El Gobierno de Canarias ha ampliado de nuevo el plazo para la elaboración y aprobación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de las consejerías de Derechos Sociales y de Sanidad , en coordinación con los cabildos insulares. El plazo culminaba a final de este mes, después de ser ampliado en julio, y se ha extendido ahora hasta el 30 junio de 2023, con el proceso electoral por medio. Según el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, esta ampliación de los plazos se realiza tras las suscripción en octubre de 2021 de las adendas de prórroga y de modificación de los convenios de cooperación suscritos entre el propio Gobierno canario y los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife, para financiar o cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.
El motivo de la nueva demora, según Julio Pérez, se debe a que la Consejería de Derechos Sociales considera necesario ir acomodando la atención a las personas necesitadas de este tipo de instalaciones a un nuevo modelo de residencias «según las nuevas necesidades que se van detectando». Y también a que se debe hacer una evaluación y cumplimiento de la planificación de las obras sociosanitarias vigentes en toda las islas, además de adaptarse a las exigencias de los fondos europeos.
«Hay obras que están en marcha en algunos casos de manera más avanzadas que otras. En el nuevo plan estarán las previsiones para el periodo temporal que se fije», expresó Pérez. El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias vigente contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 plazas para la atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.
El presupuesto es de 263 millones entre el Gobierno (161 millones) y los cien de los cabildos. El portavoz del Gobierno expuso en referencia a este plan que ejecutan las corporaciones insulares, que es «irregular, en el sentido de que es «distinto según la isla».
«Hay que hacer una evaluación y ver cómo se han aplicado las cantidades dispuestas. La evaluación del cumplimiento de las previsiones del plan en vigor es uno de los elementos que hay que culminar para poder hacer continuar la siguiente planificación», abundó Julio Pérez
