Consejo de la Juventud de Canarias al límite: "Si la situación no cambia echaremos el cierre"

El Consejo de la Juventud de Canarias está «sobreviviendo» desde que se modificó su personalidad jurídica en 2018, así lo explica su vicepresidente, Idafe Hernández. La entidad está definida como una corporación pública de base privada, un «limbo» administrativo que ni los miembros del órgano ni el Gobierno saben cómo gestionar. «La Administración no quiere emitirnos informes porque no sabe si hacerlo por la vía pública o la privada», asegura la presidenta, Brenda Rivero que defiende que la solución sería que, con la nueva Ley de Políticas de Juventud, en trámite parlamentario, este pasara a ser una corporación pública. Pero no hay acuerdo que garantice la mayoría en el seno de la Cámara regional. El cambio de figura jurídica, plantean los grupos parlamentarios, es «demasiado prematuro». ¿Por qué? Apenas hace dos años que se aprobó, a través de decreto, el reglamento que desarrolla la funciones del Consejo.

La finalidad del mismo es, según el decreto que lo regula, servir de «cauce de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud». Está compuesto por un comité permanente de voluntarios, elegidos en asamblea, que representan a las asociaciones juveniles y a los jóvenes del Archipiélago ante el Gobierno. No obstante, después de que en 2014 se le despojara de su condición de entidad de derecho público y en 2018 se le volviera a otorgar con la coletilla ‘de base privada’, su fin solo se ha cumplido sobre el papel. Un papel mojado con el que las diferentes consejerías desconocen cómo proceder. 

Rivero relata que han intentado sentarse con todos los departamentos del Ejecutivo pero «algunos no se han querido reunir y el resto solo echa balones fueras».

Tan embrollada es la situación que, por inseguridad jurídica, el Consejo ha tenido que renunciar a la subvención de 150.000 euros que les correspondía en 2022 y este año tampoco contarán con presupuesto. «No me arriesgo a coger ese dinero para que luego me digan que he usado mal unos fondos públicos», declara la presidenta. 

Independiente en la teoría

Sin dinero, la entidad no puede organizar eventos, poner en marcha proyectos y, en ningún, caso contratar trabajadores. En definitiva, el comité permanente que lo dirige no puede ejercer sus funciones. «No tenemos personal de apoyo, lo que implica que los que estamos dentro tenemos que cargar con todo. La supuesta independencia que deberíamos tener no existe porque sin dinero poco podemos hacer, dependemos de la buena voluntad del Gobierno para actuar», señala Hernández. 

Desde la Dirección General de Juventud, su directora, Laura Fuentes, admite que en la Administración existe un «desconocimiento general» sobre la figura jurídica del Consejo. Sin embargo, es la misma personalidad que posee el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana y el Consejo de la Juventud de España. Este último, precisamente, asesoró en 2021 a Canarias en el desarrollo del decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la entidad. Laura Fuentes insiste en que su departamento ha puesto facilidades para la normalización de la personalidad jurídica del Consejo, pero el resto de consejerías, desde Hacienda hasta Función Pública pasando por Patrimonio, que no han trabajado en la configuración del órgano, «han generado problemas para tramitar sus expedientes».

Pero, ¿qué son las corporaciones públicas de base privada? Son entidades compuestas por asociaciones u organizaciones privadas que ejercen una función pública, el ejemplo más claro es el de los colegios profesionales como los de abogados o farmacéuticos, que ejerce el turno de oficio o los horarios de guardia.  

El Consejo de la Juventud canaliza la participación de los jóvenes en la vida democrática, por lo que cumple una función pública, pero para el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, y experto en el tema, Enrique Hernández, debería ser público en su totalidad ya que su financiación corre a cargo del Gobierno. «A pesar de que esta compuesto por representantes de asociaciones de estudiantes o juveniles, no es una plataforma. Se está confundiendo los medios con el fin y eso conlleva problemas porque es confuso saber a qué reglas debe acogerse el Consejo. Además, su presupuesto no es híbrido, no hay aportaciones privadas como ocurre en los colegios profesionales».

Ante esta situación, el comité pidió a la Dirección de Juventud cambiar de personalidad jurídica en la nueva Ley de Políticas de Juventud que sustituirá a la de 2007, pero Fuentes afirma que la petición llegó cuando ya la norma había sido aprobada por el Consejo de Gobierno, por este motivo, la modificación se debatió directamente en el Parlamento. «Mi compromiso era que si todos los partidos del pacto de las flores estaban de acuerdo se haría», apunta Fuentes. No obstante, para los grupos de la Cámara una alteración dos años después de asentar la forma actual es «complicado», por lo que se decidió mantener la corporación pública de base privada. Eso sí, en el texto del proyecto de ley se ha añadido una disposición para garantizar el entendimiento entre las consejerías. El departamento de Fuentes confía en que con esta orden pueda ponerse finalmente en marcha el Consejo. 

Los miembros de la entidad se muestran sin embargo escépticos sobre su viabilidad y reiteran que si la situación no cambia a medio plazo echarán el cierre. «Si intentamos hacer algo y lo único que nos ponen son trabas pues me dirás tú qué motivación hay para seguir», lamenta el vicepresidente. 

Valencia como ejemplo

El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana es uno de los referentes a nivel nacional. Nació hace 40 años y a principios de los 2000 pasó a ser una entidad pública de base privada para garantizar su independencia frente al Gobierno. Actualmente cuenta con cerca de 500.000 euros de presupuesto anual que provienen en su mayoría de subvenciones y convenios firmados con diferentes consejerías. A parte, las asociaciones juveniles que lo conforman, al rededor de 30, aportan una cuota simbólica. «Cumplimos una función pública, por lo que ley obliga a la Administración a prestarnos los recursos suficientes para funcionar. En la Comunidad Valenciana hay una gran predisposición del Ejecutivo a recibirnos y escucharnos. Eso no quita que las entidades que conforman el Consejo también pongan algo, pero es mínimo» declara la presidenta del órgano, Cristina Martínez.

Cuenta con diez trabajadores en la oficina central y cinco técnicos que se desplazan por las tres provincias de la región dando charlar en institutos y otras actividades enmarcadas dentro de los proyectos que tiene en marcha. Colaboran con Consejerías como la de Medio Ambiente para acometer programas o estudios en los que los jóvenes son los protagonistas. «Es importante acercar a la clase dirigente la realidad de nuestro colectivo, los adultos no pueden hacer política para jóvenes sin los jóvenes, tienen que escucharnos en vez de hablar en nuestro nombre», indica Martínez.

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