Los dueños de Leche Sandra buscaban favores económicos y urbanísticos

Los dueños de Leche Sandra acudieron a la trama corrupta formada por el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, los políticos Juan Bernardo y Taishet Fuentes, y varios empresarios para obtener beneficios económicos y urbanísticos. Los empresarios pretendían construir una planta de biomasa, instalar un campo fotovoltáico y ampliar sus instalaciones en el municipio de Agüimes, además del cobro de subvenciones que estaban paralizadas en la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. La empresa llegó a pagar al menos 14.600 euros a los principales cabecillas de la organización criminal desarticulada el pasado martes sin obtener nada a cambio, ni las ayudas que le habían prometido por un tractor que habían comprado ni tampoco avance alguno en los proyectos.

El que fuera director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y hasta el pasado martes candidato a la alcaldía del municipio majorero de Antigua, Taishet Fuentes, es quien pone en contacto al principal actor del grupo delictivo, el conseguidor o mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte, con los empresarios Inmaculada Roca ‘Mima’ y Esteban Banús, que adquirieron en 2016 de la histórica marca láctea grancanaria. Ocurre en diciembre de 2020 y de la reunión nace una serie de peticiones urbanísticas por parte de Roca y Banús, que quieren levantar una planta de biomasa, ampliar sus instalaciones para unificar la lechera y la granja, e instalar placas fotovoltaicas. Quieren que su empresa sea reconocida por ser ecosostenible.

¿Quién es quién en el caso Mediador?

Influencia política

Los empresarios pretenden que la trama medie con el Ayuntamiento de Agüimes para que dé vía libre a los expedientes de estas inversiones. El conseguidor hace valer durante las negociaciones su influencia dentro de la política y les asegura que va a reunirse con el regidor del municipio del Sureste, Óscar Hernández, con quien, afirma, mantiene una buena amistad. Según las fuentes consultadas, Navarro Tacoronte en el siguiente encuentro con los empresarios les dice que el regidor exige una mordida para acceder a dar el permiso a la ampliación de Leche Sandra. El propio Hernández desmintió este viernes a este periódico que se produjera tal encuentro con el mediador.

"No sé ni quién es", declaró el alcalde en referencia a Navarro Tocoronte. "Todas las licencias del municipio de Agüimes cumplen estrictamente con los informes técnicos; cuando cumplen todos los requisitos se conceden, si no, no se les concede", zanjó Hernández, quien aseveró que «no hay ninguna intervención política en este tipo de cuestiones».

Historial delictivo

El mediador, quien cuenta con un amplio historial delictivo con asuntos varios como estafa o robo, y Taishet Fuentes son los miembros de la trama que se encargan de dirigir todas las negociaciones con Leche Sandra. Lo hace sobre todo el primero, que es quien lleva la voz cantante en detrimento del político que, según las fuentes, tiene como único cometido utilizar su influencia bajo la figura de director general de Ganadería para conseguir los resultados deseados. El conseguidor llega a achantar a Fuentes, le pide que hable lo menos posible durante las reuniones y le reconoce que graba todas las conversaciones, que entregó a los investigadores, con un dispositivo que tiene en un pin.

Con el paso del tiempo, Navarro Tacoronte se gana la confianza de Roca y Banús. Éste saca a relucir supuestos contactos dentro del Puerto de La Luz, donde les promete que intermediaría para que pudieran construir su propio silo, o les anima a convertirse en los distribuidores de leche de los hospitales de la Isla, una idea esta última que gusta a los empresarios que llegan a donar productos lácteos a punto de caducar al Hospital Materno Infantil.

Blanqueo

Para llevar a cabo todas las peticiones, Navarro Marrero les exige que hagan una transferencia de 5.000 euros al club de fútbol de la localidad majorera de Tetir que preside el diputado nacional socialista Juan Bernardo Fuentes. Estos cumplen, hacen el pago como concepto de publicidad y bajo el epígrafe "colaboración para fútbol base", pero exigen una factura para intentar dar apariencia de legalidad a la operación. Esta jugada enfada al conseguidor y así se lo hace ver. Y pide más dinero en plenas navidades: dos pagos de 3.250 euros cada uno y un tercero de más 3.100, a lo que acceden.

A principios de enero entra la figura del general de división Francisco Espinosa Nava. Como ya realizara la red corrupta con otras empresas, piden a Leche Sandra que envíen al domicilio de Madrid del alto mando de la Guardia Civil un regalo de bienvenida para que así intermedie entre sus contactos en la Isla. Poco después, el empresario Esteban Banús se reúne en la capital grancanaria con el excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas y Navarro Tacoronte, momento a partir del cual todo se empieza a torcer.

Facturas

Las relaciones entre los empresarios y el mediador se complican después de esta reunión. Los empresarios quieren legalizar los pagos y solicitan a la trama documentación contable para añadirla a sus cuentas. Los estafadores quieren desviar la atención, pero piden a otro de los miembros de la organización, el empresario de la construcción Miguel Ángel Robayna García, que les pase una factura falsa por 16.050 euros, una cifra superior a los 14.600 euros que supuestamente habían pagado.

Banús intenta en un momento volver a retomar las conversaciones. Pide al conseguidor que el todavía director general de Ganadería, Taishet Fuentes, intermedie con JSP para que fabrique leche ultrapasteurizada de la marca Sandra UHT que les permita entrar en los hospitales, pero apenas recibe respuesta. En marzo de 2021 incluso llega el tractor comprado por la lechera y que iba ser subvencionado, pero las ayudas nunca llegan. Es entonces cuando las relaciones se rompen por completo.

El modus operandi es idéntico con el resto de empresas extorsionadas por la red dirigida por el mediador, que es el encargado de mover todos los hilos con la connivencia de los Fuentes, quienes aprovechan su cargo como directores generales de Ganadería para obtener información privilegiada, y el general de la Guardia Civil. Los cuatro fueron detenidos el martes junto a otras ocho personas. Solo el guardia civil ingresó en prisión. 

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