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Huelga de los 300 empleados del 112 para exigir personal y subida salarial

CSIF y CCOO reclaman que los trabajadores recuperen el 5% del salario perdido en 2010

Los representantes sindicales de la empresa pública GSC, ayer en la comparecencia informativa. | | MARÍA PISACA

Los sindicatos CSIF en Santa Cruz de Tenerife y CCOO en Las Palmas han planteado un preaviso de huelga para el conjunto de la plantilla de la empresa pública Gestión de Servicios de Salud y Seguridad de Canarias (GSC), que forma parte del Gobierno autónomo y de la que dependen entidades como el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), las salas del 1-1-2 en ambas provincias y las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC). La medida de protesta empezará en la madrugada del 1 de diciembre próximo.

Los dos principales motivos para adoptar esta acción son la reclamación de la subida salarial del 5 por ciento a todo el conjunto de los trabajadores; es decir, recuperar lo que se les bajó en el 2010, así como solicitar más personal para atender mejor a los ciudadanos de las islas y turistas que llegan al Archipiélago.

En estos momentos, GSC dispone de cerca de 300 empleados, pero, a juicio de CSIF y CCOO, debería contar con 350 para hacer frente a las actuales necesidades de los diferentes servicios.

El abogado Cristo Llurda, del CSIF de Santa Cruz de Tenerife, fue quien planteó el preaviso de huelga. Manifiesta que "hemos llegado a un punto de inflexión ante la falta de cumplimiento constante por parte del Gobierno de Canarias del convenio colectivo del 2007, que no se ha visto actualizado y ni siquiera se ha atendido lo que se negoció hace ya quince años.

Llurda recuerda que hace un año, en noviembre del 2021, se llegó a un acuerdo entre las organizaciones sindicales y los representantes de GSC ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por el que tanto la empresa pública GSC como el Ejecutivo autónomo se comprometían a actualizar las tablas salariales de toda la plantilla y de esa manera cumplir con lo fijado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma aprobados en el 2018.

En opinión de los sindicatos, la respuesta ofrecida por la administración regional es que "existen medios económicos" para atender la subida en los salarios, "pero no posibilidad legal de abonar esa cantidad". A juicio del letrado, tal planteamiento es una "desfachatez". Y, además, estiman que la clave del problema está en la falta de voluntad política de los responsables del Gobierno de Canarias.

Según las respuestas ofrecidas en el Parlamento por el Gobierno sobre este asunto, la clave está en que existe dinero, pero por incumplir el Ejecutivo Autónomo la conocida como "regla de gasto", la Consejería de Hacienda no autoriza, por ahora, a realizar ese incremento en los gastos del capítulo de personal.

El abogado asegura que el Ejecutivo sí puede abonar ese 5% más, al igual que ya ha cumplido en ese aspecto con los trabajadores de otras empresas públicas, como Grecasa o Canarias Cultura en Red.

Para Cristo Llurda, con tales decisiones "se deja morir a la empresa más importante de Seguridad y Salud para los ciudadanos y los turistas", que cada día recibe centenares de llamadas para que atienda emergencias o problemas de salud.

El consejo de administración designa esta semana al nuevo gerente de la empresa

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Lorenzo Galindo García, de CSIF, manifestó que la plantilla, que fue reducida en el 2010, no es suficiente para cubrir el servicio diario en las islas. Según Galindo, "se están incumpliendo descansos o la desconexion digital, pues tenemos la obligación de estar 24 horas los 365 días del año con un dispositivo de localización o un móvil encima, incluso en las vacaciones".

"Hemos llegado a sufrir turnos noche-tarde, es decir, salir a las siete de la mañana e incorporarte a trabajar ese mismo día a las dos de la tarde en el centro coordinador, atendiendo llamadas de emergencias", apuntó Galindo.

Dejó claro que "no estamos pidiendo que se nos suba el sueldo", sino que se les devuelva "un dinero que nos quitaron en el año 2010 y en el 2014 se declaró inconstitucional esa medida". Afirmó que la empresa, a través de los gerentes del GSC y por órdenes de los consejos de administración, desde el año 2019 nunca ha querido negociar con los sindicatos.

Lamentó que un año después del acuerdo alcanzado ante el TSJC, los trabajadores siguen sin ver reflejada la subida del 5 por ciento en sus salarios. Para Galindo, una entidad de estas características, que gestiona las emergencias, "no puede tener la plantilla que tiene; eso es una irresponsabilidad mayúscula, pues no se puede cargar sobre los trabajadores, limitados por turnos, una responsabilidad tan grande".

Y hay colectivos concretos dentro de la empresa pública "que ven desfasado su trabajo", como el personal de recursos aéreos, de comunicación, de facturación o del departamento económico o recursos humanos, que se ven superados" ante la limitación de la plantilla, dijo Galindo.

Como ejemplo de esa situación, entre la noche del pasado viernes y la mañana del sábado, quedó descubierto el turno de técnico de atención a la mujer, que es la persona responsable de atender las llamadas que entran por el 1-1-2 de los casos de violencia de género y asistir a la víctima.

Andrés Hernández Santana, de CCOO del comité de empresa de Las Palmas, explicó que en el 2014 se desmanteló por completo la división de formación, que era importante porque se ocupaba de formar al personal y de actualizar la aplicación de nuevas normas o herramientas nuevas en los sistemas de emergencia. Señaló que dicha unidad también preparaba a personal externo, como servicios de ambulancias, voluntarios de Protección Civil, policías locales o agentes de la Policía Autonómica, a través de la Academia Canaria de Seguridad.

En principio, los representantes del CSIF y CCOO creen que los servicios mínimos que se establezcan para los días de huelga sean suficientes para atender las demandas de los ciudadanos y turistas; e, incluso, puede haber más trabajadores que en otras jornadas ordinarias. Eso sí, las organizaciones sindicales advierten de que "trabajaremos a reglamento"; es decir, que la intensidad en el desempeño de sus funciones no será la de un día convencional, según uno de los portavoces sindicales.

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