Derechos Sociales

Más de 40.000 pensionistas reclaman a Santana que acelere los pagos de la renta ciudadana

Las asociaciones exigen que se aplique cuanto antes el complemento a las pensiones no contributivas ante el aumento de la pobreza en los beneficiarios

Noemí Santana (izquierda) y Patricia Hernández en el pleno del Parlamento.

Noemí Santana (izquierda) y Patricia Hernández en el pleno del Parlamento. / María Pisaca Gámez

La renta canaria de ciudadanía entrará en vigor el próximo 29 de marzo pero los complementos para incrementar las cuantías de las pensiones no contributivas tardarán porque necesitan un desarrollo reglamentario y está previsto que la nueva prestación se aplique por fases. Sin embargo, los colectivos de pensionistas reclaman al Gobierno canario que acelere los pagos de este tipo de pensiones porque hay más de 42.000 personas que las reciben en Canarias y no llegan a 500 euros de ingresos, lo que les deja por debajo del umbral de la pobreza en un escenario donde la inflación ha empobrecido aún más a este tipo de familias.

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias y la Plataforma por la Defensa de las Pensiones de Gran Canaria demandan a la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, que desarrolle y aplique antes de las elecciones el artículo 43 de la ley de renta canaria de ciudadanía, que desarrolla el complemento a las pensiones no contributivas destinado a las familias con mayor necesidad de protección social. Según la norma es una prestación económica de carácter periódico y finalista, excluida de la normativa general de subvenciones, de carácter personal, nominativa e intransferible y complementaria de los ingresos. Sin embargo, la previsión del Ejecutivo es desplegar los diferentes incentivos y prestaciones por fases, prestando especial atención en un primer momento a los beneficiaciones de la prestación canaria de inserción (PCI) y a los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La ley atiende primero a la PCI y aplaza los complementos a un reglamento posterior

Lo que establece la ley en su disposición final es que los complementos de vivienda, de educación y de las pensiones no contributivas serán de aplicación tras la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se aprueben en desarrollo de la ley y que establezcan y regulen de manera singularizada estos complementos previstos.

Esta forma de aplicar las prestaciones que contiene la ley no convence a las asociaciones de pensionistas y por eso reclaman que el complemento de las pensiones no contributivas se ponga en marcha de inmediato y que su desarrollo "debe simplificarse y el trámite debe ser directo, pues esas personas tienen reconocida la pensión y es la propia Comunidad Autónoma quien la gestiona y dispone de los datos necesarios", advierte Carmen Pérez Núñez, miembro de la Asociación, afirma que "las pensiones no contributivas son tan urgentes como la PCI porque estamos hablando de personas y familias que se encuentran en la pobreza, la mayoría mujeres, que no tienen otros medios y su situación de vulnerabilidad es permanente".

A la cola

Canarias "está a la cola" en este tipo de prestaciones y complementos, agrega Pérez Núñez, que recuerda como el País Vasco cuenta con este tipo de complementos desde hace años igual que la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo en Canarias se va con retraso mientras aumenta la pobreza severa y estas familias se ven cada vez con menos recursos. "No se entiende que, ante la pobreza reinante, se aplacen las medidas después de tantos años de espera. Les recordamos que desde 2018 entregamos al Gobierno autónomo un escrito firmado por unos 5.000 de ciudadanos solicitando el complemento de las pensiones mínimas y no contributivas para contrarrestar la precariedad en la que viven miles de canarios", añade. 

Los colectivos de pensionistas de las Islas piden "voluntad política" para llevar a cabo esta medida antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo porque, en caso contrario, habría que esperar a final de año o el próximo para que se aplique el complemento. Asimismo, también se solicita que en cualquier caso la paga complementaria tenga efectos retroactivos a la entrada en vigor de la ley, como se va a hacer con la PCI.

Carmen Pérez también llama la atención sobre la realidad de las pensiones contributivas, que en Canarias son más bajas que la media nacional, por lo que hay muchas familias con cuantías que no llegan al 60% del salario medio del país, que es de unos 1.200 euros. Por eso las plataformas de pensionistas reclaman que también se complemente este tipo de pagas, si bien desde Derechos Sociales se ha negado esta posibilidad porque son pensiones que dependen del sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, la portavoz de los colectivos asegura que hay comunidades que complementan este tipo de prestaciones desde hace años como es el caso paradigmático del País Vasco.

En Canarias, según datos de diciembre de 2022, hay 349.700 pensiones contributivas y 42.387 no contributivas, sin contar a los autónomos, con una brecha de género de un 25,5% y con una pensión media de 997,60 euros y donde el 50% cobra por debajo de 950 euros.

Suscríbete para seguir leyendo