Canarias presiona para lograr el plácet de Bruselas al límite de los billetes

Objetivo: convencer a Bruselas y tranquilizar a las líneas aéreas. Esa es la obsesión del Gobierno de Canarias en relación con el proyecto de puesta en marcha por parte del Ejecutivo central, único competente para ello, de una Obligación de Servicio Público (OSP) en alguno de los trayectos aéreos entre algún aeropuerto de las Islas y otro de la Península como fórmula para topar las tarifas y tratar así de impedir la subida desproporcionada del precio de los billetes en determinadas épocas de año. Por eso, el Ejecutivo regional de la mano de su consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, está desplegando toda su capacidad diplomática hacia las autoridades comunitarias y ante la patronal del sector para, en cada ámbito de una manera distinta, impedir que lo pongan en cuestión.

«Antes del verano tomaremos medidas contra la subida de los precios aéreos»

La baza comunitaria es la que más preocupa a los impulsores de la fórmula de la OSP, que se pretende iniciar en junio y aplicar durante un año y que supondría limitar el precio de los billetes, y por eso Franquis ya dio el primer paso hace dos semanas durante un viaje a Bruselas para pedir financiación para los proyectos ferroviarios del Archipiélago. Aprovechando el desplazamiento, que hizo junto al vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, mantuvo contactos con algunos funcionarios de la comisaría de Competencia, que dirige la danesa Margrethe Vestager, para explicar la medida, aunque fuera de momento de manera informal, antes de que se tenga que producir algún tipo de comunicación oficial por parte de los ministerios implicados.

Con el 75 % de subvención las tarifas han subido hasta comerse parte de la bonificación

En ese primer contacto con la Comisión Europea, Franquis cree haber tenido una respuesta tranquilizadora, pero es consciente de que cualquier pronunciamiento formal al respecto puede ser menos ‘amable’ y más exigente. Sobre todo si se produce como consecuencia de cualquier recurso contra una medida que las compañías aéreas siempre han considerado contraria a la normativa comunitaria sobre la libre competencia en el sector, además de una posible ayuda de Estado no sujeta a las estrictas normas de la UE en este sentido.

Pero la consejería de Transportes cree estar en condiciones de convencer de que se trata de una herramienta que no interviene ni distorsiona el mercado, y que ya se aplica en otras muchas de las más de cien subvencionadas por los Estados miembros correspondientes y autorizadas en la UE.

El argumento central es que desde la implantación en 2018 del 75 % de subvención del transporte aéreo a los residentes en Canarias, las tarifas han subido desproporcionadamente hasta el punto de comerse parte de la bonificación, especialmente en las épocas de más demanda, el verano y la Navidad.

El sindicato de transportes europeo secunda las OSP en los vuelos con la Península

Según los informes del Observatorio de Precios, el incremento media de las tarifas el año pasado respecto al anterior fue del 18 %, pero en algunas rutas alcanzó el 47 %. Según esos informes, durante el año pasado la tarifa media que abonó el 64% de los viajeros entre las Islas y la Península fue de 117 euros por trayecto (sin aplicar descuento a residentes), y de ese porcentaje, al 55% le costó menos de 100 euros. La diferencia de lo que abonó el 36% restante se debe, según los estudios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al incremento de precios en las temporadas de mayor demanda.

Para tratar de curarse en salud respecto a las posibles trabas en Bruselas, Canarias y el Ministerio de Transportes quieren desactivar el principal foco de riesgo de conflicto, que no es otro que el sector de las compañías aéreas, con quienes quieren contactar de inmediato para explicarles la medida y asegurarles que no se pretende intervenir en el mercado puesto que se garantizará el mantenimiento de la plena competencia.

Franquis ha recibido una primera respuesta tranquilizadora de la Comisión Europea

Es del sector de las aerolíneas de donde las administraciones creen que pueden partir los recursos ante Bruselas o ante la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La principal información que quieren transmitir a la empresas es que se trata de una prueba piloto, de un año de duración, para comprobar el efecto sobre el mercado y que si a lo largo de la misma se comprueba una consecuencia indeseada a en la conectividad, se eliminaría de inmediato. Si por el contrario se comprueba que la limitación de precios no afecta ni al mercado ni a la conectividad del trayecto elegido, y evita los picos tarifarios en periodos de alta demanda, se aplicaría a otras rutas de las mismas características.

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