A seis meses de las próximas elecciones autonómicas, los constructores de Canarias no dan crédito a que aún esperen a que el presidente de Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, les dé la cita que le solicitaron en julio para exponerle una propuesta que permitiría levantar 4.000 viviendas en tres años para familias vulnerables y para jóvenes en alquiler. Solo falta el sí del Ejecutivo, apunta la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, que sostiene que, por contra, "hay fondos, existe el suelo finalista, existe la posibilidad de utilizar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y la iniciativa privada está dispuesta".
La propuesta pasaría porque la administración sacara a concurso concesiones de suelo público -"ocioso y finalista"- para que los constructores pujen y construyan haciendo uso de los fondos europeos que tienen a su disposición y capital propio. El Gobierno se haría así con un parque de viviendas a precios asequibles, bajo control público para el acceso a las mismas de forma garantista.
Gil subraya que con la gestión privada de suelo público se "daría un giro radical a una errática y cronificada política de vivienda a espaldas de las necesidades de la población y de las oportunidades que ofrece el mercado y el momento". "No solo es da una respuesta rápida y eficaz a las necesidades habitacionales, sino que dinamizaría un sector generoso en devolver productividad y empleo", apunta la directiva.
Eso sí, advierte Gil, "se nos acaba el tiempo, los fondos europeos han de ser ejecutados antes de finalizar 2026 y, para ello, en diciembre de 2023 deberían estar adjudicados los concursos propuestos". Los constructores calculan que para empezar se podrían acometer en tres años unas 4.000 viviendas. "Una oferta irrechazable, no voluntarista sino realista, urgente y necesaria", insiste.
