Examen final al Ejecutivo con el empleo aprobado y la ‘disculpa’ de las mil crisis

El examen final. El proyecto de fin de carrera. Ángel Víctor Torres y su gabinete afrontarán desde este próximo martes el último debate sobre el estado de la nacionalidad de la legislatura. Cuando el jueves se vacíe el salón de plenos del Parlamento –el debate se divide en tres jornadas–, ya quedarán menos de cien días para las elecciones del 28 de mayo. Faltarán 99 días exactos. Así que el presidente del Gobierno de Canarias tendrá que defender –y los partidos, evaluar– la tarea hecha desde que el 16 de julio de 2019 prometiese el cargo. Será la rendición de cuentas de todo el mandato, el examen de la gestión no ya de Torres, sino del llamado pacto de las flores, ese que por primera vez en la etapa autonómica sentó a la mesa del Consejo de Gobierno a representantes de cuatro fuerzas políticas distintas. Una gestión, es verdad, jalonada por una histórica sucesión de reveses –la quiebra de Thomas Cook, varios incendios de gravedad, la covid y la consecuente desaparición de los turistas, el cero energético en Tenerife, el incremento de la inmigración irregular, la erupción en La Palma, la crisis de precios, la invasión rusa de Ucrania, sus consecuencias– en la que el Ejecutivo no tuvo, claro, responsabilidad alguna.

Pero sí es su responsabilidad la mejor o peor situación en que las Islas y sus ciudadanos han salido o están saliendo de esa sucesión de infortunios. Una tarea titánica para la que el Gobierno regional ha contado, y esto también es cierto, con más dinero que nunca en las arcas autonómicas. A diferencia de aquellos gobiernos de Paulino Rivero que tuvieron que enfrentarse a la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión con una Unión Europea que solo pensaba en términos de austeridad y de reducción del gasto público, el cuatripartito de las flores ha tenido tras de sí unas instituciones comunitarias dispuestas a abrir el grifo de Bruselas como nunca antes. El más claro exponente es ese macrofondo Next Generation que no acaba de arrancar. En definitiva, si es verdad que la coyuntura no les ha sido favorable ni a Torres ni a su equipo, no es menos cierto que han tenido herramientas no solo para capear el temporal, sino incluso para preparar a la Canarias del futuro. Al fin, y llegado el último gran debate de esta X Legislatura, la gestión del Ejecutivo, como las de los gobiernos precedentes y las de los gobiernos que vendrán, presenta toda una gama de tonalidades. Claroscuros.

8.438 millones de euros

El presupuesto para 2019 –ese que gestionaron el gabinete de Fernando Clavijo, en el primer semestre, y el de Torres, en la segunda mitad del año– ascendió a 8.438,5 millones de euros. El presupuesto para el actual ejercicio supera por mucho los 11.000 millones. El Ejecutivo cuenta con hasta un 31,1% más de fondos públicos que al comienzo de la legislatura. Un aumento extraordinario que es incluso mayor, de un 66%, en el caso de los dineros para inversiones, que suman casi 1.800 millones de euros en las cuentas de este año. Ninguno de los anteriores gobiernos tuvo tanta capacidad ni tantas posibilidades para influir en la economía regional, lo que precisamente se materializa a través de las inversiones.

El problema es que sigue sin solucionarse la baja ejecución presupuestaria que caracteriza a la Comunidad Autónoma en lo que a la inversión se refiere. A falta de los datos de 2022 –de los datos del Ministerio de Hacienda, que son los que van a misa–, resulta que las consejerías invirtieron en 2021 menos del 70% de los dineros con que contaban, menos de siete de cada diez euros (incluidas las operaciones de capital, donde se consignan los fondos que se transfieren a otras instituciones para que estas los inviertan). En 2018, el último ejercicio antes de que el cuatripartito cogiera las riendas del Gobierno, el porcentaje de ejecución no era mucho mejor –71,61%–, pero era ligeramente mejor (en 2021 fue de un 69,56%). Por más que desde la Consejería de Hacienda se insista en que los niveles de ejecución son históricos, lo cierto –más allá de esa comparación puntual entre 2018 y 2021– es que el calificativo histórico no alcanza a las inversiones. Y resulta que el termómetro para valorar la ejecución presupuestaria de un gobierno cualquiera no está en los capítulos 1 o 2, ya que pagar nóminas y recibos de la luz, el agua o los alquileres es sencillo, sino en los capítulos 6 y 7, los de las inversiones directas e indirectas.

