Transferencias Canarias-Estado

El traspaso de costas deja atrás el cobro de cánones, las obras de interés general y las concesiones

El futuro de los núcleos costeros sigue en el aire porque el Gobierno canario está obligado a cumplir la Ley de Costas

Enclave costero de Tufia, en el municipio de Telde.

Enclave costero de Tufia, en el municipio de Telde. / Juan Castro

La Comunidad Autónoma tiene desde el 1 de enero las competencias en costas pero "las reglas del juego no han cambiado". Bajo esa idea la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria ha organizado unas jornadas sobre el significado de estas transferencias y qué papel asume Canarias a partir de ahora en la gestión del litoral. Las nuevas funciones y servicios que tiene el Gobierno regional están recogidas en el decreto de traspaso negociado entre la Administración del Estado y la autonómica, si bien expertos y técnicos advierten que existen competencias que se ha quedado el Estado y que, a larga, pueden suponer conflictos entre las dos administraciones ya que se trata de cuestiones importantes como los cánones que se recaudan por el aprovechamiento privado del dominio público, las obras y actuaciones de interés general o las concesiones en el deslinde marítimo-terrestre.

En el primer debate participaron los arquitectos Pedro Sosa y Elsa Guerra; el ingeniero y exdirector general de Costas del Gobierno central, José Fernández, y el jefe de servicio de Ordenación Territorial y costas del Gobierno regional, Valeriano Díaz Castro. La moderación corrió a cargo del periodista Mariano de Santa Ana.

El cálculo de las tasas por la Administración central ralentiza los procedimientos

Fernández advirtió que la mera transferencia en sí misma "no aporta nada nuevo" ya que la gestión del litoral se debe regir por lo que marca la Ley de Costas de 1998, reformada en algunos aspectos en 2013. Por ello afirmó que la Comunidad Autónoma apenas tiene margen de maniobra para cambiar aquellos asuntos más polémicos que penden sobre la ordenación y regulación de la franja costera, ya que solo una modificación de la ley estatal puede cambiar el criterio seguido hasta ahora con los núcleos costeros, uno de los asuntos más problemáticos ya que son miles las familias afectadas cuyas viviendas entran de lleno en el deslinde marítimo. Fernández mantiene que este tipo de núcleos "usurpan" el dominio público porque se edificaron sin licencia ni título de propiedad y la Comunidad Autónoma no puede hacer más que buscar alternativas viables o "quedarse eternamente como están" hasta que se les busque una solución que, en su opinión, no pasa por la legalización.

«El traspaso no aporta nada nuevo, lo que cambia es la Administración que gestiona»

José Fernández

— Exdirector de Costas

Tampoco considera el exdirector general de Costas que el traspaso a la Comunidad Autónoma vaya a suponer automáticamente una mayor agilidad en las concesiones de los servicios de las playas, paseos marítimos y otro tipo de actuaciones que se ejercen en el litoral. El hecho de que el canon continúe en manos del Estado supone ralentizar los procedimientos ya que "una simple autorización que puede ser rápida si requiere calcular el canon tiene que hacerlo la Administración del Estado y eso supone al menos tres meses y todas las administraciones públicas tienen las mismas carencias de personal, no es algo únicamente de Canarias", añade Fernández.

Estatuto de Autonomía

Es precisamente en la cuestión del canon donde también incide Valeriano Díaz Castro ya que, bajo una visión técnica, Canarias asume la regulación del litoral, las autorizaciones y el control de su mantenimiento y limpieza y, sin embargo, lo que se paga por su aprovechamiento "se lo queda el Estado". El Estatuto de Autonomía recoge en el artículo 157 que Canarias tiene la competencia exclusiva de "la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general". Para el técnico autonómico el Estado mantiene una interpretación distinta y recuerda que el Estatuto en una ley orgánica, por lo que tiene rango superior a un real decreto.

La interpretación del Estatuto y del decreto puede derivar en futuros conflictos

El arquitecto Pedro Sosa es un profundo conocedor de la costa grancanaria y por ello espera que la asunción por Canarias de las competencias en costas suponga acabar con el "calvario" que ha supuesto hasta ahora la gestión del litoral y que hayan "beneficios reales" para las Islas por tener ahora una Administración más cercana al frente de la gestión ordinaria. Tras la creación de un comisión mixta en la que participan las administraciones canarias y la plataforma de afectados por la ley de Costas, Sosa espera que se clarifique el horizonte de los núcleos costeros aunque cree que existen zonas donde los vecinos afectados no están organizados como sí lo están en otras islas, ya que en esta plataforma por lo pronto están los núcleos de Ojos de Garza y Tufia, ambos en el municipio de Telde pero no los del norte de la Isla.

«Se abre una oportunidad para una revisión detallada y saber qué litoral queremos»

Elsa Guerra

— Arquitecta

Por su parte la arquitecta Elsa Guerra, que ha trabajado en diversos proyectos del litoral urbano, cree que el traspaso de estas transferencias a Canarias supone una "oportunidad" para ordenar el espacio de la costa porque no solo se trata de ahorrar en burocracia y en plazos, sino también en acometer una revisión detallada de los usos que se quieren para el litoral. "La costa es un bien común y es muy importante que lo tratemos así, a partir de ahora es una responsabilidad nuestra saber qué litoral queremos".

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