La prohibición del uso residencial en zonas turísticas llega al Parlamento
La plataforma de afectados por la ley turística ultima la recogida de 15.000 firmas | Llevarán al Juzgado las sanciones que están recibiendo algunos propietarios
Vista aérea de la zona de Maspalomas y parte de Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria. / JC CASTRO
El uso residencial en los complejos alojativos de las zonas turísticas de las Islas vuelve con fuerza a la palestra ante los varios frentes abiertos por los más de 50.000 afectados que son propietarios de apartamentos y bungalós en las Islas, al considerar que se ponen en riesgo sus propiedades si se impone el uso exclusivo turístico en los municipios donde predominan este tipo de inmuebles. La plataforma de afectados apuran los plazos para conseguir las 15.000 firmas necesarias con el fin de que se pueda debatir en el Parlamento una iniciativa legislativa popular que ya se ha registrado en la Cámara.
La plataforma, creada en 2015, tiene ante sí un panorama complejo condicionado por los diferentes instrumentos urbanísticos y leyes que entran en la ordenación y calificación de las zonas turísticas. Los afectados lograron frenar el plan general de ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana que, según su argumentación, dejaba fuera el uso residencial en las zonas turísticas, lo que suponía «condenar» a miles de propietarios de apartamentos ya que entre ellos los hay que viven habitualmente en los mismos, mientras que otros los dedican al alquiler vacacional.
Pero la maraña legal es más amplia con la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, La Ley del Suelo de 2017, los planeamientos de los municipios y, en el caso de Gran Canaria, con el recién aprobado Plan Insular de Ordenación (PIO) del Cabildo. La plataforma tiene ahora como objetivo que el Parlamento debata la propuesta de ley que ha presentado como iniciativa legislativa popular por la que pretende que continúe conviviendo el uso turístico y el uso residencial, además del alquiler vacacional legal y regularizado. El próximo 16 de enero acaba el plazo para presentar las 15.000 firmas en el registro de la Cámara autonómica.
La vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, advierte que todavía no han decidido ir a los tribunales pero es un camino que no descartan si desde las instituciones vulneran el derecho a la propiedad de los miles de pequeños propietarios que tienen apartamentos e inmuebles en las zonas turísticas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. «Queremos evitar la judicialización de esta problemática pero no lo descartamos e incluso llegaremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea», añade Doreste.
Multas de Turismo
Lo que sí puede llegar a la Justicia son las multas que están empezando a recibir algunos propietarios. Según Maribe Doreste hay propietarios que han recibido del Ayuntamiento entre 2.200 y 2.400 euros de sanción por no tener en uso turístico sus propiedades o carecer del certificado de uso residencial consolidado. Las multas han venido de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno y serán recurridas ante la titular del departamento, Yaiza Castilla. En el caso de que no fructifiquen los recursos la plataforma presentará demandas en el Juzgado.
Según la plataforma, las administraciones públicas no solo no ayudan sino que «enredan» esta problemática. Además de las sanciones procedentes del área autonómica de Turismo, la plataforma denuncia que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana «está poniendo todas las pegas posibles» para la declaración de consolidación de uso residencial que están solicitando muchos propietarios. No solo reclama un sinfín de documentación y certificados sino también la acreditación de domiciliaciones bancarias en el municipio, algo que sorprende a los miembros de la plataforma.
Según la plataforma es la primera vez que se intenta prohibir el uso residencial a través del planeamiento. «Esto se está haciendo bajo una premisa errónea en la que se cree que, desde sus orígenes, el planeamiento en las zonas con potencialidad turística de Canarias fue de uso turístico exclusivo y esto no es así. Todas estas propiedades se han vendido como unidades hipotecarias independientes y sin limitación de uso de ningún tipo», denuncian.
La ley turística de 2013 abrió la opción a los planes de ordenación urbanística de determinar los usos del suelo, algo que, según la plataforma, en San Bartolomé de Tirajana ha llevado a que en la práctica se prohiba el uso residencial. Sin embargo, los afectados aseguran que Mogán sí está en la línea del uso mixto, es decir, que en un mismo complejo puedan convivir la explotación turística con el uso residencial y el alquiler vacacional legal.
La papa caliente está también en el tejado de la empresa pública Gesplan, dependiente de Transición Ecológica y Política Territorial, ya que ha asumido la redacción de los planes supletorios de varios municipios turísticos y en ellos se determina los usos del suelo. La plataforma cuenta con un gabinete jurídico que está al tanto de las distintas regulaciones legales y urbanísticas que inciden sobre los usos del suelo, con el fin de evitar que miles de propiedades se queden en un limbo legal después de más de cuatro décadas de uso residencial.
Larga pugna con el sector empresarial
La pugna por los usos de las zonas turísticas es un viejo debate que ya se reflejó en la ley turística de los años 90, en la que se recogía la unidad de explotación por la que un complejo de propietarios podía destinarse a la explotación turística si había acuerdo al menos del 51% del alojamiento. Los propietarios han estado enfrentados con los empresarios turísticos, sobre todo los extrahoteleros, al considerar que el abuso del uso residencial degrada las zonas turísticas. Los empresarios advierten que la generalización del uso residencial en inmuebles de carácter turístico lastra la actividad económica y el empleo derivado de la explotación de los complejos turísticos, con graves consecuencias para el tejido productivo del municipio –en este caso San Bartolomé de Tirajana– y el destino en su conjunto. Y, al mismo tiempo, supone un camino erróneo a la hora de abordar los problemas del mercado de la vivienda en el sur de Gran Canaria. Los empresarios también recuerdan que desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo en 2017 sólo pueden mantener su residencia en complejos de uso turístico aquellos propietarios que puedan demostrar que lo hacían con anterioridad al 1 de enero de ese mismo año, una disposición que tampoco convence a la plataforma de afectados ya que, en su opinión, el Gobierno no cumplió con sus compromisos de garantizar la propiedad de los inmuebles. Maribe Doreste no cree que esta situación moleste al sector hotelero ya que tiene su propia clientela, otra cosa son los extrahoteleros: «Nos quieren quitar nuestras propiedades para que las exploten otros, hagan su negocio y mientras los que vivimos aquí quedarnos sin nada después de tantos años», critica la vicepresidenta de la plataforma, que ha intensificado su labor para evitar que se imponga el uso exclusivo turístico. | R.A.D.
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