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CC y PP espolean al Parlamento a buscar responsables sobre el 'caso mascarillas'

Nacionalistas y populares exigen a los partidos del Gobierno y a Torres que den la cara y no se escondan ante la ciudadanía

El diputado de CC, José Alberto Díaz-Estébanez , a la izquierda, con Carlos Ester, diputado del PP, en el Parlamento. María Pisaca

Coalición Canaria y el Partido Popular han pedido oficialmente este jueves en el Parlamento de Canarias la creación de una comisión de investigación del 'caso mascarillas' y exigen a los grupos del Gobierno y al presidente Ángel Víctor Torres que den la cara y no se escondan ante la ciudadanía. Ambas formaciones sostienen que el Parlamento no puede mirar hacia otro lado y quedarse "impasible" ante la gravedad de unos hechos que han derivado en una posible estafa de cuatro millones de euros de dinero público por unas mascarillas que nunca se recibieron y que además eran falsificadas

José Alberto Díaz-Estébanez, del grupo Nacionalista, y Carlos Ester, del grupo Popular -en previsión a la negativa de los partidos que sustentan al Gobierno a crear una comisión parlamentaria de tal calibre en época electoral y, además, teniendo en cuenta que ya está en manos de la Justicia- insisten en reclamar a todas las formaciones de la Cámara que apoyen esta comisión de investigación para dirimir las responsabilidades políticas. 

Ángel Víctor Torres fue contundente al conocer en el pleno del pasado miércoles la intención de los nacionalistas y populares de pedir la comisión parlamentaria: no está dispuesto al vía crucis de una investigación paralela a la judicial y censura que se haga un «uso político» de este asunto. En la misma senda se manifiestan sus socios del pacto de las flores.

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, argumenta que su partido no va a apoyar una comisión de investigación porque ya está en sede judicial y hay que «dejar trabajar a la Justicia». La formación muestra su «colaboración absoluta» y pide que se restituyan esos cuatro millones de euros de dinero público. Manuel Marrero, portavoz de Podemos en el Parlamento, también es taxativo: «Recuperar el dinero del caso mascarillas sí; electoralismo no», sentencia en un tuit.

Pero tanto el PP como CC cargan contra el Gobierno y reclaman que los cargos públicos que participaron en el comité de emergencia que creó el Ejecutivo en marzo de 2020 por la crisis sanitaria del covid den explicaciones de lo ocurrido. Este comité estaba formado por Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez; el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez; y el anterior director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, los dos últimos a su vez consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y viceconsejero de Presidencia, respectivamente.

En este órgano se encontraba Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, y que luego pasó a dirigir el Servicio Canario de Salud (SCS), del que ya se había hecho cargo en la legislatura anterior con el Gobierno de CC. Domínguez dimitió hace una semana por su imputación judicial.

El caso mascarillas llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, si bien la investigación ha sido asumida esta semana por la Fiscalía Europea al considerar que se pudo utilizar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), unos recursos de la UE cuya finalidad es muy distinta a la compra de material sanitario. 

Imputados

En estos momentos están imputados Conrado Domínguez, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias; la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación; y el empresario Rayco Rubén González, propietario de RR7, la empresa de compraventa de automóviles a la que se encargaron las mascarillas, por estafa agravada y blanqueo de capitales. El juez al cargo del caso ha incluido en la investigación un quinto delito: malversación.

«Se hizo una operación de compra de un millón de mascarillas de protección para personal sanitario con un precio de cuatro millones de euros y hoy, dos años y medio después, no hay dinero, no hay mascarillas y lo que sí hay es un reguero de indicios de irregularidades detectados por la Audiencia de Cuentas y, lo más llamativo, de imputaciones judiciales detectadas por la Fiscalía Anticorrupción con querella y procedimiento abierto en el juzgado», censuró ayer Díaz-Estébanez-

«El Parlamento de Canarias no puede quedar impasible ante la gravedad de estos hechos y su repercusión social, y es su deber dar una respuesta», coincidieron los dos diputados de la oposición, quienes exigen a todos los grupos parlamentarios «que no se escondan, que no sean cobardes y que respondan a la ciudadanía».

Díaz-Estébanez reclamó «un mínimo de coherencia» a estos grupos, y espoleó especialmente a Sí Podemos Canarias y Nueva Canarias, por su postura en anteriores ocasiones en otros casos, a apoyar esta investigación parlamentaria. Por su parte, Carlos Ester subrayó que si los grupos del Gobierno rechazan la comisión «habrá que preguntarse qué tienen que ocultar», porque «no hay excusas» para no dar transparencia a este escándalo.

Preguntas

En el registro de la petición de la comisión de investigación ambos grupos formulan une veintena de preguntas sobre la compra de las mascarillas a los miembros del comité, relativas a si conocían la operación, qué habilitación competencial tenía el coordinador del comité para dar instrucciones al Servicio Canario de Salud para realizar la operación y quién decidió que la empresa RR7 reunía garantías, experiencia y solvencia económica para esta operación, siendo además una empresa que no pertenecía al sector sanitario. «Realmente lo que venimos a reclamar con esta comisión es que, con luz y taquígrafos, se aclare quién tomó las decisiones y bajo qué premisa legal», recalcó el diputado nacionalista.

En este sentido, pretenden aclarar si hay algún acuerdo del Gobierno de Canarias para la creación del comité sanitario, ya que no consta, con lo cual, según los grupos de la oposición, lo conocido hasta ahora puede ser "la punta del iceberg" y suscita dudas sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los responsables públicos del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, quieren desvelar los motivos por los que, según la Audiencia de Cuentas, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tiene almacenado 6,6 millones de unidades de productos sanitarios contra el covid, como guantes, mascarillas y gomas sin válvula ajustable, que tienen un valor de 2,1 millones de euros y el resto del dinero entienden que se ha quedado supuestamente en comisiones.

Además de saber cómo se gestó el contrato, nacionalistas y populares reclaman que el Parlamento indague en su ejecución y resolución, así como en sus modificaciones, y también en la actuación del Gobierno cuando se detectó su incumplimiento. Aunque en marzo de 2021 llegó finalmente un cargamento de 910.000 mascarillas, menos de las comprometidas, y estaban falsificadas, por lo que fueron detenidas en Aduanas por la Agencia Tributaria y destruidas.

CC y PP preguntan, si el material era falsificado y es un delito, por qué el Gobierno no puso esos hechos en conocimiento de la Justicia y, por el contrario, continuaron los contactos con la empresa para "renegociar" las condiciones de un contrato que, en realidad, ya estaba resuelto, y con lo que se pretendía suministrar mascarillas de peor calidad a unos precios que "ni de lejos eran los mismos que un año antes". En todo caso, la entrega tampoco se produjo. Piden que a Torres que no esconda la cabeza como un "avestruz" y dé la cara ante los ciudadanos.

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