La jueza ya tiene en su poder el ordenador del despacho de ‘tito Berni’ en el Congreso

La jueza instructora del ‘caso Mediador’ en Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, tiene ya en su poder la documentación relacionada con la investigación que pudiera permanecer aún en el despacho del Congreso del presunto cabecilla de la trama política, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado ‘tito Berni’ por algunos de los implicados, tras haberse llevado a cabo el pasado miércoles la entrega por parte de la cámara de los dispositivos electrónicos del imputado solicitadas por la magistrada. La secretaría general del Congreso comunicó este jueves que había dado curso a esa solicitud y fuentes parlamentarias señalaron que fueron varios agentes de la policía judicial del grupo de Delitos Informáticos que lleva a cabo dicha investigación los que se personaron en la tarde del miércoles para acceder al despacho y al ordenador de mesa del ex parlamentario, y acceder a la información contenida en él susceptible de estar relacionada con el caso.

El Congreso no ofreció ningún detalle más sobre el operativo, que se ha llevado a cabo con absoluta discreción y sin facilitar ningún otro detalle sobre el cumplimiento de la solicitud del juzgado, alegando que forma parte de una investigación judicial sobre la que los servicios de la Cámara no tienen ninguna competencia, ni disponen de autorización para informar sobre este trámite. El Congreso se ha limitado en este sentido a comunicar el recibimiento el lunes del auto de la jueza instructora para proceder a la entrega de instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, así como a las anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad, actas, extractos, expedientes y documentos registrales, notariales y tributarios que el imputado pudiera tener en el que fue su despacho durante su etapa de diputado hasta su dimisión el pasado día 14 de febrero.

Autorización

La entrega del material que Fuentes pudiera guardar en su ordenador u otros instrumento electrónicos, así como cualquier otra documentación relacionada con la investigación, necesitaba de una solicitud judicial expresa dada la inviolabilidad de la cámara, cuya presidenta, Meritxell Batet, recibió el lunes a última hora de la tarde y autorizó de forma inmediata. Aunque en un primer momento Batet comunicó a través de su gabinete que sería la Policía Nacional de la Comisaría del Congreso la que se haría cargo de esa recogida de material susceptible de guardar documentación clave sobre el funcionamiento de la trama, lo cierto es que el auto de la jueza establecía claramente que dicha entrega se tendría que hacer a los funcionarios del Grupo de Delitos Tecnológicos de Santa Cruz de Tenerife, a quines, además, se autorizaba, si fuere necesario, “a modificar las claves de acceso” de los aparatos electrónicos “si en ellos apareciese hechos relacionados con los delitos investigados”.

Por otra parte, ayer se supo también que Juan Bernardo Fuentes ha solicitado al Congreso el pago de la indemnización a que tiene derecho por su baja como diputado toda vez que cumple los requisitos para ello en aplicación del Régimen retributivo y ayudas de los miembros del Congreso. Según publicó el diario digital El Confidencial y ha confirmado este periódico, Fuentes Curbelo ha reclamado esa indemnización que, por su tiempo como parlamentario desde que accedió al escaño el 4 de febrero de 2020, casi alcanzaría los 9.400 euros. El derecho a esa indemnización no está afectado por el hecho de su imputación judicial en una presunta trama de corrupción.

Indemnización por cese

En concreto, Fuentes Curbelo tiene derecho a la denominada “indemnización por cese” siempre que el ya ex diputado no tenga otra remuneración por actividad laboral o profesional y siempre que haya superado dos años de estancia en el Congreso en la legislatura a que corresponda el cese. La indemnización estipulada es la correspondiente a la asignación constitucional mensual de 3.126,89 que percibe como ‘sueldo base’ cada diputado por cada año en el escaño, en su caso los tres que ha ocupado el escaño desde que sustituyó a Elena Máñez, nombrada consejera de Economía del Gobierno de Canarias, en la fecha antes indicada. Es decir, que Fuentes Curbelo obtendrá una indemnización de tres meses que suman 9.391 euros.

También ha solicitado esa indemnización por cese el ex diputado del PP Alberto Casero, que dejó su escaño el pasado día 3, pocos días después que Fuentes Curbelo, por estar investigado por el Tribunal Supremo por supuesto delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos durante su etapa de alcalde de la localidad cacereña de Trujillo. También en su caso se da la circunstancia de que el cese como diputado le deja sin otra remuneración por actividad laboral.

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