Cerco administrativo a los casos de ‘niños robados’ en el Archipiélago

Constituida, con la presidencia de Julio Pérez, la comisión que asesorará al Gobierno canario | El órgano cuenta con la presencia de los afectados

Cerco administrativo a los casos de ‘niños robados’ en el Archipiélago

Cerco administrativo a los casos de ‘niños robados’ en el Archipiélago

Agencias

El Gobierno de Canarias ha dado un paso adelante para cumplir con la ley sobre los menores robados en la comunidad autónoma al dar forma a la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad. Este será el órgano colegiado que se encargará de asesorar al Ejecutivo en la materia.

La comisión la forman dos miembros del propio Gobierno regional: el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que la presidirá, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez. Por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se sentará en la comisión el alcade de La Aldea, Tomás Pérez, y por la Federación Canaria de Islas (Fecai), la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo.

A todos estos representantes institucionales se unirán dos miembros en representación de las asociaciones canarias constituidas en base a la citada norma. Serán el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Familiares y Adopciones Ilegales Colectivo sin Identidad, Jorge Rodríguez y Francisco González, respectivamente.

Las asociaciones de víctimas se quejan de las dificultades que encuentran para acceder a archivos

Estos dos últimos pusieron sobre la mesa en la sesión de constitución las limitaciones que encuentran para acceder a archivos y registros públicos. Añadieron a ello la necesidad de contar con apoyo público específico para la realización de estudios y trabajos de investigación capaces de hacer partícipes del problema al conjunto de la sociedad.

La ley sobre los menores robados en las Islas tiene como fin esclarecer los casos de niños apartados de sus familias sin conocimiento ni consentimiento de estas. Reconoce a las personas que sufrieron estos hechos y a sus madres la condición de víctimas.

La administración pública está obligada a facilitar a las víctimas y personas con interés legítimo el acceso a la información que pueda existir enarchivos y registros, colaborar con las autoridades judiciales y fiscales en sus investigaciones e incorporar los perfiles genéticos a una base de datos de ADN que permita la identificación de víctimas y familiares.

Además, deberá adoptar medidas que garanticen que estos hechos no se repitan. Para ello, establece labores de divulgación, campañas de sensibilización e información, actividades de investigación y formación en el ámbito de la educación y la Administración Pública y la inclusión de contenidos en la educación que profundicen en los valores de reconocimiento y respeto a las víctimas.