Yanes insta a eliminar el teletrabajo por el deterioro a los servicios público

El diputado del Común considera que el remoto aleja a la administración de la ciudadanía - Exige suprimir la cita previa obligatoria porque "margina a los más débiles"

El Diputado del Común presenta en el Parlamento su informa anual.

El Diputado del Común presenta en el Parlamento su informa anual. / Miguel Barreto

El diputado del Común, Rafael Yanes, considera que la pandemia ha dejado dos secuelas claras en la administración y su atención a la ciudadanía: la cita previa y el teletrabajo. Dos cuestiones que a su juicio, hay que limitar. Así lo explicó esta mañana en la presentación en comisión parlamentaria del informe de la Diputación del Común correspondiente al ejercicio de 2022. Yanes comenzó su intervención asegurando que existe la sensación generalizada de que el teletrabajo perjudica la calidad de los servicios públicos, por lo que instó a la administración a medir la "productividad" de los distintos puestos para detectar y eliminar la modalidad telemática en aquellos en los que ha disminuido la productividad respecto a la etapa de trabajo presencial . "Algo que aleja a la administración de la ciudadanía no puede convertirse en un derecho", apuntó Yanes, quien reconoció los efectos positivos ambientales y de conciliación de este tipo de trabajo.

Y también se mostró crítico con "la cita previa obligatoria" que, según sus palabras, "margina al sector más débil" de la sociedad que no tiene acceso a los mecanismos para solicitarla.

Tras esta reflexión, el diputado del Común se centró en valorar los datos del informe y se mostró "moderadamente satisfecho" con el resultado de la labor de la institución en 2022, con un 67% de resoluciones favorables para los ciudadanos. En cambio, aseguró estar "muy poco satisfecho" por el nivel de respuesta de las administraciones, que "siguen incumpliendo sistemáticamente la ley del Diputado del Común". Las administraciones, ha recordado, han de responder en 15 días a sus requerimientos, y el año pasado la institución tuvo que emitir 75 recordatorios legales y 149 advertencias, aunque ninguna derivó en una declaración de obstrucción.

Ligado a esto, explicó que muchos alcaldes se quejan de no contar con funcionarios con habilitación nacional para contestar adecuadamente asuntos con cierta complejidad jurídica. "Apenas están cubiertas el 28% de las plazas y hay ayuntamientos en los que las labores de secretario las desempeña un policía municipal", apuntó Yanes. Por eso, aseguró que la institución que representa respalda la petición de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) de convocar una lista de reserva y agilizar un mecanismo urgente de nombramientos y, adicionalmente, solicita modificar la Ley de bases de régimen local para que las comunidades autónomas puedan convocar plazas de habilitados para su ámbito de competencia, como tiene País Vasco.

Como avanzara semanas atrás cuando entregó el informe de la Diputación del Común al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, Yanes destacó que el número de quejas que registró la institución el año pasado fue de 2.925, un 20% inferior al de 2021, y que las que más aumentaron fueron las relacionadas con vivienda, un 64%. Por lo que avanzó que la Diputación elaborará un informe monográfico sobre este tema que pretende presentar este año o en 2024, con información recabada de los ayuntamientos canarios y también se consultará con el Icavi y Visocan, así como con otras comunidades autónomas, "para aprender de modelos que han funcionado".

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