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Pleno del Parlamento de Canarias | Sesión de control al Gobierno

Torres apela al secreto de sumario para vetar la comisión del ‘caso mascarillas’

El presidente reclama a los grupos que solicitaron una investigación en la Cámara que no politicen el caso y que miren su «propia joroba» antes de dar lecciones

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Pleno del Parlamento de Canarias (22/11/22) María Pisaca

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, apeló ayer al secreto de sumario decretado para el caso mascarillas para justificar de nuevo su tesis de que abrir una comisión de investigación en el Parlamento regional solo serviría para facilitar el uso político de esta causa. Así se lo recordó al diputado nacionalista, Pablo Rodríguez, quien le recriminó durante la sesión plenaria que ni siquiera se haya dado la oportunidad de debatir su idoneidad, sino que la Junta de Portavoces –apoyada por los votos de los socios del cuatripartito– haya impedido que el pleno pueda dirimir la conveniencia de crear una comisión sobre este asunto. Torres le respondió que «no es competencia del Gobierno lo que se decida en la Junta de Portavoces» y que el reglamento «no contempla que deba haber un debate», al tiempo que le sugirió que «deje que la justicia camine» y que «no politice ni haga juicio paralelo».

El caso mascarillas investiga la frustrada compra de un millón de mascarillas a la empresa RR7 por valor de cuatro millones de euros en lo peor de la pandemia. Un material que nunca llegó a los hospitales del Archipiélago, al estar defectuoso, pero del que no se ha recuperado el dinero invertido en su adquisición. La causa fue asumida recientemente por la Fiscalía Europea, al considerar este organismo que los cuatro millones utilizados para sufragar la compra procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En ella, se investigan posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada, blanqueo de capitales y malversación.

Torres recordó ayer en el Parlamento regional que después de meses de investigación «el juez no considera que se deba investigar a ningún miembro del Gobierno» y criticó que tanto los nacionalistas como los populares hayan solicitado la comisión de investigación cinco meses después de que se iniciase la investigación. Además, alegó que la petición ha llegado después de que se cerraran las «responsabilidades políticas», aludiendo a la dimisión del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, que sí está imputado en el caso. 

Al mismo tiempo, le afeó a Rodríguez que tanto su formación como el Partido Popular (PP) –los dos partidos que han solicitado la creación de una comisión de investigación– «sí tienen investigados que pretenden presidir Canarias o el Cabildo de Tenerife» y quiso marcar la diferencia alegando que «nosotros no somos igual que ustedes, si no iríamos a esas instituciones a hacer comisiones de investigación». Además, instó a Rodríguez a no dar ninguna «lección» sobre investigaciones judiciales y le insistió en «empiecen mirando su joroba». Afirmaciones que realizó después de reprocharle al diputado nacionalista que usase las preguntas de control al Gobierno para este asunto. 

Pablo Rodríguez recrimina al PSOE que sí pida cuentas en Madrid o Murcia por causas similares

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Rodríguez le respondió a Torres que él «no va a decidir las preguntas que hace mi grupo» y le recriminó que un Gobierno que presume de ser «transparente» y con «profundos valores democráticos» haya rechazado no solo la propia comisión sino que también haya vetado el debate sobre su utilidad. 

Una comisión de investigación que él entiende que es «pertinente» y señaló que anteriormente sí se debatieron en el Parlamento solicitudes de comisiones de investigación para el caso Tebeto o sobre el incendio de La Gomera. Una circunstancia que a su juicio convertirá el pacto de las flores en el pacto de la mascarilla, del «nada se sepa».

Rodríguez insistió en que no entiende como el Gobierno regional ha hablado de la compra de material sanitario en Madrid y los socialistas sí han pedido comisiones de investigación en esta comunidad, Andalucía o Murcia en los que los casos también están judicializados. Una situación judicial que el Ejecutivo canario utiliza como parapeto en las Islas. 

El diputado de Coalición Canaria (CC) acusó al Gobierno de Torres de intentar «desviar la atención» al impedir el debate sobre la comisión y recalcó que los canarios necesitan conocer «si se usaron o no fondos europeos», tal y como sospecha la Fiscalía Europea. 

Román Rodríguez admite que podían usarse fondos europeos para financiar la compra

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La Consejería de Hacienda ha defendido que la compra del millón de mascarillas a la empresa RR7 se realizó íntegramente con fondos propios de la Comunidad Autónoma, aunque en un primer momento se incluyó, junto con otras compras de material sanitario, para cofinanciarlo con fondos Feder. Ayer, el consejero responsable de este área, Román Rodríguez, admitió en el Parlamento regional que durante el peor momento de la pandemia se podían usar fondos Feder para sufragar compras vinculadas a la sanidad, tras un acuerdo suscrito entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Por lo que «el departamento responsable de la gestión de la pandemia tenía la opción de financiar con fondos Feder diferentes expedientes, entre ellos este». 

Rodríguez manifestó –tras ser preguntado por la diputada del grupo Mixto, Vidina Espino– que hasta ahora ha sido «prudente» respecto a sus opiniones acerca del caso mascarillas y aseguró que el principal objetivo es que se recupere el dinero. «Me da igual quienes caigan en este proceso, confío en la justicia», subrayó. 

Espino le reprobó que no hubiese contestado a su pregunta sobre si la compra del millón de mascarillas se sufragó o no con fondos europeos, como aseguró que creen el juez y la Fiscalía Europea. La diputada preguntó al consejero «qué miedo tiene de que se investigue». Además, criticó también que no haya actas del comité de emergencia, que se hicieran compras por más de 40 millones «que no pasaron por Consejo de Gobierno» o que se llegaran a suscribir contratos con dos empresas «que estaban inhabilitadas».

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