Cuatro millones de euros gastados en unas mascarillas que nunca llegaron. Un informe que destapa múltiples irregularidades en las compras de material sanitario y que la Audiencia de Cuentas, de forma insólita, deja sin aprobar. El buen uso de los dineros europeos del Feder en entredicho. Una resolución del Servicio Canario de la Salud (SCS) que dice que las mascarillas en cuestión se financiaron con cargo a los fondos comunitarios. Un dictamen de la Intervención General que dice que no, que al final los cuatro millones salieron en su totalidad de las arcas públicas autonómicas y no del Feder. Tres fiscalías y un juez involucrados en una investigación que ha pasado del Archipiélago a Europa...
El caso mascarillas se ha convertido en un enredo mayúsculo en el que intervienen múltiples actores. Un enredo tan complejo como el que les tocó afrontar a los Gobiernos regionales –al de Canarias y a los del resto de España– en los primeros meses de la pandemia. Escaseaban el material y los productos médicos –mascarillas, respiradores, geles desinfectantes, equipos de protección...–, así que los países y regiones de medio mundo competían sin cuartel para abastecerse de lo necesario para combatir el virus.
El caso tiene su origen en una denuncia de un empresario de Gran Canaria ante la UDEF, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Cuentas. La denuncia abarcaba presuntas ilegalidades en compras de material llevadas a cabo entre 2020 y 2021. En aquellos momentos, los responsables políticos de la gestión sanitaria en Canarias eran interinos. El presidente Ángel Víctor Torres ya había destituido a Teresa Cruz y las funciones de consejero de Sanidad las ejercía de forma temporal el responsable de las áreas de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, se hacía cargo, también de manera interina, del SCS. Además, Torres echó mano de Conrado Domínguez como coordinador técnico del comité de gestión de la crisis sanitaria, el órgano creado a tal efecto. En septiembre de 2020, Domínguez sería nombrado nuevo director del SCS, puesto que ya había ocupado en la legislatura anterior. Tras aquella primera denuncia de un particular, es la Fiscalía Anticorrupción la que interpone una querella por un contrato con la empresa RR7 para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales de las Islas.
La fiscalía se querelló contra RR7 y el Servicio Canario de la Salud por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Anticorrupción fue así la primera de las tres fiscalías que han acabado por involucrarse en este enredado asunto. Su denuncia fue admitida a trámite el pasado julio por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta aquí podría parecer que todo siguió un curso normal, pero la cosa se empieza a complicar a raíz de una pregunta: ¿de dónde salieron los cuatro millones de euros que se perdieron en la operación con RR7?
En medio de aquel sálvese quien pueda de los primeros meses de la pandemia, las autoridades comunitarias trataron de echar una mano con la flexibilización, en abril de 2020, de la normativa de uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Feder, de modo que este dinero pudiera emplearse en contrataciones y compras necesarias para la lucha contra la covid. Pues bien, en una resolución del SCS fechada en junio de 2021, el controvertido contrato con RR7 aparece entre las varias decenas –por un total de unos 29,3 millones de euros– financiados con cargo al Feder. Así que, en tal caso, al entrar en juego dinero comunitario, es a la Fiscalía Europea a la que en puridad le correspondería investigar.
Por eso el Ministerio Público de la UE ha ejercido su derecho de avocación, es decir, ha apretado el botón del reset, lo que significa que Anticorrupción y el juzgado deben remitirle la información de todas las actuaciones desarrolladas hasta ahora en relación con el caso mascarillas. Es verdad que el juez instructor del caso, Francisco Javier García García-Sotoca, que había decretado el secreto de sumario a comienzos de este mes, podría plantear una cuestión de competencia si entiende que el caso debe seguirse en Canarias –cuestión que tendría que dilucidar el Tribunal Supremo–, pero no parece que el juez vaya a inclinarse por esta posibilidad. ¿Resuelto entonces que el caso queda ahora en manos de la Fiscalía Europea? Ni mucho menos.
Resulta que un dictamen de la Intervención General precisa que pese a esa resolución del SCS donde el contrato con RR7 aparece entre los financiados con cargo al Feder, la realidad es que el Gobierno regional nunca incluyó esos cuatro millones de euros entre las certificaciones remitidas al Ministerio de Hacienda para recibir los dineros del fondo comunitario. En otras palabras: que los cuatro millones fueron fondos propios, lo que de forma automática despojaría a la Fiscalía Europea del derecho de avocación. El caso se quedaría en las Islas. ¿Aclarado el embrollo? No. No del todo.
Es cierto que si se acredita que el caso mascarillas se materializó con fondos propios, este continuará en el juzgado local, pero es que la fiscalía de la UE ha ido un paso más allá del contrato con RR7 y ha solicitado toda la información de todas las compras sufragadas con dinero del Feder. Quiere revisarlas en busca de otros posibles ilícitos. De este modo, Anticorrupción y el juez canario seguirían con el caso mascarillas –si se acredita, cabe insistir, que efectivamente los cuatro millones de euros no salieron del Feder– mientras la Fiscalía Europea ahonda en las compras y contratos que sí se financiaron o cofinanciaron con el fondo comunitario. Queda, no obstante, algo más. Hasta aquí hay un juzgado y dos fiscalías, pero falta una tercera: la que representa el Tribunal de Cuentas (TCu).
Al margen de la cuestión judicial y del caso concreto de RR7, la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) se encargó de fiscalizar toda la contratación llevada a cabo durante lo peor de la pandemia. Los auditores repararon en una posible responsabilidad contable por el frustrado acuerdo con RR7 pero también en toda una miríada de irregularidades administrativas que, como es su obligación, pusieron en conocimiento del TCu, que es el órgano estatal que tiene la potestad sancionadora. En un hecho a todas luces paradójico, la ACC no aprobó esa investigación –su pleno lo integran representantes nombrados por el Parlamento y, por extensión, por los partidos– y de alguna manera se censuró a sí misma, lo que no obstó, claro, para que trasladara toda la información al TCu y también a Anticorrupción, tal como esta le había solicitado. El no informe está así en manos de la fiscalía y del juez y también rumbo la Fiscalía Europea.
Al fondo estaría la AN
A falta de que las autoridades aclaren si las mascarillas se pagaron o no con el Feder –lo que determinará la participación en el caso de la Fiscalía Europea–, el órgano comunitario ha solicitado la relación de los otros contratos financiados con cargo al Feder. Así, y pase lo que pase con la cuestión concreta de RR7, la Fiscalía de la UE quiere echar un vistazo a esas otras actuaciones en las que Anticorrupción no halló indicios de ilícitos. Si así fuera –lo que en principio se antoja muy difícil por cuanto esas actuaciones ya pasaron el filtro de la fiscalía y el juzgado locales–, una eventual denuncia de la Fiscalía Europea tendría que verla la Audiencia Nacional (AN). | M.Á.M.