Guarda relación con lo anterior el fiasco en materia de vivienda pública, un fiasco con varias lecturas. El consejero del área, Sebastián Franquis, ha explicado que el plan heredado del anterior gobierno era tan malo que hizo falta reelaborarlo desde cero hasta disponer de una nueva hoja de ruta en la que se prevé la construcción de 5.900 viviendas.

Las nuevas políticas

No obstante, la materialización de esta nueva política y objetivos llevará tiempo, con lo que esta ha sido otra de las varias legislaturas en que no se ha levando ni una sola vivienda nueva, o casi. Será el gabinete que salga de las urnas el 28 de mayo el que deberá ejecutar el grueso del plan de Franquis y el que, de alguna manera, dará valor a este trabajo. Si en verdad es esa planificación que tanto hacía falta en las Islas, la siguiente legislatura tendrá que ser la de las grúas, el ladrillo y el cemento, de modo que lo hecho en el actual mandato habrá dado resultado; si no, el Archipiélago habrá perdido otros cuatro años.

Aún en el ámbito de lo social y lo sociosanitario, el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo sus políticas entre las sombras de la pandemia y las del colapso de los hospitales que aquella causó. Algo tan impepinable como que la política de gasto público a espuertas promovida desde Bruselas, lo que en la práctica supuso la suspensión de las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ha permitido incrementar la plantilla del Servicio Canario de Salud (SCS) en hasta 7.000 trabajadores. El caso es que en los estertores de la legislatura, ya sea por lo que supuso el coronavirus, por una deficiente gestión, por las deficiencias arrastradas o por una combinación de todo ello, las urgencias están, como mínimo, tan colapsadas como siempre –hasta 11 ambulancias se agolparon días atrás y durante horas en el acceso a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias en espera de que las personas a las que trasladaban pudieran acceder a las urgencias– y las listas de espera no mejoran. De hecho empeoran. De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados, los correspondientes al 30 de junio de 2022, hay casi 33.000 personas en la lista de espera para operarse, un 32% más de las que había al comienzo de la legislatura. Con todo, lo peor es que algo más de 8.100 llevan en espera para entrar al quirófano más de seis meses, hasta un 60% más de las que había el 30 de junio de 2019. En ese momento había que aguardar una media de 127 días para operarse. Ahora son 144.

Tres cuartos de lo mismo ha ocurrido en la atención a las personas dependientes. Se ha reforzado el personal, ha habido cambios en la dirección del departamento y se han agilizado los trámites. Pero Canarias sigue a la cola del país en lo fundamental: el tiempo que pasa desde que un dependiente solicita la ayuda hasta que efectivamente recibe la ayuda. La demora media en España es de 342 días, es decir, que transcurren 342 días, prácticamente un año, entre el momento en que la persona solicita la prestación y el momento de la resolución. Pues bien, la tardanza media en las Islas llega a 963 días, más de dos años y medio, la mayor de todas las Comunidades Autónomas.

Ya fuera de lo estrictamente social y sociosanitario, la economía también depende del color del cristal con que se mire. Hay que puntualizar, eso sí, que la participación del Gobierno de Canarias en la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), la industria turística o el mercado laboral es más bien poca. Al menos en comparación con la del sector privado: las empresas, los autónomos, los trabajadores... Y en todo caso tendrá tanta responsabilidad en lo bueno como en lo malo. Dicho de otro modo: Torres dispondrá de tantos argumentos económicos a su favor en el debate sobre el estado de la nacionalidad como argumentos económicos en su contra tendrán los partidos de la oposición.

No tiene mérito pronosticar que los asesores del presidente insistirán durante la preparación del discurso en el extraordinario buen momento que atraviesa el mercado laboral en la Comunidad Autónoma. Un buen momento cuando menos en lo cuantitativo. Ya no se trata de que los 990.800 ocupados con que el Archipiélago despidió 2022 sean un 10,1% más de los que había en junio de 2019, cuando comenzó la actual legislatura. Tampoco de que los 865.597 afiliados a la Seguridad Social sean un 6,8% más que entonces. Lo relevante no es que se superen las cifras de mediados de 2019, que vienen a ser las cifras previas a la doble crisis de la covid y la inflación, sino que tanto los ocupados como los afiliados están en máximos históricos. Ello ha contribuido a que hoy sean unos 70.000 desempleados menos que al inicio del mandato y a que la tasa de paro bajase desde el 21% de entonces al actual 14,6%.

