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Migraciones

Los obispos canarios alertan: un millar de menores migrantes están abocados a la calle si no son derivados

Las dos diócesis de las Islas reclaman que sean acogidos por otras comunidades antes de que cumplan la mayoría de edad

Jóvenes llegados a las Islas alojados en un hotel del Puerto de la Cruz, el pasado marzo de 2021 LP/DLP

Los obispos de Canarias, José Mazuelos en Las PalmasBernardo Álvarez en Tenerife, alertan de la situación en la que quedará alrededor de un millar de menores migrantes extutelados en las Islas a partir del 1 de enero. En la actualidad son 2.235 los que viven bajo la tutela de la Comunidad Autónoma y el 44,7% vive en la incertidumbre. Al llegar, debido la imposibilidad para conocer a ciencia cierta su fecha de nacimiento por la falta de documentos identificativos, a muchos de ellos se les pone como fecha de cumpleaños el primer día del año. Así , el próximo 1 de enero, de cara a la administración, serán alrededor del 1.000 los menores extranjeros que alcancen los 18 años y dejen de estar tutelados. 

Cuando un menor que está bajo el ala gubernamental alcanza la mayoría de edad, los procedimientos más habituales suelen incluir que tengan que volver a casa de sus padres –donde se entiende que hay una situación delicada por la que el progenitor o los progenitores perdieron la custodia de su hijo– o que vayan a un piso tutelado, donde puedan tener más autonomía personal. En el caso de los migrantes llegados en cayucos o parteras, la primera no es una opción. En Gran Canaria hay hogares, como los de la fundación Mensajeros de la Paz, en los que se acoge, junto a otros menores canarios en situación de vulnerabilidad, a niños procedentes de países como Malí o Senegal. Pero no es el caso de la mayoría. 

Como explica la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones, María Dolores López Pérez, en el caso de estos chicos «la realidad es que ni tienen madurez, capacitación, ni apoyos suficientes para una vida autónoma y un acceso al mercado laboral, por lo que se quedan en la calle, en desamparo. Hay que ayudar a estas personas en su proyecto migratorio. Porque en la Península se puede ir de un lado a otro pero aquí las Islas se convierten en cárceles de las que no pueden salir por la falta de documentación. Cuando son extutelados, no tienen protección». 

El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, alerta: «Es una bomba de relojería social»

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Ante esta situación, los obispos apelan a todas las administraciones a buscar una solución: «Les pusieron fecha de nacimiento el 1 de enero de 2004, con lo cual, el 1 de enero de 2023 ya tienen mayoría de edad, y por tanto, dejan de tener tutela pública», explicó el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ayer en el marco de la Asamblea Plenaria. «Es una bomba de relojería social», alertó. 

El resto de obispos españoles también se han sumado a la nota emitida por los canarios para reclamar al resto de gobiernos autonómicos que pongan los medios necesarios para retomar las derivaciones de los menores migrantes

«La Iglesia es subsidiaria, es la administración la que tiene que dar respuesta. El Gobierno de Canarias está siendo ejemplar y el Cabildo de Gran Canaria nos está dando ayudas. Alzamos la voz para ver si la administración se conciencia. No podemos estar lanzando a jóvenes a la calle. Luego dirán que son delincuentes. No, cuando se les prepara, cuando se les da formación, son maravillosos. Eso es lo que tenemos promover, no un almacenamiento”, subraya José Mazuelos. 

En su comunicado, ambos obispos también apelan a la misma solidaridad mostrada con el pueblo ucraniano ante la guerra con Rusia. La rapidez para tramitar los documentos de niños y niñas ucranianos, alojarlos e integrarlos en la sociedad española, que ha acogido a más de 3.500, demuestra que cuando se quiere y se juntan esfuerzos, se puede. 

Acuerdo sobre la mesa

Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y a la familia del Gobierno de Canarias, su directora, Iratxe Serrano, señala, pese a la alerta lanzada por los obispos, que el vencimiento del plazo no significa que ese millar de niños vaya a acabar en la calle, «van a salir tantos como han ido saliendo a lo largo de 2021 y 2022. Es verdad que hay una dificultad importante con los recursos disponibles para las personas extuteladas y, por lo tanto, cualquier ayuda –porque no es la primera vez que la Conferencia Episcopal muestra esa voluntad para alcanzar soluciones – es bienvenida. De hecho, es necesario que arrimen el hombro y por supuesto la Comunidad Autónoma espera con ganas esa ayuda que pueda venir de la Iglesia». 

El pasado mes de julio la Conferencia sectorial de la Infancia y la Adolescencia llegaba un acuerdo para trasladar a 700 jóvenes migrantes desde las Islas a otras comunidades de la geografía española. Es decir el resto de regiones deben asumir el 50 % de la sobreocupación que se vive en los centros de acogida de Canarias. 

En el momento de los firma la idea era que ese traslado se realizara en dos tandas: 340 jóvenes se debía acometer a lo largo de lo que restaba de año y 374 más en 2023, con la condición de realizar una entrevista individual antes de cualquier derivación y de que el menor que va a viajar a otra comunidad exprese por escrito su acuerdo y conformidad para dicho traslado.

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