Pleno del Parlamento de Canarias | Nuevas leyes al final de la legislatura

Canarias coge carrerilla en la lucha contra el cambio climático

El PP y Cs califican de «chiringuitos» algunos de los organismos de control que crea la nueva ley aprobada en la Cámara regional

Carlos Esther, Nira Fierro y Poli Suárez en un momento del pleno.

Carlos Esther, Nira Fierro y Poli Suárez en un momento del pleno. / Andrés Gutiérrez

El Parlamento de Canarias dio este martes 12 de diciembre su respaldo a la Ley de cambio climático y transición energética del Archipiélago, una norma con la que la región se adelanta en materia legislativa en la lucha contra las emisiones y el cuidado del medioambiente, imponiendo plazos de descarbonización todavía más ambiciosos que los que estipula España o la Unión Europea (UE). El texto salió adelante con los votos de los grupos que sustentan al Gobierno surgido del pacto de las flores a quienes se sumó Coalición Canaria (CC), después de que fueran aprobadas in extremis el 92% de las enmiendas que presentaron.

Una ley que el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, calificó como una de las más importantes de la legislatura, junto a la de Renta Canaria de Ciudadanía -que fue también aprobada- y de la que el consejero, José Antonio Valbuena, dijo que "supera en ambición a las de otras comunidades e incluso a la nacional, adelantando los plazos y marcando obligaciones para todos los sectores”. Sin embargo, no contó con el apoyo unánime de la Cámara regional y se encontró con la dura oposición tanto de los populares como del representante de Ciudadanos, que calificaron como "chiringuitos" algunos de los organismos como la Agencia Canaria de Acción Climática, que se crearán al amparo de la nueva normativa.

El presidente Torres la defiende como una de las leyes más importantes de la legislatura

La Ley de cambio climático pretende lograr la descarbonización de la economía de las Islas para el año 2040, diez años antes del plazo marcado por Europa y España. Para ello, establece que las instituciones públicas, -que deben convertirse en instituciones ejemplarizantes-, tendrán que abastecerse por completo de fuentes renovables en 2030, sustituir los equipos que funcionan con energía fósil y cambiar su parque de vehículos por otros con emisiones nulas.

Con motivo de esta ley se creará también el Registro de la Huella de Carbono que cuantificará las emisiones de gases de efecto invernadero. En él deberán inscribirse las explotaciones turísticas, las actividades pesqueras y de acuicultura, así como las industriales y el comercio. Los grandes centros generadores de movilidad pública y privada -como los hospitales, las universidades o las grandes empresas- deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus usuarios en un plazo de cinco años desde que se apruebe la Estrategia Canaria de Acción Climática, que se elaborará a partir de esta ley.

Otras de las medidas que establece la ley es la implantación de un nuevo alumbrado exterior bajo criterios de eficiencia energética o que las empresas de alquiler de vehículos deban contar con flotas de emisiones directas nulas en un plazo de 15 años. Además, se creará la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas, un organismo que recibió ayer las críticas tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Es "un echadero" aseguró ayer el diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, quien apuntó que la Agencia no podrá ser independiente ya que será el propio Gobierno de Canarias el que designe a sus integrantes. Bajo su punto de vista, la norma está redactada por "teóricos fundamentalistas que no saben cómo funciona el mundo más allá de sus despachos" y consideró que con su aprobación, Canarias está abocada a la "parálisis económica, la conflictividad y las sanciones".

En el mismo sentido se manifestó la diputada popular, Luz Reverón, que calificó como "chiringuito" a la nueva Agencia. Para ella, esta ley es necesaria pero tal y como se ha aprobado es "un brindis al sol", ya que con ella "no estaremos un paso más cerca de conseguir los objetivos pero sí de paralizar la actividad económica en las Islas". Algo que a su juicio ocurrirá, en parte, por la excesiva carga burocrática que añade esta norma. "Es una ley 100% intervencionista que solo trae más burocracia y mayor carga económica". Asimismo, denunció la falta de voluntad de diálogo y de consenso durante la tramitación de esta ley. "El 82% de las enmiendas que hemos presentado han sido rechazadas con el no por el no", aseguró.

La norma obliga a las administraciones a abastecerse solo de energía renovable en el año 2030

Una acusación que fue rechazada por varios de los representantes de los grupos integrados en el Gobierno que intervinieron en el debate. Mauricio Roque, diputado del PSOE, volvió a repetir que se ha tratado de una de las leyes más dialogadas de toda la legislatura. Según los datos aportados por el Ejecutivo, se han realizado más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública y más de 30 reuniones con diferentes colectivos distintos. Roque acusó además a quienes la critican de pretender desactivarla. "Las enmiendas presentadas eran en realidad una enmienda a la totalidad, ya que eliminaban artículos completos", detalló.

Consenso

Para Luis Campos, de Nueva Canarias, no se debe buscar "el consenso por el consenso", si para llegar a él se debe aprobar una ley en la que las medidas no son efectivas. Aseguró que la oposición quería transformar la norma en "un manual de buenas intenciones" y apuntó que algunas de las declaraciones que se habían escuchado en el pleno rayaban la actitud negacionista del cambio climático.

La norma también recibió las alabanzas de los diputados de Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). El portavoz de Podemos, Manuel Marrero, defendió el esfuerzo realizado para intentar aceptar las aportaciones de la oposición, pero incidió en que no se podían incorporar aquellas que iban en contra de la línea que sigue la propia ley. Jesús Ramos Chinea (ASG) se centró en la celeridad que se debe tener en la lucha contra el cambio climático, para la que está pensada esta norma.

El único grupo de la oposición del que el Gobierno sí logró recabar su apoyo fueron los nacionalistas. Un apoyo que el diputado de CC, Jesús Alexarder Machín, achacó a la recapacitación de los grupos incluidos en el pacto de las flores que dejaron a un lado "el bloqueo por el bloqueo" y en las 72 horas del pleno aceptaron a transaron el 95% de las enmiendas que habían sido presentadas y rechazadas a lo largo de toda la tramitación. Propuestas que, a su juicio, permiten mejorar "sustancialmente" el texto legal y de ahí el voto favorable de su grupo.

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