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Los Centros Especiales de Empleo denuncian: cuatro años y siete solicitudes de reunión sin respuesta de Noemí Santana

La Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo acude al Parlamento para que se interese por sus problemas ante la "desidia" de la Consejería de Derechos Sociales en darles una cita desde 2019

Empresa de lavandería de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo en Gran Canaria. Lp

La Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo ha pedido ayuda a los grupos del Parlamento de Canarias ante "la desidia" de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional, que dirige Noemí Santana (Podemos) en recibirles. Denuncian que llevan cuatro años solicitando una reunión con la titular del área, así como con el anterior director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, que dimitió en diciembre de 2021, y con su sucesora, Marta Arocha, para exponerles las dificultades que padecen, sin que se haya producido, tras siete peticiones desde 2019, ninguna respuesta.

Condenan que la Consejería "obvie" a un colectivo legalmente constituido y que trabaja en favor de las personas con discapacidad y, por ello, como último recurso, han pedido a los grupos parlamentarios que se interesen por su situación e intercedan ante la Consejería de Derechos Sociales.

Desde el año 2019, la Asociación intenta analizar con el Gobierno la situación que se generó -a través de una sentencia del Tribunal Supremo de 2108- sobre la distinción entre la discapacidad y la incapacidad laboral, para ver posibles vías de colaboración con la Administración canaria. Pero no han obtenido respuesta. Es más, censuran que la Consejería de Derechos Sociales está tardando más de un año en dar el certificado de discapacidad.

Antes del fallo del Supremo, con el certificado de incapacidad que da el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), todas aquellas personas que tenían la condición de incapacitados automáticamente tenían asimilado el certificado de discapacidad, y se les reconocía una discapacidad igual o superior al 33%.

A partir de la sentencia, explica la gerente de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, Mónica Santana, aquellos trabajadores incapacitados "que no tuviesen expedido el certificado de discapacidad no eran considerados como personas con discapacidad a los efectos de contratación, por ejemplo, en los Centros Especiales de Empleo, y se les obliga a tener la certificación autonómica, donde la lista de espera para ser valorados supera el año", expone.

Durante la polémica que suscitó la sentencia, se consiguió que las personas que estuvieran contratadas antes del fallo se les reconociera la discapacidad y, por lo tanto, pueden ser subvencionables por el Servicio Canario de Empleo, pero el resto requiere del certificado autonómico. La calificación de un grado determinado de discapacidad da lugar a beneficios fiscales y sociales (zonas de aparcamiento reservado, por ejemplo). La calificación de incapacitado no conlleva por sí misma este tipo de beneficios.

La primera reunión que le pidieron a la consejera Noemí Santana a través de correo electrónico fue el 16 de octubre de 2019 y, posteriormente, el 17 de noviembre de este año. Entre medio, le mandaron correos al entonces director general de Dependencia, Miguel Montero, también en octubre de 2019, y a la actual directora Marta Arocha el 20 de abril de este año, el 8 de junio, el 15 de septiembre y el 16 de noviembre de 2022.

Recuerdan en los escritos que son una asociación constituida para la representación y defensa de los intereses de los Centros Especiales de Empleo en la Comunidad canaria y del colectivo de sus trabajadores. En la actualidad representan a 31 centros en Canarias, y dan trabajo a aproximadamente 2.000 personas.

La asociación comienza su recorrido el 13 de diciembre del 2013 con la inscripción de sus estatutos en el Gobierno de Canarias, en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.  

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son una figura creada por la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), ahora denominada Ley General de Discapacidad (LGD) para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad en España.

Son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado de trabajo.

Además de facilitar empleo remunerado a estas personas, los Centros Especiales de Empleo garantizan formación y apoyo permanente en su vida personal y social, promoviendo el tránsito a la empresa ordinaria.

La plantilla de los CEE debe estar compuesta al menos por un 70% de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33% o ser pensionista de la Seguridad Social con una pensión reconocida de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Tras pedir a los grupos del Parlamento su intermediación, le han contestado por ahora la Agrupación Socialista Gomera (ASG), en referencia a que analizarán este asunto, y el diputado del PSOE Iñaki Lavandera quien, en su respuesta, dice que preguntó a la consejera y desconocía el motivo por el cual no les había recibido, expone la gerente de la Asociación.. Desde la Consejería indican que "por alguna razón, debe haberse producido algún fallo o confusión en la gestión de esas peticiones y desde la Consejería se tratará de darles cita cuanto antes y darles la atención que merecen".

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