Canarias fracasa en el control del rendimiento de los empleados públicos

El Gobierno regional ha intentado hasta en tres ocasiones en la última década aprobar una nueva ley de Función Pública que regule el control de la productividad y el rendimiento de los más de 120.000 empleados públicos que trabajan para la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos de las Islas. Pero los reiterados intentos han sido infructuosos y se tendrá que esperar a la próxima legislatura ya que, ante el debate surgido estos días por el anteproyecto de ley de Función Pública del Gobierno central, los sindicatos en Canarias advierten que no van a admitir que el Ejecutivo regional imponga criterios que supongan menoscabar los derechos de los trabajadores de la Administración y mucho menos penalizaciones económicas o pérdida del puesto de trabajo como pretende el texto estatal.

El anteproyecto del Estado pone de nuevo sobre la mesa la evaluación del desempeño, es decir, un sistema por el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados por parte de los empleados públicos. Ya en 2010 el Gobierno presidido por Paulino Rivero debatió un anteproyecto de ley de Función Pública que endurecía los controles sobre el rendimiento de los trabajadores de las administraciones públicas canarias, de tal forma que los empleados que no superaran la evaluación de objetivos se arriesgaban a perder la categoría, lo que llevaba aparejado también una reducción del salario, mientras que por faltas muy graves y bajo rendimiento se podía apartar del puesto hasta seis años. La reacción de las centrales sindicales no se hizo esperar y hubo movilizaciones que dejaron el proyecto de ley en el aire. En aquel momento el consejero de Presidencia del Ejecutivo era el nacionalista José Miguel Ruano.

En 2020 el Ejecutivo sacó a consulta una Ley de Empleo Público pero no se ha tramitado

En 2015 el Gobierno presidido por Fernando Clavijo volvió a resucitar la necesidad de contar con una nueva Ley de Función Pública canaria que sustituyera a la actual, que data de 1987, para modernizar la Administración, mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, agilizar los procedimientos y actualizar los sistema de acceso al empleo público. El consejero era el socialista Aarón Afonso y comenzó su mandato recordando que el estatuto del empleado público de la Comunidad Autónoma, vigente desde el año 2007, contempla un modelo de carrera profesional basada en la evaluación del desempeño, en este caso con un nuevo sistema retributivo ligado al rendimiento.

Carrera profesional

Ya con el cuatripartito actual en 2020 la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige Julio Pérez, sacó a consulta previa la nueva Ley de Empleo Público de Canarias, entre cuyos objetivos se encontraba "el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado público". La consulta tuvo cientos de alegaciones y propuestas pero los cambios internos producidos en la Dirección General de Función Pública y las prioridades establecidas para sacar adelante los procesos de estabilización y los concursos de traslados han dejado aparcada la ley, que se retomará en 2023 pero ya con las elecciones autonómicas de por medio.

La dirección por objetivos tiene dos precedentes en la Comunidad Autónoma. Desde su creación la Agencia Tributaria Canaria (ATC) tiene una gestión en base a objetivos, de tal forma que los funcionarios que consigan los mismos tienen incentivos en sus nóminas con un complemento de productividad y otro tipo de pluses. También en el Servicio Canario de Salud (SCS) los sanitarios reciben anualmente una paga de incentivos por cumplimiento de objetivos.

Los sindicatos más representativos de Canarias dudan que en esta legislatura sea posible pactar una nueva Ley de Función Pública porque ni siquiera ven claro que la ley estatal salga antes de las elecciones generales, que están previstas para finales de 2023. Según las centrales sindicales, hasta el momento no ha habido una negociación "seria" y esperan que en los próximos meses el Ejecutivo ponga sobre la mesa de negociación cuál es su modelo de carrera profesional y su evaluación por objetivos. En cualquier caso los sindicatos buscan que los criterios de rendimiento y productividad sean objetivos y en clave positiva, es decir, que haya complementos salariales para incentivar el trabajo y los objetivos trazados pero que no se impongan penalizaciones si no se consiguen.

La Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Salud tienen incentivos por la productividad

La ley estatal forma parte de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con la UE a cambio de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación. Entre los cambios introducidos por la norma que más están dando de qué hablar está la incorporación de la evaluación del desempeño al modelo de empleo público. Según explica el Gobierno, esta medida va a ser de carácter obligatorio y a través de este procedimiento se valorará periódicamente la conducta profesional y se medirá el rendimiento o el logro de resultados de las trabajadoras y trabajadores públicos. «La finalidad es mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos», se explica desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las consecuencias de esta evaluación del desempeño tendrá efectos directos en la progresión de la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas. 

Para incentivar la consecución de los objetivos el texto del anteproyecto establece dos complementos: uno ligado a la progresión que se vaya alcanzando en la carrera profesional con la formación continua y otro como complemento al desempeño. El acceso al mismo estará vinculado a la superación de las evaluaciones de desempeño planteadas durante la carrera profesional y que serán controladas de forma periódica por la Administración.

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