El Estado le concedió a Canarias en octubre de 2021, hace algo más de un año, un total de 1,56 millones de euros para ayudar a las familias en dificultades a pagar la conexión a Internet. Sin embargo, el Gobierno regional aún no ha solicitado la transferencia de ese dinero; es más, tampoco tiene intención de hacerlo. En la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud entienden, para empezar, que estas subvenciones –que se materializarían en unos bonos de descuento mensuales de 20 euros durante un año, con lo que la ayuda total por familia ascendería a 240 euros– están «mal diseñadas». Pero, además –y sobre todo–, en el departamento dirigido por Noemí Santana no están dispuestos a destinar personal para el reparto de estos bonos, un personal que tendría, dicen, que aparcar otras tareas. De ninguna manera, explicó el viceconsejero de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Javier Bermúdez, van a desvestir servicios como los de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o el bono térmico para distribuir unas ayudas para el pago de Internet que «no están bien diseñadas», insistió.
6.528
Potenciales beneficiarios
- Los 1,56 millones de euros que el Gobierno de Canarias tiene a su disposición y que no ha solicitado permitirían reducir la factura de Internet de 6.528 hogares isleños vulnerables.
Los 1,56 millones en cuestión servirían para que hasta 6.528 hogares del Archipiélago disfrutaran de esos bonos o tickets de descuento mensual en el pago de Internet. Estas familias, familias en dificultades socioeconómicas, cabe insistir, tendrían que emplear ese dinero bien para la contratación de una conexión de banda ancha bien para incrementar la velocidad de la ya existente. Habría que crear un registro para la inscripción de las empresas, de los operadores de telefonía, que quieran sumarse a la iniciativa. De hecho serían las empresas colaboradoras –hay predisposición para ello en todas las firmas del sector consultadas por este diario– las que descontarían esos 20 euros en la factura mensual de los ciudadanos y familias beneficiarias. La Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria o La Rioja, por ejemplo, ya han puesto en práctica estos bonos digitales. Canarias aún tendría tiempo para sumarse a estas Comunidades Autónomas, pero lo cierto es que el actual equipo en la Consejería de Derechos Sociales –queda por ver si el Ejecutivo que salga de las elecciones del próximo mayo podría o no recuperar la iniciativa, ya que sobre el papel los bonos expirarían en diciembre de 2023– no lo ve ni mucho menos prioritario.
240
Euros
- Los ciudadanos y familias beneficiarios tendrían un descuento mensual en la factura de 20 euros durante un año, con lo que el ahorro anual sería de 240 euros.
El viceconsejero del área hizo hincapié en que más allá de la cuestión competencial –hay dudas de que sea precisamente el departamento de Derechos Sociales el idóneo para gestionar unas subvenciones en el ámbito de las nuevas tecnologías–, en la consejería consideran que los beneficios de la medida para la población vulnerable son como poco cuestionables, entre otras cosas, argumentó Bermúdez, porque los hogares en especiales dificultades socioeconómicas no tienen la posibilidad de contratar una conexión de banda ancha. «No tienen equipamiento informático», ahondó el viceconsejero, de ahí que en el Gobierno crean que habría sido más atinado destinar estos fondos para, por ejemplo, adquirir esos equipos –ordenadores personales, tablets...– de los que no disponen las familias más vulnerables.
El Gobierno regional dice que la medida de poco serviría para reducir la brecha digital en las Islas
En cualquier caso, la razón de que la Consejería de Derechos Sociales no haya pedido los 1,56 millones al Estado no es tanto ese poco tino, a su juicio, de la medida como el esfuerzo que le acarrearía en términos de recursos humanos. El viceconsejero agregó que «hay que crear el registro, hacer unas bases, justificar las ayudas..., con lo que tendría que sacar cinco, seis o siete personas de otros servicios en un momento en el que estamos volcados en la PCI y trabajando en la renta de ciudadanía, que estará en breve; en definitiva, en un momento en el que tenemos que priorizar», enfatizó Javier Bermúdez.
Al menos otras seis comunidades autónomas sí han puesto ya en marcha la iniciativa
Brecha digital
Además, y al hilo de lo anterior, en la consejería juzgan que estos bonos descuento tampoco contribuirían a reducir en el Archipiélago la llamada brecha digital, es decir, las desigualdades entre la población en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso a Internet. Difícilmente podrían servir estos bonos para aminorar esa brecha cuando el problema está en esa falta del equipamiento necesario para poder tener una conexión a la red, insisten. No obstante, hay que recalcar que estos bonos son precisamente para familias vulnerables o en graves dificultades socioeconómicas que, claro, dispongan de una conexión o de la posibilidad de tenerla.
Conexión a internet: de accesorio a perentorio
En Canarias hay, o para ser exactos las había a 31 de diciembre del año pasado, hasta 784.851 viviendas con acceso a Internet, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todos estos hogares disponen, además, de conexión de banda ancha, ya sea fija o móvil, y hasta un 89,4% -prácticamente nueve de cada diez- cuenta con acceso a la red de redes a través de un terminal fijo. Así que son cerca de 702.000 las familias isleñas -en todo caso se trata de primeras viviendas- que están conectadas a Internet desde su residencia, y entre ellas hay una parte que es potencial beneficiaria de los bonos digitales para los que el Estado ha concedido a Canarias esos 1,56 millones de euros. Es esa parte de los hogares en situación de vulnerabilidad, es decir, en graves dificultades socioeconómicas, la que disfrutaría de esos 20 euros de descuento en la factura mensual de su operadora de telefonía. No en vano, y por más que dispongan de conexión de banda ancha -lo que hace ya tiempo que dejó de ser algo accesorio para convertirse en una necesidad perentoria, que es justo lo que explica por qué muchas familias con estrecheces económicas no tienen más remedio que seguir pagando la factura de Internet-, entre esos 702.000 hogares hay en torno a un 30% que efectivamente podría caer dentro de la desgraciada categoría de vulnerables. A estas van dirigidos los bonos digitales que ya han puesto en marcha al menos otras seis Comunidades Autónomas. Es verdad que la medida se dirige a ese colectivo en dificultades pero que dispone del equipamiento para poder engancharse a la red -lo que, cabe insistir, hace mucho que dejó de ser paradójico-, de ahí que el Ejecutivo canario considere que habría sido más adecuado destinar esos dineros justamente para adquirir el equipamiento con que no cuentan muchas familias. Con todo, no es menos cierto que esto último no resta utilidad a los bonos digitales, hasta el punto de que la Unión Europea ha alabado la iniciativa. | M. Á. M.
