El Tribunal de Cuentas da por buena la gestión del SCS en el ‘caso mascarillas’

La instructora del expediente descarta irregularidades contra los caudales públicos y la existencia de delitos contables por parte de la administración canaria

Conrado Domínguez, exdirector del SCS; Blas Trujilo, consejero de Sanidad; y Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Conrado Domínguez, exdirector del SCS; Blas Trujilo, consejero de Sanidad; y Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ / I. Durán

Isabel Durán

Isabel Durán

El Tribunal de Cuentas respalda los trámites administrativos llevados a cabo por el Servicio Canario de la Salud (SCS) en el conocido como caso mascarillas y descarta la existencia de cualquier delito contable. El acta provisional de la delegada instructora del expediente concluye que la adjudicación de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United SL a través de un contrato de emergencia para el suministro de un millón de tapabocas no constituye un «daño real y efectivo a los caudales públicos», a pesar de que el material de protección para los sanitarios nunca llegó a los hospitales canarios. Por tanto, según se recoge en las actuaciones previas, la actuación del SCS no es objeto de la instrucción contable, con lo que el caso debe resolverse en el seno de lo contencioso administrativo. El próximo trámite será la validación de este informe por parte de la consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, un paso con el que se cerraría el expediente dentro de este organismo nacional.

Tras investigar las presuntas irregularidades del contrato entre el SCS y RR7, la instructora destaca que la Agencia Tributaria Canaria ya ha iniciado un procedimiento de apremio para rescatar el dinero y que, aunque todavía no se ha realizado el ingreso de los cuatro millones de euros, no cabe apreciar responsabilidad contable «al haberse activado todos los mecanismos legales oportunos para recuperar los fondos públicos indebidamente abonados», de manera que se pueda evitar daños a los caudales públicos. El letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias que está al frente del caso manifestó su plena conformidad con el contenido del informe provisional del Tribunal de Cuentas, en un acto en el que no compareció ningún representante del Ministerio Fiscal.

La consejera de Enjuiciamiento debe validar el informe de las actuaciones previas

El pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias desestimó a finales de julio el preinforme de fiscalización de los presupuestos y las contrataciones del Gobierno de Canarias durante el estado de alarma, a la vez que avaló la gestión del SCS con respecto al expediente de la compra a RR7 de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de 3M, que ofrecía una protección superior a la FFP2. El organismo de fiscalización autonómico entendió que, dada la excepcionalidad del momento, no era necesaria la autorización del Consejo de Gobierno para acreditar la adquisición de material sanitario. Además, justificó que el SCS recurriera a proveedores no habituales para la compra de equipos de protección, puesto que el mercado internacional estaba tensionado y los agentes del sector carecían de capacidad para responder a las demandas de las administraciones públicas.

Informe provisional

Ese informe provisional de la Audiencia de Cuentas se envío tanto a la Fiscalía, como al Tribunal de Cuentas, que prosiguió con sus propias investigaciones y solicitó a la Comunidad Autónoma toda la documentación relacionada con la contratación de RR7 y el pago de las mascarillas. Después de analizar el material, el Tribunal de Cuentas da por buena la actuación administrativa del SCS en el caso mascarillas, en el que están imputados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; y la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa; además del administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

El documento destaca que la Agencia Tributaria Canaria trabaja para recuperar los fondos

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas denunció la relación comercial entre el SCS y RR7 ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que comenzó la instrucción, pero se vio obligado a inhibirse en favor de la Fiscalía Europea. De esta forma, el caso pasó a manos del Ministerio Público comunitario que, además, revisará otras once contrataciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma durante la pandemia con fondos Feder.

A raíz de la avocación de las actuaciones en favor de fiscalía de Europa, la defensa de Domínguez solicitó la nulidad de las actuaciones impulsadas hasta la fecha por parte del juez Francisco Javier García García-Sotoca, ya que considera que este sabía desde el inicio de la instrucción –que arrancó en julio–, que existía relación con fondos europeos. Así, destaca que aun sabiendo que no era competente en la materia, siguió dirigiendo esta fase de investigación en lugar de dar traslado al órgano judicial que tenía esa autoridad.

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