Calviño abre una investigación sobre los vínculos de la trama con ‘su’ fundación

La vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, desveló este miércoles que su departamento ha abierto una investigación interna para comprobar qué tipo de contactos ha podido tener una fundación oficial que ella preside, con la trama de presunta corrupción destapada en Canarias del llamado ‘caso Mediador’ que investiga el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife y por el que hay doce personas encausadas.

Calviño, en declaraciones al programa de la Sexta TV Al Rojo Vivo, calificó de “totalmente absurdo” tratar de establecer un vínculo entre las actividades supuestamente delictivas de los encausados y los contratos que la administración haya podido firmar con empresas que aparecen en el sumario, asegurando que, en todo caso, comparecerá “cuando proceda” en el Congreso para ofrecer la información que haya obtenido y dar las explicaciones oportunas.

Tras recordar que ella misma es la presidenta de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que adjudicó varios contratos a una empresa vinculada a la trama a través del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único investigado del caso que permanece retenido y encarcelado, aseguró sin embargo que, por la información que tiene hasta ahora, “no hay ningún tipo de relación con la trama”, recordado en todo caso que los hechos que constan en el sumario del caso datan de los tiempos en que esa fundación era presidida por su antecesora en el cargo de vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por lo que “no hay solapamiento temporal que me haya hecho coincidir con algunas de estas personas”.

Francisco Espinosa, un general con muchos amigos envuelto en la trama de presunta extorsión a ganaderos en Canarias

Tolerancia cero con la corrupción

Calviño quiso lanzar un “mensaje muy claro” en el sentido de que, a su juicio, “se están dando todas las explicaciones” y que “desde el Gobierno tenemos tolerancia cero con la corrupción como se demuestra con la acción decidida y rápida cada vez que hay algún tipo de sospecha o cualquier riesgo en este sentido”.

Según consta en el sumario que instruye la titular del Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de Los Ángeles Lorenzo-Cáceres, la Fiiapp cerró cuatro contratos por valor de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general de división Espinosa en África. Se trata del proyecto de Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel) comandados por Espinosa, cuyos vínculos con la organización delictiva investiga ahora la juez al reclamar esos cuatro contratos a la fundación, así como todo lo relacionado con las gestiones realizadas para adjudicarlos, desde quienes participaron en las mesas de contratación, hasta los funcionarios y los intervinientes en el proceso administrativo, según recoge el auto dictado el pasado 13 de febrero. La magistrada quiere que se remita a Asuntos Internos de la Guardia Civil un listado con los números telefónicos de las personas que participaron en esos expedientes.

Los pliegos de los contratos que investiga la juez del 'caso Mediador' fueron elaborados por un equipo del general Espinosa

Contratos de 2020 y 2021

Los contratos que ahora reclama la magistrada fueron adjudicados entre enero de 2020 y agosto de 2021 por la fundación española de cooperación internacional a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL, que es propiedad del empresario valenciano José Santiago Suárez, también investigado en la causa junto al general Espinosa y otras diez personas, entre ellas Antonio Tacoronte, natural de Gáldar y verdadero conseguidor de las mordidas, pues era quien hacía de mediador entre los empresarios y el general o los políticos para lograr las comisiones, que iban desde sobres con dinero en metálico hasta ingresos en tarjetas prepago que no dejan rastro.

Los investigadores no solo tratan de aclarar si Espinosa y su red delictiva ejercieron algún tipo de influencia en esas contrataciones internacionales, sino que también trabajan en la elaboración de un informe patrimonial sobre la posible fortuna amasada. El alto mando cobrada hasta 12.000 euros mensuales por dirigir los Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (Garsi) en África, pero estaba preocupado por su inminente retirada y la pérdida de su tren de vida, con una pensión de jubilación que apenas supera los 2.500 euros. 

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