‘Caso Mediador’

La oposición saca los colores al presidente Torres por el 'tito Berni'

CC y PP piden explicaciones ante el «pacto de silencio» del Gobierno regional frente a la trama

La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, y el diputado nacionalista y consejero de Agricultura en la anterior legislatura, Narvay Quintero, en el Parlamento.

La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, y el diputado nacionalista y consejero de Agricultura en la anterior legislatura, Narvay Quintero, en el Parlamento. / MARIA PISACA

La oposición en el Parlamento de Canarias reclamó ayer al presidente Ángel Víctor Torres que dé la cara ante la trama de sobornos y extorsión en la que están implicados el exdirector general de Ganadería y candidato a la Alcaldía de Antigua, Taishet Fuentes y su predecesor en el cargo, su tío y diputado socialista en el Congreso hasta su detención, Juan Bernardo Fuentes. Tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) exigieron una explicación a Torres –que es también secretario general del Partido Socialista (PSOE) en las Islas– ante el conocido como caso Mediador, que investiga el presunto fraude, malversación, cohecho y tráfico de influencias en la gestión de las ayudas de la Unión Europea (UE) destinadas al sector ganadero en Canarias, además de otros contratos. 

El presidente Torres mantuvo ayer de nuevo silencio a pesar de la insistencia de los grupos de la oposición, tanto durante la sesión plenaria que se celebró en la Cámara regional como en los pasillos del propio Parlamento regional, donde tampoco quiso pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que ya han pasado diez días desde que se produjeran las primeras doce detenciones vinculadas al caso. 

La oposición redobló ayer sus exigencias a Torres pero también al resto de los grupos que sustentan al Gobierno regional acusándoles de haber firmado un «pacto de silencio». «¿Qué estarían diciendo los representantes de Podemos, ASG, Nueva Canarias y el propio PSOE si los implicados en esta trama hubieran sido cargos o afiliados de Coalición Canaria?», se preguntó el portavoz nacionalista José Miguel Barragán. Bajo su punto de vista, las evidencias que investiga desde Santa Cruz de Tenerife la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres son «de tal gravedad» que «requieren la asunción de responsabilidades». Por lo que aseguró no entender por qué el presidente se mantiene en silencio. 

Asimismo, Barragán se mostró convencido de que lo que sí ha evidenciado el caso es la «incapacidad» del Gobierno para articular «los mecanismos de control necesarios para una buena gestión administrativa». El portavoz nacionalista lamentó que la presunta extorsión a empresarios tuviera su punto de partida en la Consejería de Agricultura. Precisamente, con un uso fraudulento de las ayudas europeas, en un momento muy delicado para el sector, que ha lanzado en varias ocasiones un SOS ante las dificultades que tiene debido a los sobrecostes. Una ayuda que muchos no han recibido a tiempo. Según las declaraciones de varias asociaciones, la gestión de la Consejería en los últimos cuatro años ha sido «un desastre», no solo por el reparto de las ayudas sino también por la incapacidad para aplicar la Ley de Cadena Alimentaria o para desarrollar las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA).

Ahora, el estallido del caso Mediador ha sido la puntilla para el sector. Para Fernando Enseñat, diputado del Partido Popular, Torres no puede quedarse callado ante unos hechos «muy escandalosos» que afectan a dos directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias. Además, «ya se empieza a hablar de conexiones con el exdirector general de Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez», que dimitió el pasado mes de noviembre por su imputación en el caso Mascarillas. «El presidente no puede seguir escondiéndose detrás de una investigación abierta y de su consejera, tiene que salir a explicar qué está pasando con su Gobierno y por qué continuamente están surgiendo escándalos», recalcó. 

Tanto CC como el PP hicieron hincapié en la necesidad de que el Gobierno explique las razones que le llevaron el pasado mes de junio a destituir como director general de Ganadería a Taishet Fuentes y si ya entonces tenían conocimiento de sus actuaciones. Para ello, han registrado en la comisión de agricultura que se celebra hoy dos preguntas dirigidas a la consejera Alicia Vanoostende. 

El caso Mediador se coló también ayer en el debate de la sesión parlamentaria, toda vez que uno de los puntos del orden del día era la convalidación del decreto ley para aplicar el tipo cero en el IGIC para los insumos necesarios para desarrollar la actividad ganadera. Una medida que busca precisamente mitigar la asfixia que está sufriendo el sector ante los sobrecostes que han tenido.

El diputado nacionalista Narvay Quintero –que precedió a Vanoostende en el cargo de consejero de Agricultura– aprovechó su intervención en el debate para pedir que se dignifique el trabajo de los funcionarios de la Consejería de Agricultura y de los ganaderos, que «nada tienen que ver» con «lo que está cayendo» en el caso Mediador. Asumió que la ganadería canaria vive un momento triste y tras reclamar «transparencia y justicia», aseguró que su intención no es judicializar el Parlamento ni acusar a todo un partido, el PSOE, de corrupto por unos casos puntuales. Aunque precisó que «otros sí lo han hecho» con su propia formación «y por menos que esto». 

«Cuando los ganadero no tenían dinero para darle de comer a sus animales otros iban a Madrid a otras cuestiones», señaló el diputado popular Juan Manuel García Casañas desde la tribuna, refiriéndose a un caso que aseguró ha abochornado a todo el sector en Canarias.  

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La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, recalcó ayer que la respuesta de su partido ante el caso Mediador ha sido «lo suficientemente firme y contundente». Fierro defendió que el presidente canario Ángel Víctor Torres «fue el primero en salir a los medios de comunicación y dar la cara, tomando además las medidas que había que adoptar». Fierro afirmó que los comportamientos como los que están siendo publicados estos días «no representan en absoluto los valores del PSOE», razón por la que «nuestra organización reaccionó de forma inmediata y contundente, como no puede ser de otra manera y como lo hemos hecho históricamente». Para la también presidenta del grupo Socialista en el Parlamento, ahora debe ser la Justicia la que esclarezca los posibles delitos cometido y apeló al compromiso socialista «con la buena política, la que sirve y defiende el servicio público. Por último, rechazó la utilización partidista de quienes solo pretenden ver en todo esto «una oportunidad de hacer daño» sin reparar en que «no están en condiciones de dar ninguna lección al respecto». | Efe

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