La Renta Ciudadana arrancará 'por los pelos' antes de las elecciones de mayo

El proyecto estrella de pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG) y máximo orgullo de la Consejería de Derechos Sociales, la ley de Renta Ciudadana canaria, entrará en vigor casi por los pelos poco antes de las elecciones de mayo, y con importantes flecos pendientes por desarrollar, casi tres años después de lo que el Gobierno de Ángel Víctor Torres preveía para 2020. El pasado martes, después de nueve meses de tramitación en el Parlamento regional, la Cámara canaria dio luz verde a la nueva norma , eso sí, con el apoyo de todos los grupos políticos, un «día histórico» celebró la consejera del área, Noemí Santana. Se prevé que se ponga en marcha en el primer trimestre del año tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La norma canaria, en principio, se dedicará a sustituir a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y complementará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, es decir, prevé llegar a unas 40.000 personas -las 11.924 que actualmente perciben la PCI, más las 20.000 personas que reciben el ingreso del Estado y las que se vayan incorporando-, con cuantías mensuales que oscilan entre los 517 euros para una persona sola y 1.100 euros para una familia con cuatro hijos y dos progenitores.

El desarrollo de la ley se postergará unos dos años como mínimo, con los comicios por medio

Pero aparte de ser la sustituta de la PCI, la ley plantea otros complementos para las pensiones no contributivas de Canarias y, además, está basada en el modelo vasco que funciona desde hace años, y prevé ayudas a la vivienda, a los estudios y a los trabajadores con salarios bajos. No obstante, estos complementos no llegarán previsiblemente hasta dentro de dos años, es decir, su desarrollo se irá realizando en fases, y después de los comicios autonómicos con el Gobierno que resulte de las elecciones.

Vicisitudes

La aprobación de esta ley ha pasado por varias vicisitudes, la principal la puesta en marcha por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital que se solapó con el proyecto legislativo canario. Tras dos años de retraso, el texto entró el pasado marzo en el Parlamento canario y este martes, después de nueve meses de tramitación y enmiendas en la Cámara, la ley recibió el sí del Parlamento por unanimidad.

La norma canaria atenderá a las familias que no tengan recursos suficientes para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas. La ayuda sustituirá a la actual PCI si bien mejora sus cuantías, no tiene límites en el tiempo si los beneficiarios no cambian sus condiciones económicas y no habrá renovaciones. La renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias de vulnerabilidad que motiven su concesión, y a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad.

Igualmente, la nueva Ley permitirá la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Para desarrollar la ley de Renta Ciudadana se van a incorporar más trabajadores al centenar que ya ha contratado la Consejería. Se amplía el plan de choque, que ya había incorporado hace poco a 45 personas, y a la Dirección General de Derechos Sociales se destinan 20 personas, 12 de ellas para gestionar las listas de espera en las pensiones no contributivas.

La Consejería incorpora más trabajadores para implementar las ayudas sociales

Podrán beneficiarse de la Renta Ciudadana las personas con residencia en Canarias y que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social. La previsión del Gobierno es que dado que sustituirá de forma efectiva a la PCI, pueda beneficiar en una primera fase a casi 12.000 familias que ya perciben esta prestación y que no tendrán que tramitar de nuevo la documentación. Pero una vez se desarrolle en su totalidad, la ayuda podría alcanzar a 40.000 familias. La norma incluye nuevos perfiles de beneficiarios con los que se espera abordar la inclusión social de los jóvenes y también contempla una renta de ciudadanía complementaria de ingresos al trabajo, que podrán percibir aquellos trabajadores que ganen salarios muy reducidos.

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