El Gobierno se rinde y deja la ley de policías locales de Canarias para la próxima legislatura

El Gobierno regional tira la toalla y deja la nueva ley de coordinación de las policías locales de Canarias para la próxima legislatura. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se rinde a la evidencia ya que solo queda menos de un mes para disolver el Parlamento por la convocatoria de las elecciones del 28-M y dos plenos parlamentarios en este mes de marzo, por lo que no hay tiempo material para sacar adelante el proyecto de ley. El consejero Julio Pérez reconoció ayer en la Cámara que ante una ley de esta envergadura "no se puede debatir con prisas" pese a que el Ejecutivo tiene herramientas para solicitar que se tramite la norma por la vía de urgencia y así acortar los plazos, pero finalmente se ha preferido dejar "el trabajo hecho" y que sea el próximo Gobierno que salga de los comicios el que continúe con el texto y lo envíe al Parlamento con más tiempo.

Según dijeron tanto Pérez como el diputado de Ciudadanos (Cs) Ricardo Fernández de la Puente, es el tercer intento infructuoso de actualizar la ley, que data de 1997, y que en estos 26 años ha recibido algunas modificaciones puntuales pero no se ha reformado en su totalidad. Hace cuatro años pasó algo similar a lo de ahora, es decir, el Gobierno de Coalición Canaria (CC) aprobó un proyecto de ley pero la falta de consenso dejó la norma estancada en la Cámara. Ahora tampoco hay consenso y la cercanía de las elecciones impiden debatir un texto con sosiego como demandan los grupos parlamentarios, incluidos los que respaldan al Ejecutivo, que no ven con buenos ojos tener a todos los sindicatos y asociaciones de jefes en contra del proyecto. Tampoco ha prosperado la petición de los alcaldes para que los parlamentarios hicieran un "esfuerzo" para aprobar la ley antes de finalizar la legislatura.

El Ejecutivo duda que salga la ley de policías locales por falta de tiempo y de consenso

Julio Pérez admitió las discrepancias entre los alcaldes y los sindicatos como uno de los motivos para que la ley se frene y que, en esta ocasión, el Ejecutivo se ha inclinado más por los ayuntamientos frente a lo que sucedió hace cuatro años. El consejero indicó que es cierto que el Gobierno está en esta cuestión más cercano a la posición de los ayuntamientos, pues cree que debe quedar clara la subordinación de las policías a los ayuntamientos, en particular a los alcaldes.

El titular de Seguridad del Ejecutivo autonómico indicó que prácticamente todo el trabajo está hecho para el próximo Gobierno, por lo que lo tendrá más fácil a la hora de tramitar la ley sin necesidad de dilatar su preparación en el tiempo. El Gobierno había solicitado en enero el informe preceptivo al Consejo Consultivo por el procedimiento de urgencia y este órgano cumplió con las prisas del Ejecutivo pero no sin que el Consultivo le reprochara que lo solicitase de urgencia sin fundamento sólido que justificara tal petición. Es por ello que el informe del órgano consultivo no entra en el fondo de determinados aspectos polémicos del texto y se limita a declararlo dentro de los parámetros constitucionales y estatutarios adecuados con ciertas observaciones, la mayoría de ellas genéricas.

Sin reflexión

El propio Consejo admite en el inicio de su informe que el carácter de urgencia reclamado por el Ejecutivo le impide profundizar en el contenido del proyecto de ley: “Resulta evidente que el acortamiento de plazos afecta per se al ejercicio de la función consultiva, que puede resentirse al privarse a este Consejo del necesario tiempo para reflexionar sobre el contenido de la norma proyectada, que sustituye in toto -totalmente- la vigente regulación legal sobre coordinación de policías locales”.

El único argumento ofrecido por el Ejecutivo para solicitar el procedimiento de urgencia es “la cercanía del final de la presente legislatura”. El Consultivo recuerda al Gobierno en el inicio de su informe que ley exige que la urgencia de los dictámenes tiene que estar motivada y que tiene carácter excepcional. Ante ello y debido al pobre argumento solicitado por el Gobierno el órgano consultivo reprocha que “no parece que esa motivación contenida en la solicitud de dictamen sea suficiente pues, ciertamente, existen procedimientos legislativos sumarísimos en el reglamento parlamentario que pueden permitir la aprobación de la ley con anterioridad a la finalización de la actual legislatura”.

El Ejecutivo mantiene que ha trabajado en la nueva norma desde el principio de la legislatura “si bien las circunstancias extraordinarias vividas en el sector de seguridad y emergencias, lo que incluye la pandemia por Covid-19 y la erupción volcánica de La Palma, han dificultado su preparación y tramitación anterior, que se ha agilizado y acelerado una vez lograda cierta normalidad en el área”. Sin embargo, para el Consultivo se trata de una “justificación de por qué no se ha tramitado la iniciativa legislativa gubernamental hasta ahora. Y, además, tampoco el proyecto de ley se ha tramitado con carácter urgente, tal y como permite la norma”.

Tras estos reproches, el Consultivo emitió el dictamen solicitado en tiempo y forma “en virtud de nuestro deber de cooperación y lealtad institucional”.

El órgano dependiente del Parlamento para calificar la legalidad de las iniciativas legislativas también llama la atención al Gobierno sobre su incumplimiento del Estatuto y de la ley por no contar el proyecto de ley con el informe preceptivo del Consejo Municipal de Canarias. Las prisas del Ejecutivo dejaron este documento sin tramitar y fue a posteriori cuando el Ejecutivo convocó al Consejo Municipal para cumplimentar el reparo puesto por el Consultivo. La Consejería de Administraciones Públicas dio a conocer la resolución de este órgano el pasado 28 de febrero, mientras que el dictamen del Consejo Consultivo tiene fecha de 9 de febrero, un día antes de que se le venciera el plazo al ser por el procedimiento de urgencia.

El Consejo Municipal de Canarias, órgano donde están representados el Ejecutivo y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) aprobó por mayoría el proyecto de ley de las policías locales frente a la unanimidad de la que hizo gala recientemente el comité ejecutivo de la Fecam ante los grupos del Parlamento al haber ayuntamientos que han mostrado ciertas reticencias a la nueva normativa.

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