Ferraz y el PSOE canario se coordinan para minimizar el coste electoral del caso Mediador

Las tramas del caso Mediador pusieron en alerta roja al PSOE desde los primeros días de conocerse algunos de los primeros detalles de la causa investigada por el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, pero desde entonces la preocupación no ha parado de crecer en las filas socialistas. La dirección federal del partido fue consciente desde el primer momento del potencial destructivo y tóxico de este caso de presunta corrupción que afecta a varios cargos del partido en Canarias, el entonces diputado Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y es en estos momentos uno de los asuntos clave en las reuniones y debates del partido a todos los niveles, tanto en el ámbito de Ferraz, como en el del grupo parlamentario en el Congreso, y obviamente en el del partido en Canarias.

En este marco, la cúpula federal y la dirección socialista en Canarias intentan buscar fórmulas para frenar las repercusiones políticas del escándalo por más que consideran que el partido ha tomado las medidas necesarias para responder a la demanda de depuración de responsabilidades políticas. La dimisión inmediata como diputado de Fuentes Curbelo y la expulsión del partido, también fulminante, tanto de él como de su sobrino sigue siendo considerada en el PSOE como respuesta apropiada y proporcional a la gravedad de las imputaciones que pesaban sobre ambos.

Revisar expedientes

Por otro lado, consideran que el Gobierno de Canarias ha adoptado por su lado lo único que estaba en su mano para actuar al respecto revisando los expedientes en que los Fuentes actuaron durante sus respectivas etapa en la dirección general de Ganadería, además de ponerse a disposición de la justicia para toda la investigación en la que pudiera colaborar. Señalan en todos los ámbitos socialistas la contundencia con la que se ha actuado contra los implicados y el compromiso, tanto del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de que el destino de cualquier otro implicado será el mismo, la expulsión del partido y el cese inmediato en caso de ostentar algún cargo público.

Sin embargo, a medida que se van conociendo detalles del sumario y otras informaciones sobre las ramificaciones de la trama, la preocupación va creciendo ante el temor de que puedan aparecer nuevos militantes o cargos socialistas implicados o relacionados de alguna manera tanto con el mediador de la red de presunta corrupción, Antonio Navarro, como con algunas de las empresas que se citan en el sumario. Esta es la auténtica obsesión en la dirección federal del partido y entre los socialistas canarios, que han asumido ya la imposibilidad de evitar algún tipo de coste electoral tanto en Canarias como en el ámbito estatal de cara a las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo.

Adelantarse a la jugada

Es es estos dos frentes en los que Ferraz trata de actuar junto a la dirección del PSOE canario en estos momentos, es decir, intentar adelantarse a la posibilidad de que aparezcan nuevos imputados y conocer de antemano sus nombres y cargos, y buscar medidas y respuestas coordinados para frenar el coste reputacional del caso y sus costes políticos y electorales.

Fuentes de la dirección federal reconocen que la preocupación en este sentido es «máxima» y que los contactos con los socialistas canarios es constante. Ambas partes están rastreando y analizando el sumario de la trama y las investigaciones que se van conociendo y valorando las posibles consecuencias. También evaluando la posibilidad de actuar internamente en algunos de los espacios más señalados como sería el caso de Fuerteventura, aunque por el momento sin plantearse provocar una crisis interna en la dirección insular o en las listas electorales de la isla, una posibilidad que sí ha llegado a estar sobre la mesa pero por ahora descartada.

Inquietud por las ramificaciones

Lo que más inquieta a la cúpula del PSOE es la posibilidad de que las diversas y complejas ramificaciones del caso sigan creciendo y ampliándose y que aparezcan nuevos nombres. De entrada, creen que la parte relacionada con los Fuentes y sus relaciones con el mediador y con los empresarios a los que prometían favores a cambio de dinero está muy delimitada a esos dos casos ex cargos socialistas.

Una vez comprobado por parte del grupo parlamentario en el Congreso que los cinco diputados nacionales que asistieron a esa cena en una restaurante de Madrid con Fuentes Curbelo, Navarro y algún empresario, no tienen ninguna vinculación con el caso, ni participaron en fiestas con prostitutas, como llegó a asegurar el mediador de la trama, el PSOE cree que esta parte del escándalo está controlada porque el sumario no menciona más nombres, aunque nunca pueden descartar que puedan aparecer dado que la investigación sigue en marcha. La consigna en este sentido desde Ferraz y desde Canarias es «dejemos actuar a la justicia, porque lleva año y medio de investigación y no hay más implicados que los que ya no están en el partido».

Dudas sobre la Guardia Civil

La parte sobre la que tienen más dudas es la relacionada con las operaciones que implican a altos cargos de la Guardia Civil, una cuestión sobre la que está muy encima el Ministerio del Interior. El propio titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, está muy atento a todas las investigaciones en curso y dispone al respecto de información muy detallada por parte de la cúpula policial. Cabe señalar en este sentido que uno de los altos cargos de la Dirección Nacional del cuerpo, Rafael Martínez, actual subdirector general de Logística e Innovación, fue ascendido a este puesto por Marlaska en septiembre pasado desde la Jefatura Superior de la Policía en Canarias que ocupaba desde octubre de 2020. Es decir, ocupaba un puesto clave durante la etapa en al que se desarrollo gran parte de la investigación sobre los hechos centrales del caso Mediador.

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