El futuro de las empresas inscritas en la Zona Especial Canaria (ZEC) que se dedican al comercio triangular empezó a despejarse este martes tras aprobar el Congreso la proposición de ley remitida en julio por el Parlamento de Canarias solicitando una reforma del REF (artículo 44) para rebajar del 90 al 50 % el gasto anual que estas entidades deben realizar en las Islas en sus operaciones, así como aplicar una retroactividad sin límite a la nueva norma, con la que prescribirían las inspecciones o sentencias activadas en los últimos años a actividades que el Ministerio de Hacienda consideraba que no podían beneficiarse de los incentivos fiscales de la ZEC. De momento, la Cámara baja votó ayer a favor de la toma en consideración de la propuesta del Parlamento regional, pero la mayoría de los partidos da por hecho que durante la misma se producirán cambios forzados por el Ministerio de Hacienda, en concreto para incrementar ese porcentaje de gasto necesario compatible con los beneficios fiscales reconocidos en el REF, y para eliminar la retroactividad.
Durante el debate los diputados regionales encargados de la defensa de la proposición de ley, Iñaki Lavandera (PSOE), Rosa Dávila (CC) y Manuel Domínguez (PP), apenas entraron en sus detalle técnicos y se limitaron a defender la necesidad de dar “seguridad jurídica” a las 120 empresas que aseguran que se dedican en Canarias al comercio triangular, una actividad consistente en comprar bienes en un territorio para venderlos en otro sin que sea necesario que las mercancías pasen obligatoriamente por el lugar donde está establecida la empresa, pudiéndose beneficiarse de las bajas tributaciones si cumplen una serie de condiciones. Pero en conversaciones informales entre ellos y con los diputados socialistas del Congreso conocedores de las posiciones del Ministerio de Hacienda, se asumía que se modificará el porcentaje de inversión hasta el 60 o el 70 %.
Eso sí, confiaban en que el Gobierno central y la mayoría de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso no aparcaran la propuesta y, una vez aprobada su tramitación e iniciado el plazo de presentación de enmiendas, se pasara de inmediato a ponencia y comisión con el objetivo de aprobarla antes del verano. Uno de los temores de los partidos canarios, en especial CC y el PP, es que el Ministerio de Hacienda y el PSOE fuercen el bloqueo de la tramitación entrando en una dinámica de sucesiva ampliación del plazo de presentación de enmiendas. Sin embargo, varios diputados socialistas canarios aseguraban que la voluntad del grupo parlamentario y del propio Gobierno central es dar curso a la iniciativa y solventar la tramitación en los plazos habituales.
El debate lo inició el popular Manuel Domínguez, a su vez presidente del PP de Canarias, quien, con un discurso de enfoque electoral, acusó al Gobierno central de tratar a los canarios como “ciudadanos de segunda”, asegurando que “con el trato que nos ha brindado este gobierno estamos más lejos de la Península” y recordando que “ante la apariencia de que Canarias es un paraíso fiscal, es sin embargo la tercera comunidad con mayor presión fiscal”. Tras recalcar que “Canarias necesita seguridad jurídica” y que “los inspectores solo ejecutan aquello que dicta la norma”, consideró que “ha sido la desidia y la falta de rigor del Gobierno de la nación con la complacencia del Gobierno de Canarias lo que hace que el REF tenga algunas lagunas que ahuyenta la inversión”. necesita una reglas caras para generar riqueza.
“Pese la apariencia de que Canarias es un paraíso fiscal, es sin embargo la tercera comunidad con mayor presión fiscal”
La nacionalista de CC Rosa Dávila recordó que las empresas que se dedican a las operaciones triangulares han venido desarrollando con toda normalidad esta actividad hasta que el año pasado la Dirección General de Tributos del Estado hizo una “reinterpretación” de las condiciones en que se pueden aplicar los incentivos fiscales de la ZEC. Ello desencadenó toda la situación de inseguridad de estas entidades y que “deja en el aire 800 empleos”. “No podemos dejar al albur de un inspector o de un gobierno la diversificación de la economía de las islas”, subrayó Dávila que advirtió que sin bien ahora está el jaque el comercio triangular, "mañana puede estarlo el descuento de residentes. Si dejamos que se reinterpreten la leyes que se hacen en este Congreso y que el Gobierno de España lo permita, pocas empresas se van a querer instalar en Canarias”, alertó. Y remachó su intervención dirigiéndose directamente a los diputados nacionales para señalarles que “si Canarias tiene algún futuro pasa por que ustedes exijan que se cumplan las leyes que se aprueban en esta Cámara y se protejan los derechos que nos amparan a todos los canarios”.
