El Gobierno avanza con tres días de teletrabajo a la semana pese a las quejas empresariales

El Gobierno regional sigue adelante con el decreto que regulará el teletrabajo de los empleados públicos con la opción de hasta tres días a la semana pese a las críticas empresariales. Los constructores y otras sectoriales cuestionan la organización del trabajo en la Administración autonómica y que los funcionarios trabajen a distancia porque les impide tramitar con normalidad proyectos y solicitudes. Las organizaciones sindicales y el Ejecutivo han pactado un decreto que está pendiente de los informes jurídicos para que sea aprobado y que sigue la misma línea de lo que ya está regulado de forma provisional en otras comunidades autónomas y en la Administración General del Estado.

"Nadie nos coge el teléfono y en los edificios administrativos solo están los vigilantes de seguridad, los puestos están vacíos", claman las sectoriales canarias de la construcción. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, asegura que este tipo de fallos en la atención a la ciudadanía "no tiene nada que ver con el teletrabajo" y que este tipo de situaciones y casos hay que denunciarlos para tomar medidas pero que no es algo generalizado. Pérez reconoce que a los miembros del Ejecutivo les llegan quejas: "Algunas veces es más fácil hablar con el presidente o los consejeros y cargos públicos que con el funcionario, eso ocurre y lo lamentamos pero no es achacable al trabajo a distancia, que es una herramienta más de organización del trabajo".

Los constructores exigen acabar con el teletrabajo en la Administración

«A veces es más fácil hablar con el presidente que con un funcionario, lo lamento», admite

El decreto está aún en fase de anteproyecto pendiente del informe de los servicios jurídicos, aunque el texto se ha debatido internamente a nivel técnico y político. El proceso de negociación se ha dilatado en el tiempo desde que finalizaron las restricciones provocadas por la pandemia, periodo en el que los empleados públicos estuvieron tres días a la semana teletrabajando para evitar aglomeraciones en las oficinas y poder cumplir con la distancia de seguridad. Una vez normalizada la situación se rebajó a un solo día la opción del teletrabajo y desde entonces se ha negociado las bases de un decreto que afecta a entre el 5 y el 10% de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, concentrados en el ámbito de la Administración General.

Transformación

Julio Pérez se mostró convencido de que el teletrabajo es "un mecanismo de transformación de la Administración y que puede favorecer una mayor eficiencia en el funcionamiento y organización de la labor administrativa. "El hecho de que en los edificios haya vacíos o que no se atienda a los teléfonos no tiene nada que ver con el teletrabajo, la obligación de atender el teléfono es exactamente igual o más que cuando se está en el puesto de trabajo físico, no debe suponer una pérdida de contacto con los ciudadanos", añadió Pérez.

Lo que dejó claro el responsable de la Función Pública autonómica es que "no habrá teletrabajo sin dirección por objetivos", lo que supone un "desafío" para la Administración ya que tanto los jefes como sus empleados tendrán que rendir cuentas sobre su labor cuando se esté teletrabajando. "No es cuestión de estar tres días en casa y dos en la oficina sin más, los jefes tendrán que intensificar su labor de coordinación y saber quiénes lo pueden hacer y quiénes no", añadió.

El Ejecutivo advierte que el teletrabajo es un «desafío» y tendrá dirección por objetivos

El portavoz del Ejecutivo señaló que teletrabajo es también es una oportunidad de mejora de la calidad de vida, reducción de tiempos porque se evitan atascos y saturación de los transportes y porque mejora la conciliación familiar. Por ello Pérez defendió que "no debemos es desaprovecharla pero con prudencia", si bien matizó que el trabajo a distancia "no es un derecho subjetivo, ni un opción que se pueda elegir o no, sino una manera de organizar el trabajo".

Primero fue la patronal de la construcción de Las Palmas y después la de Tenerife las que se han quejado de que no se les atienda debidamente cuando se dirigen a la Administración en los asuntos de trámites y expedientes. «No hay derecho a que nadie coja el teléfono cuando llamamos o que en los edificios administrativos no estén sino los vigilantes de seguridad, parecen tiendas de saldo donde solo hay mesas, sillas y muebles», criticó el miércoles el presidente de la patronal de la construcción de la provincia tinerfeña, Óscar Izquierdo, en un acto público.

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