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Empleo público

Gobierno y sindicatos sellan el acuerdo para hacer fijos a 3.500 empleados públicos

Las centrales sindicales advierten que aún quedan por cerrar la estabilización de Educación, Sanidad y Justicia, con los plazos muy ajustado para cumplir la ley

Jornada de huelga de médicos y facultativos interinos en el Hospital Negrín. Juan Carlos Castro

El Gobierno canario y los sindicatos mayoritarios -CCOO, Sepca, UGT y CSIF- han firmado hoy, tras prácticamente dos años de negociaciones, el acuerdo para el proceso de estabilización y temporalidad del empleo público en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, lo que afecta a 3.499 trabajadores. El acuerdo ha sido suscrito por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto a los representantes de los sindicatos Ana González (CCOO), Francisco Bautista (UGT), César Martínez (CSIF) y Manuel González (Sepca) en la sede de Presidencia del Ejecutivo autonómico en Las Palmas de Gran Canaria. En el acto se puso de manifiesto que los sectores de Sanidad y Educación, los más afectados por la interinidad en la Administración regional, siguen pendientes de cerrar el proceso a poco más de un mes vista para que se cumpla el calendario de la ley estatal con el fin de publicar las bases de las convocatorias.

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Tras la firma de este acuerdo todos se han felicitado por llegar a este pacto después de unas largas negociaciones. De esta forma se responde a lo marcado por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. No obstante, los dirigentes sindicales expusieron que aún quedan por cerrarse las bases relacionadas con el personal interino de las áreas de Educación, Sanidad y Justicia. También se hizo hincapié en la situación de incertidumbre de determinados colectivos como el personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), que mantienen un contencioso contra el Ejecutivo.

Tanto el jefe del Ejecutivo regional como el titular de Administraciones Públicas recordaron que el Gobierno regional se ha opuesto al decreto estatal que regula la estabilización de los docentes, por lo que esperan que haya una solución en las próximas semanas, y en el caso de Sanidad esperan un acuerdo en dos semanas tras la entrada del nuevo equipo que dirige el Servicio Canario de Salud (SCS). En el caso del ICHH y de un grupo de empleados públicos de la Administración de Justicia, el consejero Julio Pérez remarcó que hay informes negativos de los servicios jurídicos en estos dos casos, por lo que el Ejecutivo no puede ir en contra de lo que argumentan los juristas.

El principal problema de Sanidad radica en que no se han contabilizado todas las plazas que están sujetas a abuso de temporalidad, sobre todo en el caso de los médicos, que han optado por movilizaciones al no contemplarse su problemática en las bases que se están negociando. En Educación el decreto estatal no está adaptado a las necesidades de los docentes canarios y los puestos de trabajo de hasta 4.500 de estos interinos peligran. En ambos casos el calendario es apretado y apenas queda poco más de un mes antes de que se cumpla el segundo plazo de la ley estatal, que establece que el 31 de diciembre a más tardar tienen que estar publicadas las bases por las que se rigen las convocatorias.

En la firma del acuerdo no estuvo finalmente Intersindical Canaria (IC) pese a que en los últimos días se ha descolgado del comité de huelga. Su representante en la Administración General, Rafael Rodríguez, reprochó al Gobierno que no invitara a su organización para el acto de la firma por haber votado en contra de las bases y cuestionó al Ejecutivo por firmar con algunos sindicatos «que son minoritarios en la Administración regional» y deje fuera a la central mayoritaria. 

Intersindical Canaria reprocha al Gobierno que no le invitara a la firma tras su salida del comité de huelga

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No obstante, Rodríguez reafirmó que IC se adhiere al acuerdo y que en los próximos días lo firmará una vez que formalice su salida del comité de huelga. El dirigente sindical sí fue claro en la necesidad de que el Gobierno busque una salida negociada para el grupo de empleados que se puede quedar fuera del proceso de estabilización, entre un 5 y un 7% del total, mediante la modificación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) con el fin de que sean plazas a extinguir y los afectados puedan permanecer en sus puestos hasta la jubilación.

Los que sí protestaron en las puertas de Presidencia representantes de lo que queda del comité, donde está el sindicato Comisiones de Base (Co.Bas) cuyo portavoz, José Valido, ha señalado que más de 350 trabajadores de diferentes consejerías del Ejecutivo regional se quedan fuera del acuerdo suscrito entre el Gobierno canario y los sindicatos para el proceso de estabilización y temporalidad del empleo público en el área de Administración Pública, lo que afecta a 3.499 trabajadores. "Nos parece una incoherencia absoluta que en esta lucha que se ha llevado contra viento y marea, que hemos arengado los trabajadores, ahora se firme un acuerdo dejando trabajadores atrás. Se van a quedar atrás porque la puntuación que van a obtener de estas bases no le va a alcanzar para consolidar su puesto de trabajo", apostilló. La docena de personas que se manifestaron hoy ante la sede de Presidencia del Gobierno reprocharon a los sindicatos que se han ido del comité de huelga su posición de firmar ahora el acuerdo.

Administraciones locales


El presidente Ángel Víctor Torres recordó ayer la importancia de la mesa con los sindicatos celebrada el pasado 21 de abril en Tenerife, en la que también estuvieron representados la Fecam y la Fecai, y se comprometió a hacer todo lo posible para que este acuerdo se cumpla en los 88 municipios y siete cabildos dentro de los plazos marcados por la ley estatal. Por su parte, el consejero Julio Pérez pidió que esta rúbrica sea «un punto de partida, no de llegada, pues ahora hay que dedicar las energías a hablar de la carrera profesional, de la movilidad, el teletrabajo o de la productividad». En esta línea también los dirigentes sindicales hicieron mención a estos asuntos, que han estado aparcados durante la legislatura al dedicarse buena parte del tiempo a solucionar la problemática de los interinos en abuso de temporalidad. | R. A. D.

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