Las regiones ultraperiféricas (RUP) de Francia, Portugal y España se han quejado este martes en Bruselas del nulo apoyo que reciben de la Comisión Europea para afrontar la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegan a su territorio y han reclamado un reparto "justo" de las cargas en materia migratoria.

Por iniciativa de varias de sus regiones, pero en particular de Canarias, que ha llegado a tener bajo su tutela legal a cerca de 3.000 niños y adolescentes africanos, la Conferencia de Presidentes de las RUP ha abordado este martes en su reunión este aspecto concreto de la política migratoria comunitaria.

En la declaración final que han aprobado las nueve regiones, este colectivo "lamenta la poca consideración prestada por la Comisión Europea a la situación de los menores no acompañados, para los que las RUP no cuentan hoy en día con ningún apoyo europeo".

"Sigue siendo imprescindible la solidaridad compartida de todos los Estados miembros para encontrar una respuesta global a un reto común de toda la UE", añaden.

Por eso, las regiones más alejadas de la UE demandan "contar con un apoyo firme de las instituciones europeas" en esta materia, "con un presupuesto territorializado, dedicado a las regiones situadas en las fronteras externas, que sufren las consecuencias de estos flujos solo con sus propios recursos".

En el caso de España, la tutela de estos menores corresponde a la comunidades autónomas, en un régimen idéntico al de cualquier otro niño que quede en orfandad o desamparo en su territorio, de forma que asumen su custodia legal y se convierten en garantes de que reciban manutención, educación, cuidados sanitarios y el resto de derechos que asisten a la infancia.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asume la coordinación de las nueve regiones para el próximo año, ha remarcado que cuando un migrante accede al territorio de una RUP, "entra en la Unión Europea" y el esfuerzo que supone su atención debe ser compartido.

"No es justo", ha subrayado Torres, que esa carga descanse solo "sobre las regiones frontera", por lo que debe haber una redistribución entre los diferentes países que componen la UE de aquellos menores y adultos que entran en territorio comunitario.

Al respecto, ha demandado a la Comisión Europea que "regionalice" el reparto de los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para atender a las situaciones que afrontan las RUP, que en la mayoría de los casos con "territorios frontera".