El Gobierno garantiza que el banco de sangre seguirá bajo control de Sanidad

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) entra en un año que puede ser decisivo para su futuro. Sobre la mesa su conversión en una entidad pública empresarial u otro tipo de figura jurídica, un proceso estancado durante años, y la estabilización de buena parte de su personal, con trabajadores que llevan hasta cerca de 20 años sin que se les haya consolidado su puesto de trabajo. Pero la situación no está tan clara porque el Gobierno no ha concretado cuál será el modelo de funcionamiento del organismo para negociarlo con los representantes de los trabajadores y éstos no se fían de una reconversión que les deja su futuro laboral en manos de una sociedad que se regirá por el Derecho privado, por lo que no serán empleados de la Comunidad Autónoma.

La presidenta del Instituto, Teresa Gutiérrez, niega con rotundidad que el organismo se vaya a privatizar como aseguran los miembros del comité de huelga, que mantienen un conflicto contra el Gobierno por el futuro del banco de sangre. «En ningún caso se va a producir una privatización, no hay ningún banco de sangre en el país que esté privatizado. Son fundaciones, entidades públicas empresariales, consorcios o están adscritos a los servicios de salud porque la legislación recoge que las donaciones de sangre deben estar bajo el paraguas de la autoridad sanitaria, por eso, aunque cambie la figura jurídica, vamos a seguir dependiendo de la Consejería de Sanidad», asegura Gutiérrez. Asimismo, la máxima representante del ICHH afirma que cualquier cambio en el estatus jurídico del organismo será negociado con los representantes de los trabajadores.

La presidenta del organismo afirma que las donaciones de sangre son un servicio público

Actualmente los técnicos ultiman la propuesta que se les va a presentar a los dirigentes laborales del Instituto y Teresa Gutiérrez advierte que la intención es que antes de finalizar el año puedan cerrarse las negociaciones para transformar el organismo. Sin embargo las incógnitas se ciernen sobre el proceso debido a las elecciones autonómicas de mayo y porque hay varias demandas presentadas, por lo que la Justicia tendrá que posicionarse sobre los recursos interpuestos.

Asignatura pendiente

Gutiérrez recuerda que la reconversión del ICHH es una asignatura pendiente desde que entró en vigor la Ley 6/2006 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que los modelos que existen en otras comunidades autónomas son diversos. «Otros gobiernos no lo hicieron y esta legislatura ha estado condicionada por la emergencia que supuso el Covid, pero ya es hora de sentarse y cambiar la figura jurídica del Instituto, que siempre estará bajo el amparo de la Consejería de Sanidad porque las donaciones son un servicio público esencial», añade la presidenta del organismo autónomo, que asevera que seguirá existiendo un consejo de administración como lo hay ahora, pero también seguirán estando sometidos a las directrices de Hacienda, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Audiencia de Cuentas.

Los representantes de los trabajadores están unidos en el fondo pero no en las formas. De hecho, el comité de huelga está actualmente formado por el sindicato mayoritario de la provincia tinerfeña, CCOO, mientras que la organización sindical mayoritaria en Las Palmas, Comisiones de Base (Co.bas), se ha desmarcado del conflicto laboral y critica que no se les haya permitido entrar en el comité de huelga.

Diferencias en la estrategia entre los comités de empresa de Las Palmas y de Tenerife

Los trabajadores del Instituto en la provincia tinerfeña llevan varios meses de movilizaciones por lo que consideran un proceso privatizador «encubierto», según explica su portavoz, Daniel Quintero. Critica que el consejero Blas Trujillo haya incumplido un acuerdo firmado con el comité de huelga en julio de 2022 para que el ICHH siguiera como organismo autónomo dependiente de Sanidad mientras que, a la misma vez, se mantiene la intención de modificar su estructura para convertirlo en entidad pública empresarial y los trabajadores no pasen a ser empleados de la Comunidad Autónoma sino de la futura entidad.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Las Palmas, Sandra Sosa, cuestiona que el comité de huelga no haya permitido que representantes de la provincial oriental se integren en el mismo. «Han vetado nuestra presencia», critica Sosa, que reclama la necesidad de que cualquier transformación jurídica del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia se negocie con todos los representantes de los trabajadores sin excepciones.

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