El director del Servicio Canario de la Salud (SCS) presenta su dimisión. Como consecuencia del giro que ha tomado la investigación judicial del caso mascarillas, Conrado Domínguez deja el cargo para centrarse en armar su defensa. Esta mañana entregó al responsable de la Consejería de Sanidad, Blas Trujillo, la carta de renuncia en la que se lee: "Como consecuencia de la decisión judicial de declaración de secreto de sumario del proceso judicial en el que me encuentro en este momento, en calidad de investigado, y a fin de poder mantener mis derechos de defensa sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud, presento mi dimisión como director del SCS con fecha de hoy, jueves 3 de noviembre de 2022". Domínguez añade un reconocimiento al personal sanitario y de la Consejería, así como a las asociaciones de pacientes, a quienes agradece "la leal e inestimable colaboración prestada en esta etapa al frente del SCS".

La dimisión se llevó esta mañana al Consejo de Gobierno y en la rueda de prensa posterior a la reunión, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, confirmó que el cese de Domínguez "se acordó" y después mencionó su carta de renuncia. "Se han producido en los últimos días algunos hechos de los que han dado cuenta los medios. El presidente se reunió con Domínguez y, tras esa encuentro, hoy le envió la carta rogando ser cesado", apuntó Pérez. Ahora, el Gobierno canario tendrá que designar a un sustituto.

Torres aún no ha declarado ante el juez para aclarar la actuación del Ejecutivo canario

El pasado domingo, el magistrado instructor del caso mascarillas, Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, decretó el secreto de sumario por un periodo de un mes, con el objetivo de cortar el flujo de filtraciones que se ha producido desde que comenzaron las investigaciones y, además, anunció que la causa podría extenderse a más personas, abriendo la puerta a la práctica de nuevas diligencias. El detonante de esta decisión judicial fue la declaración del administrador único de la compañía RR7 United SL, Rayco Rubén González, imputado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales. Según señala el auto del magistrado, el testimonio del empresario aportó «fuentes de la prueba de cuyo análisis pueden surgir numerosas derivadas, respecto a los hechos y nuevos contratos».

La investigación judicial se centra en esclarecer una presunta estafa de cuatro millones de euros al Gobierno de Canarias por la compra de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de 3M, por medio de RR7, que nunca llegaron a los hospitales canarios. A principios de mayo de 2020, seis semanas después de decretarse el confinamiento, Domínguez recibió la llamada de un conocido que le ofrecía ponerle en contacto con un empresario canario con capacidad para traer a las Islas material sanitario y negoció un contrato de emergencia, a través de un intermediario de la compañía RR7 –cuyo objeto social es la venta de automóviles y vehículos de motor ligeros–. El SCS firmó la adquisición del material sanitario en pleno estado de alarma y abonó por adelantado los cuatro millones de euros contemplados en presupuesto. En ese momento, Domínguez era secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y coordinador del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria del Gobierno de Canarias.

Declaración de Torres

Estaba previsto que Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, recibiera ayer las preguntas del juez instructor y de las partes personadas en la causa para aclarar la actuación del Ejecutivo en la compra de las mascarillas. Torres testificará en calidad de testigo, por lo que está obligado a decir la verdad, y lo hará por escrito, tal y como le permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal por su cargo como presidente autonómico. Desde Presidencia señalan que en su declaración Torres podrá dar detalles sobre las funciones, los miembros y el contenido de las reuniones del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria, pero no podrá aportar información sobre la tramitación de las facturas, ya que esa tarea no se contemplaba entre las competencias del equipo, que se centraba en decidir las restricciones necesarias para responder a la emergencia sanitaria.

El Gobierno regional todavía no tiene sustituto para gestionar los servicios sanitarios

Cuando el caso mascarillas salió a la luz, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara la querella en el mes julio, Torres aseguró que en el seno del Gobierno no se había solicitado en ningún momento la dimisión de Domínguez y aludió a su presunción de inocencia. Si bien la última vuelta de tuerca en la investigación judicial ha forzado la decisión de Domínguez.

A finales de septiembre, el hasta ahora director del SCS declaró ante el magistrado y respondió a sus preguntas durante más de dos horas. Su defensa se basó en que actuó "bajo la legislación vigente en todo momento", alegando que durante el estado de alarma el marco jurídico estatal se flexibilizó para poder tramitar contratos de emergencia. Así, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y el artículo 16 del Real Decreto–Ley 7/2020, contemplaron una significativa relajación de los requisitos. En aquellos meses, las administraciones públicas podían llegar a acuerdos comerciales de manera verbal y documentar la adjudicación a posteriori de cara a contratar los servicios necesarios para hacer frente a la covid-19.

Segunda etapa al frente del SCS

Torres recuperó a Domínguez para el cargo de director del SCS en septiembre de 2020, una responsabilidad en la que ya tenía experiencia, pues había ocupado el puesto como independiente durante la segunda mitad de la pasada legislatura, con Fernando Clavijo (CC) en el Gobierno, siendo la mano derecha del entonces consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. En plena pandemia, sustituyó a Alberto Pazos, convirtiéndose la cuarta persona que se ponía al frente del SCS en poco más de un año -tiempo que Torres llevaba en la presidencia-. Domínguez ocupó el cargo de manera interina, a la vez que el consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Julio Pérez, reemplazó de forma provisional a la consejera socialista Teresa Cruz después de que esta fuera destituida por las presiones internas en el pacto de las flores debido a su gestión de la sanidad canaria tras la irrupción del virus. La experiencia de Domínguez en Economía de la Salud le valió para ganarse la confianza de Torres, quien lo designó  coordinador técnico del Comité de Gestión de la Emergencia sanitaria durante el estado de alarma, mientras ocupaba la Secretaría General Técnica de Obras Públicas.

La situación de Domínguez contrasta con la del viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, al que se le ha abierto un juicio penal en Fuerteventura. La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga al líder de los socialistas majoreros por los presuntos delitos de administración desleal y de insolvencia punible durante su gestión como administrador de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa). La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación como cargo público para quien ha sido nombrado candidato socialista al Cabildo de Fuerteventura de cara a la próxima cita electoral. El código ético del PSOE obliga a cesar a los cargos públicos a los que se les abre juicio oral.