Ley de Cambio Climático: hito para el Gobierno y condena para la oposición

La Ley de cambio climático y transición energética -que se prevé aprobar hoy en el Parlamento de Canarias- es para el Gobierno regional todo un "hito" que pondrá a las Islas entre las regiones legislativamente más avanzadas en este ámbito. Mientras que para una parte de la oposición supondrá una "condena" que lastrará el desarrollo de la economía del Archipiélago por querer ser "la primera de la clase" sin estar preparada para ello. Esto fue lo que se desprendió ayer del debate entre el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el diputado de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández de la Puente en el pleno del Parlamento de Canarias. Si el primero calificó como "capital" la aprobación de esta normativa, el segundo pronosticaba "el empobrecimiento y la pérdida de competitividad del territorio" por una norma que aseguró es la que ha contado "con menos consenso de toda la legislatura".

Un aspecto que Torres rechazó de pleno y apuntó que la voluntad de lograr ese consenso "está demostrada" a lo largo del trámite parlamentario, en el que se han aceptado cerca del 20% de las enmiendas planteadas por los grupos. Antes de eso, el presidente también resaltó que se realizaron reuniones con los colectivos, sindicatos y la patronal para dilucidar aspectos de esta norma. "Hemos escuchado a todos", recalcó. Es más, aseveró que el anteproyecto de la ley ha atendido a "más sugerencias que ninguna otra", se han solicitado tres prórrogas y ha habido nueve ponencias a lo largo de tres años de trabajo en los que se han recibido más de 400 alegaciones.

La Ley canaria de cambio climático, que está previsto que se vote hoy en el Parlamento, tiene como principal objetivo poner en marcha las medidas necesarias para que Canarias pueda ser un territorio neutro en emisiones en el año 2040, diez años antes del límite que se ha marcado la Unión Europea (UE) y el resto de España. La norma quiere que la "perspectiva climática" se aborde en todos los aspectos que competen a la administración regional, desde la ordenación del territorio hasta los presupuestos y que el 2% del Producto Interior Bruto de las Islas (PIB) se destine a la transición ecológica. La ley también prevé la creación de un registro de huella de carbono, en el que algunas empresas deberán inscribirse de forma obligatoria, y en el que podrá calcularse las emisiones de gases de efectos invernadero y el efecto de las medidas para compensarlos. Las administraciones públicas también deberán incluir la perspectiva climática en sus licitaciones e invertir en la adaptación de sus inmuebles a la eficiencia energética. También se promoverán los planes de movilidad, se fomentará el vehículo eléctrico y se penalizará la entrada a la ciudad con coches que funcionen con combustible fósil.

Torres aseguró que espera que la ley salga hoy adelante con un amplio consenso de los grupos, si no es de forma unánime. Para el presidente la única pregunta importante sobre ella es si es urgente, o no, tener una ley propia contra el cambio climático. En su opinión lo es, tanto que consideró que la norma llega con retraso.

Para Fernández de la Puente la ley está elaborada por "fundamentalistas" y su aprobación provocará "una grave situación" en Canarias, donde "cambiará todo a peor" y habrá "un parón gravísimo". Una situación a la que a su juicio el Archipiélago se ve abocado por querer ser "los más avanzados del mundo" en materia de lucha contra el cambio climático y transición energética. Una norma que para él en realidad "nos condena por sus exigencias y su imposible cumplimiento".

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