La juez pide a la Guardia Civil que rastree los bienes del excoronel en seis países

La instructora también pide información de una cuenta que Espinosa tiene en Bélgica

El general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa en su antiguo despacho de la Comandancia de Las Palmas.

El general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa en su antiguo despacho de la Comandancia de Las Palmas. / LP/DLP

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife que dirige el Caso Mediador ha solicitado a la Guardia Civil que rastree en Níger, Mauritania, Marruecos, Senegal, Malí y Cabo Verde el patrimonio -bienes y dinero- que el exgeneral de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, pudiera tener. Espinosa, detenido y puesto en prisión como cabecilla de la trama de corrupción del caso Mediador, pudo haber aprovechado su cargo de director de un proyecto en África, en una misión de la Unión Europea, para enriquecerse.

El exgeneral, que está acusado de cohecho y tráfico de influencias, pasó varias etapas en el continente negro. A su salida de la Comandancia de Las Palmas como coronel jefe, en 2012, recibió el encargo de dirigir el proyecto UE EUCAP Sahel-Niger para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Antes de jubilarse, lideró entre 2017 y 2021 otra iniciativa europea, Gar-si Sahel, para la formación de los agentes africanos hasta junio de 2021. Durante esta última estancia, el general supuestamente intermedió en favor de uno de los empresarios involucrados en la trama, el valenciano Juan Suárez Estévez que se dedicaba a la venta de drones. Este último obtuvo hasta tres contratos por valor de 2,1 millones de euros.

Papá

El propio Suárez Estévez reconoció en uno de los audios grabados por el conseguidor involucrado en la organización, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, que: «Todo lo que hago con África es a través de Papá», como conocían parte de los implicados en la trama del Caso Mediador al general de división. Suárez Estévez trató de utilizar la influencia de Espinosa y de los exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias, los socialistas Juan Bernardo y Taiseht Fuentes, para introducirse en el Archipiélago. Su objetivo era vender los aparatos a las ganaderías de las Islas.

La jueza no solo solicita conocer el patrimonio del guardia civil en los países africanos, sino también de su mujer y sus dos hijos. Asimismo, pide que se requiera información a Bélgica por un número de cuenta que Espinosa facilitó a Navarro Tacoronte para que le hiciera una transferencia.

El excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas -la máxima figura del Instituto Armado en la provincia- permaneció sus últimos años en el cuerpo en África con el citado proyecto Gar-si Sahel. Aunque su retiro del Instituto Armado estaba fijado para el 11 de enero de 2021, cuando cumplió 65 años, éste continuó con el programa africano otros seis meses más hasta que en junio se jubiló de manera definitiva.

12.000 euros mensuales

Durante su estancia en África cobraba unos 12.000 euros mensuales como responsable de la misión. Cuando ya finalizó su contrato, recibió otros 32.000 euros en concepto de indemnización y otros 12.000 por el finiquito. A partir de entonces su emolumentos se redujeron de forma considerable hasta los 2.553 en modo de pensión por jubilación, según se desprende de la información obtenida por la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la investigación por el Caso Mediador.

En las conversaciones que Navarro Tacoronte entregó a la Policía Nacional también se encuentra una conversación en la que el excoronel jefe de Las Palmas habla de que después de veinte años en el cuerpo se quemó mucho, que tuvo la oportunidad de entrar en Cabo Verde pero que el dinero de allí no se puede sacar. «Con cuatro putas tarjetas puedes vivir», pero añade que es difícil no ser un corrupto. «Viviendo allí eres el rey, capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día».

Ya Francisco Espinosa fue investigado cuando era coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas por revelación de secreto, aunque aquellas diligencias quedaron archivada. Se le acusaba de haber avisado a la entonces alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, de que se fuera a producir un registro en su vivienda dentro de la investigación del Caso Unión.

Suscríbete para seguir leyendo