Lo anterior, esa histórica coyuntura laboral, tiene mucho que ver con una reactivación turística hasta cierto punto sorprendente. Canarias depende sobremanera del gasto de sus visitantes ingleses, alemanes, franceses o neerlandeses, y el gasto se ha disparado; y con él, la actividad de los hoteles, apartamentos, bares, cafeterías, restaurantes y demás negocios, lo que a su vez ha obligado a estas empresas a contratar más personal. Una cadena que se ha engrasado a toda velocidad tras lo peor de la pandemia y que en última instancia está detrás del récord de empleos. Las Islas han aprovechado la fiebre turística de los europeos tras las cuarentenas y encierros por la covid. La región cerró 2022 con algo más de 12,3 millones de visitantes, solo un 6,2% menos de los que recibió en 2019. Pero lo importante no es tanto esto último como que quienes el año pasado pasaron sus vacaciones en el Archipiélago gastaron más, aun siendo menos, que quienes vinieron en 2019. Desembolsaron cerca de 17.500 millones de euros, una facturación récord para el motor económico.

Mercado laboral

Tampoco resulta arriesgado vaticinar que los asesores de los partidos de la oposición harán hincapié durante estos días previos al debate sobre el estado de la nacionalidad en las grandes cifras de la economía, que no discurren en paralelo a las del mercado de trabajo. El PIB fue en 2022 inferior al de 2019. Es cierto que aún hay que esperar hasta conocer el dato definitivo, pero no es menos cierto que no hay ni una sola previsión, ni las más optimistas, que sitúe el PIB del último ejercicio por encima de los 47.183 millones de euros de 2019. Según los últimos cálculos de la Consejería de Economía, el valor de los bienes producidos y servicios prestados en el Archipiélago en 2022 se quedó en unos 46.400 millones, que pueden ser más, hasta rozar los guarismos de 2019, para entidades como el BBVA o instituciones como la AIReF. Pero más allá, y aun cuando el dato definitivo del INE sorprenda a propios y extraños y supere los guarismos de 2019, este será insuficiente para empezar a corregir la eterna baja productividad de la economía regional y la bajísima renta per cápita de los canarios. Se trata de un fenómeno fácil de entender: hay más trabajadores que nunca pero generan menos que en 2019, con lo que cae la productividad; y como esa renta o riqueza generada es menor, toca a menos renta o riqueza por persona, que es lo que se conoce como PIB per cápita. Este indicador no es infalible pero sí encierra una certeza: cuanto más alto es el PIB per cápita de un país o región, más alto es su nivel de vida. No extraña así que en la Canarias de los récords laborales haya más personas y hogares con dificultades para llegar a fin de mes que a comienzos de legislatura.

Por eso tampoco faltará la mención de los portavoces de la oposición al sensible incremento que se ha producido durante el mandato del pacto de las flores –de más de un 40%– en el número de isleños con dificultades e incluso muchas dificultades para llegar a fin de mes, que ya son cerca de 610.000. Y más de un millón, aproximadamente la mitad de la población, creen que el futuro económico será peor que ahora, un enorme colectivo pesimista que se ha duplicado en esta X Legislatura.

Las mascarillas y el mediador

No podrá librarse el Gobierno, por supuesto, de los ataques por el caso mascarillas y, sobre todo, por el escándalo del recién conocido caso mediador. El Ejecutivo había conseguido lidiar con la carga política del gasto millonario en unas mascarillas, de ahí el nombre del caso, que nunca llegaron. No fue el único Gobierno que se las vio y se las deseó para traer material sanitario durante lo peor de la pandemia ni tampoco el único que cometió errores, más allá de lo que se decida en las instancias pertinentes. Pero este último debate sobre el estado de la nacionalidad llega con la indignación en alza por el caso mediador, por el que se investigan posibles delitos de fraude, malversación, cohecho y tráfico de influencias en las ayudas europeas al sector ganadero, amén de otros contratos. Presuntas ilegalidades salpicadas de comportamientos del todo reprobables de cargos del PSOE más allá de lo que sea punible a ojo de la Justicia.

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