El Gobierno central sigue los pasos del Gobierno de Canarias para aplicar bonificaciones fiscales en La Palma como instrumento para revitalizar la actividad económica en la isla tras la crisis volcánica del año pasado, pero no atiende la medida que en este sentido aprobó en julio el Congreso de los Diputados, ni las reclamaciones que en la misma dirección ha realizado CC a través de una enmienda a los presupuestos estatales del próximo año y que se mantiene en la negociación entre nacionalistas y gobierno central para el apoyo de esta formación política a las cuentas públicas.
El Ejecutivo central anunció que el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobará antes de final de año la orden ministerial en la que anualmente desarrolla el método de estimación objetiva del IRPF y que en ella se establecerá una reducción del 20 % en el rendimiento neto que sirve de base para calcular este impuesto en el caso de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, empresariales y profesionales en toda la isla. Se trata de una medida con la que el Estado pretende dar “un nuevo impulso a la reconstrucción de La Palma” tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en septiembre del pasado año y “con el objetivo de ayudar a la recuperación del tejido empresarial”. “Con esta nueva medida se persigue fomentar la reactivación económica tras una catástrofe natural, a través de incentivos fiscales que puedan revitalizar la producción local, evitar la pérdida de tejido productivo y configurarse como elemento clave en la fijación en el territorio de sus empresas y empleados”, señala en una nota de prensa el Comisionado para la Reconstrucción de la Isla de La Palma, Héctor Izquierdo, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
“Con esta nueva medida se persigue fomentar la reactivación económica tras una catástrofe natural, a través de incentivos fiscales que puedan revitalizar la producción local"
La medida anunciada por La Moncloa va en la misma dirección de la prevista por el Gobierno de Canarias, que también aplicará una reducción del 20 % en las cuotas devengadas para aquellas actividades que están en el régimen especial simplificado del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), en el caso de los contribuyentes que desarrollan operaciones económicas, empresariales o profesionales en la isla. De hecho, ambas rebajas fiscales se llevarán a cabo coordinadamente entre ambos Ejecutivos, según señalan desde la oficina gubernamental para la reconstrucción de La Palma.
Estas bonificaciones fiscales a las rentas del capital en la isla no responden sin embargo al texto de una propuesta parlamentaria aprobada en julio pasado por el Congreso de los Diputados y en la que, a petición de CC, se instaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esas exenciones deberían afectar a todos los contribuyentes residentes en la Islas por un tiempo de 10 años. En concreto, la proposición no de ley, apoyada por todos los grupos con solo el voto en contra del PSOE y la abstención de Unidas Podemos y Cs, que se abstuvieron reclamaba una modificación de la ley del IRPF que permita que los contribuyentes que tengan su residencia habitual en la isla de La Palma puedan aplicarse una deducción del 60% de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica o complementaria que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en dicho territorio.
Sobre esta iniciativa parlamentaria aprobada por la Cámara baja se ha asentado una de las principales enmiendas que CC ha presentado a los presupuestos estatales de 2023 y que la formación nacionalista negocia con el Gobierno de Pedro Sánchez para el apoyo de las sus diputadas, Ana Oramas y María Fernández, a las cuentas estatales en la recta final de su tramitación actual.
La enmienda de CC, sobre la que esta formación asegura no tener aún una respuesta por parte del Gobierno central, reclama una modificación de la ley del IRPF para que en la declaración de este impuesto correspondiente al ejercicio actual, 2022, todos los contribuyentes de La Palma, como ya hacen los de Ceuta y Melilla, se deduzcan ese 60%, así como el mismo porcentaje para los contribuyentes que mantengan su residencia habitual en la isla por un periodo no inferior a tres años para las rentas obtenidas fuera de la isla cuando al menos una tercera parte del patrimonio neto del contribuyente esté situado en ella.
Para los nacionalistas, la medida anunciada ayer por el Gobierno central no tiene nada que ver con su demanda ni con el texto aprobado en el Congreso, y consideran por tanto que no puede ser contemplada como una alternativa a su enmienda. De hecho, creen que es una medida extrapresupuestaria y que no se tramitará por tanto al margen del proyecto de cuentas estatales en tramitación. “La medida es un reconocimiento de facto de que la situación de las empresas y de los profesionales en La Palma está muy afectada por los efectos del volcán, y aunque es una ayuda, no resuelve el problema de la reconstrucción económica de la isla”, señalan fuentes de la formación nacionalista, que sigue esperando una respuesta del Ejecutivo sobre la nueve enmiendas que están negociación para su posible apoyo final a los presupuestos. Según los cálculos de CC, la bonificación del 60 % en el impuesto de la renta supondría que cada ciudadano, con un sueldo medio, contará con unos 370 euros más al mes para poder hacer frente a los gastos ocasionados por la erupción del volcán.
