Canarias convoca un millar de plazas vacantes desde 2015 para funcionarios superiores

El Gobierno regional ha convocado desde 2015 más de 2.500 plazas en el ámbito de la Administración General, de las que unas 1.900 han sido de acceso libre para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos 15 años, desde los inicios de la crisis económica y financiera de 2008. Tras la publicación de la oferta de empleo público de este año, la Administración autonómica tiene previsto cubrir la práctica totalidad de los puestos de los funcionarios de carrera del grupo A (subgrupos A1 y A2) que se han ido acumulando con los años, el más alto en la jerarquía de los empleados públicos. En total alrededor de un millar de las plazas convocadas corresponden al personal adscrito a cuerpos generales y facultativos de titulación superior.

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El déficit de los cuerpos superiores de los empleados públicos ha lastrado a la Administración desde que en 2008 se interrumpieron las oposiciones debido a la crisis. Tras las pruebas convocadas ese año tuvieron que pasar siete años para que se publicara la siguiente oferta de empleo público, en 2015, sin que ni siquiera se cubrieran las tasas de reposición anuales. La congelación de los procesos selectivos para entrar en la Administración provocó una acumulación de vacantes porque, además de no cubrir las jubilaciones y bajas de cada año, las necesidades crecientes de los servicios públicos se han visto ralentizadas por la falta de personal, una situación que ha condicionado la gestión pública en la última década.

Se han ofertado unas 1.900 plazas de Administración General de acceso libre en siete años

El daño ya estaba hecho y cuando se reanudaron las ofertas de empleo público la acumulación de vacantes era de miles de puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de la Administración. El grupo más afectado por la falta de efectivos es el A, el de los titulados superiores, donde se encuentran los administradores generales, letrados, ingenieros, arquitectos, inspectores, administradores financieros y tributarios, técnicos facultativos superiores, bibliotecarios, gestores, veterinarios, psicólogos, informáticos, trabajadores sociales y otras categorías encuadradas en los subgrupos A1 y A2.

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La carencia de este tipo de efectivos ha agudizado la ya de por sí crónica lentitud de la Administración y ha sido el argumento recurrente de los gobiernos de turno para escudarse ante la acumulación de expedientes, trámites, resoluciones y gestiones que durante años se han eternizado en la Administración. De hecho, a día de hoy la Comunidad Autónoma aún no ha absorbido los puestos necesarios y tiene que echar mano de listas de empleo temporal y contrataciones de interinos o de obras y servicios para evitar el colapso en los procedimientos ante la falta de funcionarios de carrera que saquen adelante los expedientes. Ejemplos de ello son la gestión de los fondos europeos Next Generation o la tramitación de las ayudas a la dependencia, dos asuntos que han puesto en un aprieto al Gobierno autonómico, que se ha visto en la tesitura de tener que reestructurar la organización administrativa, incentivar a los funcionarios más cualificados y buscar en el mercado profesionales de titulación superior para gestionar los fondos comunitarios ante la falta de empleados públicos en la Administración. En el caso de la dependencia se ha contratado a más de un centenar de personas para sacar adelante los miles de expedientes acumulados.

Previsiones

La previsión del Ejecutivo es que cuando se termine de ejecutar la oferta de empleo público de 2022 –publicada en el BOC del pasado 9 de diciembre– la práctica totalidad de los puestos vacantes del grupo A se cubrirán por personal funcionario de carrera. No obstante, este objetivo tardará al menos tres o cuatro años más ya que hay procesos selectivos que siguen en marcha, con un margen de tres años para culminarlos, además de las dilaciones que pueden entorpecer el desarrollo de las pruebas por recursos e impugnaciones.

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El ritmo de plazas ofertadas desde que se reanudaron las convocatorias en 2015 hasta la de este año refleja que las ofertas de empleo público de 2017, 2020 y 2021 fueron las que más plazas de funcionarios ofertaron de las categorías superiores. En 2017 se convocaron 170 plazas, en 2020 fueron 260 y en 2021 hasta 179, que se unen a las 120 de 2015, 166 de 2016 y 82 de 2019. En la convocatoria de este año 2022 solo hay 38 plazas ofertadas del grupo A que son las que se cubren de las vacantes que restan de los subgrupos A1 y A2. De esta forma, las ofertas de empleo público que se aprueben en los próximos años se limitarán a cubrir los puestos de los funcionarios que se dejen vacantes cada año por la tasa de reposición, es decir, jubilaciones, bajas y fallecimientos.

Entre 2008 y 2015 se congelaron las ofertas de empleo y la tasa de reposición debido a la crisis

En las siete convocatorias publicadas desde 2015 se han ofertado cerca de 700 plazas de promoción interna, de las que 256 corresponden a los cuerpos y escalas del grupo A, de forma que empleados públicos que ya trabajan en la Administración ascienden de categoría y completan las vacantes de las categorías superiores.

En el balance global de las siete ofertas de empleo de Administración General publicadas hasta ahora las plazas del grupo A superan al resto de los grupos ante el déficit que se arrastraba de titulados superiores, si bien se han ofertado cerca de 900 plazas de técnicos de grado medio de diferentes especialidades, además de administrativos, auxiliares administrativos o subalternos.

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