"Si dejamos que se reinterpreten la leyes que se hacen en este Congreso y que el Gobierno de España lo permita, pocas empresas se van a querer instalar en Canarias”
Riesgo reputacional
El representante del PSOE, Iñaki Lavandera, también defendió los términos de la proposición de ley surgida del Parlamento de Canarias, pero reclamó “rigor y exigencia” en el planteamiento del debate. Primero recordó que la actividad del comercio triangular “ya venía siendo cuestionada” por la inspección de tributos antes del informe del 2021 y alertó sobre el “riesgo reputacional” para el REF que esa actividad no se desarrolle de forma controlada. “No podemos correr el riesgo de repetir lo ocurrido en la Zona Franca de Madeira, donde la Comisión Europea ha obligado a Portugal a reclamar 1.000 millones de euros a 300 empresas por considerar su baja tributación una ayuda ilegal”. El socialista apostó por “mejorar la norma, porque las normas tienen que ser claras, coherentes y compatibles con el derecho comunitario” y recordó que la mayor parte la ley de presupuestos del Estado de 2023 ya había fijado de forma permanente a través de su disposición final séptima que las entidades de esta actividad pueden acogerse al 4% de tributación en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades, y no al 25 % que establecía Hacienda.
“No podemos correr el riesgo de repetir lo ocurrido en la Zona Franca de Madeira, donde la Comisión Europea ha obligado a Portugal a reclamar 1.000 millones de euros a 300 empresas por considerar su baja tributación una ayuda ilegal”
En el turno de portavoces, las representantes de CC y del PP, María Fernández y Ana Zurita, respectivamente, cargaron contra lo que entienden ataques continuos del Gobierno de Pedro Sánchez a elementos del REF, y reclamaron condiciones de competitividad para las empresas canarias. Fernández dijo que con el ‘trading’ “Canarias logró colocarse en el mapa y atraer una actividad económica, pero por una interpretación de alguien que le dio por ahí se cambian las normas del partido en mitad de la jugada”. Zurita cree que el Ejecutivo central “está convirtiendo nuestro REF en una fuente de inseguridad jurídica, con una persecución constante a empresas y autónomos”.
La portavoz del PSOE, Tamara Raya, recordó que “este problema viene coleando desde antes de 2018 y nadie ha hecho nada, porque la Dirección General de Tributos ya estaba estudiando este tema cuando el PP estaba en el Gobierno y ha sido al actual Gobierno quien lo arreglado con la ley de Presupuestos de 2023”. Avanzó que se van a “introducir mejoras”, pero que a día de hoy “las operaciones en la ZEC se pueden acoger al tipo de 4 % de manera indefinida”. Tras señalar que son menos de 20 empresas de las 730 inscritas en la ZEC las que se dedican únicamente a esta actividad y menos de 120 las que lo hacen como parcialmente y de forma minoritaria, alertó que “flaco favor le hacemos al REF y a la reputación de Canarias con estos alegatos, lo que hay que hacer es arreglarlo de forma técnica como estamos haciendo nosotros”.
El único grupo que no apoyó la proposición de ley fue Unidas Podemos. Su portavoz ayer, Laura López, reclamó una modificación del REF “para que esté al servicio de la mayoría de la población y no solo de unas pocas grandes empresas”, y reprochó al resto de grupos y de portavoces que nadie había explicado las razones por las que se pide rebajar del 90 al 50 % el gasto obligado a realizar en Canarias de las entidades del comercio triangular.
