otras instituciones del Estado, como la Seguridad Social o la Agencia de Administración Tributaria, en la lucha contra el lavado de dinero negro.
La mayoría de los expedientes que se remiten desde la región se origina en las islas orientales
La propia Farnés reconocía la semana pasada, durante la toma de posesión de su nuevo cargo, que los fiscales no cuentan con la formación y los conocimientos suficientes en materia económica, contable o financiera, de ahí que necesiten el apoyo externo de otras instituciones. Dentro de este apoyo externo en la guerra contra el lavado de dinero puede enmarcarse la labor del CRAB, que es el órgano para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España. Cuando un profesional del registro mercantil o del registro de la propiedad de Canarias –o de cualquier otra parte del país– ve indicios o pruebas de un delito de blanqueo, envía el expediente al CRAB, que actúa así como un órgano centralizado. Este organismo se encarga entonces de cribar los expedientes, es decir, sus técnicos analizan de forma pormenorizada cada uno de ellos y, tras su análisis, archivan los casos si no ven indicios suficientes de delito o, por el contrario, los elevan al Sepblac. ¿Y qué es el Sepblac? El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es la particular unidad de inteligencia financiera de España. Es la institución que en última instancia envía a los órganos judiciales o a la fiscalía los casos en que la comisión de un delito de lavado de dinero o de financiación de células o grupos terroristas resulta, como poco, probable.
Los registradores de todo el país detectan hasta 28.684 casos con indicios de delitos en 2021
227 casos sospechosos
Pues bien, según los datos suministrados a este diario por el colegio oficial, los registradores de la propiedad de la Comunidad Autónoma alertaron al CRAB a lo largo de 2021 sobre un total de 227 casos sospechosos. Más de medio centenar de expedientes (52) llegaron al Centro Registral Antiblanqueo desde los despachos de los profesionales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y hasta 175, desde las oficinas de las islas orientales. Además, los registradores de lo mercantil elevaron al CRAB la friolera de 2.187 casos, 258 los profesionales de la demarcación tinerfeña y hasta 1.929 los de la provincia de Las Palmas. De hecho, solo los registradores de lo mercantil de Cataluña –4.715– y la Comunidad de Madrid –5.936– remitieron a los investigadores del CRAB un mayor número de expedientes que los del decanato de la demarcación oriental del Archipiélago. En términos relativos, esto es, si se tiene en cuenta que en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hay menos registradores que en las dos grandes regiones del país, los profesionales de la provincia de Las Palmas se sitúan así como los que más veces han alertado al CRAB de posibles delitos de blanqueo de capitales. Entre esos posibles casos de lavado de dinero negro hay de todo: negocios bursátiles que suscitan dudas sobre su legalidad, empresas fantasmas, compraventas de viviendas o edificios a precios inflados e incluso contrabando de obras de arte u otro tipo de bienes suntuarios, como joyas, pieles o coches deportivos.
A los delincuentes les resulta cada vez más difícil llevar a cabo operaciones para hacer pasar como limpio y legal el dinero conseguido ilegalmente, y aquí entran el tráfico de drogas, el cobro irregular de comisiones, el empleo de trabajadores en negro o las sociedades durmientes, esas que tanta relación guardan con los paraísos fiscales. Con todo, el año pasado, los registradores mercantiles y de la propiedad le remitieron al CRAB, desde todas las oficinas del país, un total de 28.684 avisos de posibles operaciones de lavado de dinero. En 2020, el número de alertas ascendió a 24.951, con lo que se han incrementado en términos interanuales prácticamente un 15%, hasta 3.733 más de un año para otro.
