'Mon', sin rival en Tenerife a la hora de hacer obras para la Guardia Civil

Hubo un tiempo en que las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como Mon, no tenían competencia real para realizar reformas en instalaciones de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, bajo el mando del jefe de la Comandancia José María Tienda, cesado este miércoles por la noche por el Ministerio del Interior. O bien recibía los encargos de forma directa, o bien desde la Comandancia también se pidió presupuesto a una mercantil cuyo administrador único tenía relación societaria y laboral con el propio Tejera. Todo, o casi todo, estaba atado. Las sociedades de Mon llegaron a facturar más de 1.522.000 euros por más de medio centenar de obras en acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante un periodo de once años, entre 2008 y 2019. 

Tres millones y casi la mitad en Santa Cruz de Tenerife

Los trabajos en diferentes instalaciones del Instituto Armado en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro concentraron casi la mitad del conjunto de los ingresos que el empresario canario obtuvo con las adjudicaciones que recibió presuntamente gracias a las decisiones de diferentes mandos o cargos del cuerpo de seguridad, que ascendieron en todo el país a más de tres millones de euros a lo largo de más de una década. En ese periodo, los jefes de trece unidades territoriales (la zona de Murcia, así como las comandancias provinciales de Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid), la Jefatura de Asuntos Económicos y el director general de la Guardia Civil adjudicaron obras a Tejera de León y al trabajador por cuenta propia vinculado a Mon, Salvador Gutiérrez Espinosa, por una cuantía global de 3.302.654 euros. Los ingresos atribuidos a Gutiérrez son casi testimoniales con respecto al primero, para quien realizaba trabajos.

Por los trabajos no ejecutados y por los realizados sólo en parte, y que fueron certificados como si hubiesen sido hechos o efectuados de forma adecuada, presuntamente existen indicios de que se han cometido los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, aunque no se descartan otras infracciones penales.

Empresario de confianza

Las facturaciones de las mercantiles de Ángel Ramón Tejera no tuvieron un carácter regular a lo largo del tiempo en que fue un empresario de confianza para la Guardia Civil. Hubo una primera etapa en los ejercicios 2008, 2009 y 2012. A través de las sociedades Lancelot Pinturas y Decoración, Angrating e Inversiones Andelmar, Mon ingresó 337.893 euros. De ellos, facturó 108.172 euros en 2008; 225.016 en 2009, y 4.704 en 2012.

«La Guardia Civil tiene a empresas de confianza para hacer las obras»

Entre diciembre de 2014 y abril de 2019, esa vinculación entre el empresario de reformas y el cuerpo de seguridad se volvió a reactivar, pero esta vez de una forma mucho más intensa. Ya entonces Tejera de León utilizó otras sociedades para operar en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, como son Angrasurcor SL. y Solocorcho SL. En esos cuatro años y medio, Ángel Ramón Tejera y el trabajador por cuenta propia Salvador Gutiérrez figuran en 47 facturas emitidas por un importe total de 927.499 euros, en base a otras tantas obras realizadas en puestos e instalaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estos trabajos, que fueron encargados por parte de la Comandancia con sede en la capital tinerfeña, se dividen en 19 contratos menores (por un volumen de 796.934 euros) y en anticipos de caja fija (por otros 130.565). En 2016 el crecimiento de la facturación fue exponencial.

Límites

Hasta noviembre de 2017, la legislación contemplaba que los contratos menores no podían exceder los 50.000 euros de facturación. A partir de esa fecha, una nueva normativa redujo el límite a 40.000. Y, en el caso de los anticipos de caja fija, las intervenciones no pueden costar más de 5.000 euros, según la Ley.

En el citado periodo, a la mercantil Angrasurcor se le adjudican obras por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, por 88.990 euros, así como por el propio director general de la Guardia Civil, por otros 168.523.

En la mayoría de las ocasiones, desde la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife se pidió una única oferta económica para obras y la misma se hizo a una de las dos empresas de Ángel Ramón Tejera de León citadas (Agrasurcor y Solocorcho), dedicadas a reformas y a recubrir con corcho proyectado paredes o fachadas. Pero también aparece en las pesquisas otro dato curioso. En cinco expedientes de trabajos (para actuaciones en Santa Cruz de Tenerife, Tijarafe, Valverde, Los Llanos de Aridane y Tacoronte), desde la Comandancia tinerfeña se hizo una prospección de mercado; es decir, se pidió presupuesto a otra empresa. 

Socio

En todos esos casos se obtuvieron proyectos económicos entregados por mercantiles en las que Ángel Ramón Tejera de León o su socio, Rafael Gadanha, tenían cargos directivos. Los expertos en la materia consideran que presuntamente éste es un procedimiento que se utiliza de forma irregular en adjudicaciones de obras públicas, donde dos o más sociedades se ponen de acuerdo para que una presente una oferta más atractiva que la otra o las otras, con lo cual ya se sabe de antemano cuál de ellas va a conseguir la concesión de los trabajos.

Gadanha figuraba como socio y administrador en una empresa, Construcciones Abesalva, pero, a la vez, también constaba como socio en Solocorcho y apoderado en Angrasurcor, las dos firmas de Mon que más actividad tuvieron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre finales de 2014 y abril de 2019.

Angrasurcor, Solocorcho y Canarycork, junto con el trabajador por cuenta propia Salvador Gutiérrez, emitieron 20 facturas entre el 14 de octubre y el 21 de noviembre de 2016 por una cantidad de 95.693 euros en sedes del Instituto Armado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y entre el 8 de noviembre y el 2 de diciembre del mismo año, las mismas mercantiles obtuvieron 120.000 euros por 26 obras en acuartelamientos de la provincia de Ávila. En 50 días, los ingresos de Tejera de León y Gutiérrez aumentaron en 215.693 euros en total. En un informe fechado en marzo de 2019 constan 21 facturas por intervenciones: una en El Hierro, cuatro en La Gomera, cinco en La Palma y once en Tenerife. En dicho documento se asegura que presuntamente en ocho de ellas no se ejecutó alguna de las unidades de obra facturadas y cobradas. Estas supuestas irregularidades se dieron entre el 2 de octubre de 2016 y el 23 de febrero de 2018 por un montante global de 38.727 euros.

Facturas sin IGIC

Los trabajos que presuntamente no se llevaron a cabo afectan a los cuarteles de La Victoria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz (Tenerife), Los Llanos de Aridane (La Palma), Fasnia y Buenavista del Norte e Icod de los Vinos (Tenerife). En ninguna de las facturas que constan en la documentación manejada por los investigadores de la Guardia Civil se incluyó el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que es de un 7% sobre el importe de la obra.

Durante la investigación encargada por un Juzgado de Ávila por presuntas irregularidades en esa provincia, se hallaron diez presuntos casos en los que las obras no fueron hechas en su totalidad en Santa Cruz de Tenerife. El importe global de esta serie de facturas ascendió a 51.078 euros y las mismas fueron emitidas entre el 14 de octubre de 2016 y el 26 de febrero de 2018.

Y también aparecieron dos servicios, por 70.859 euros en total, en los que la obra facturada está sobredimensionada, pues, a simple vista, resultaba evidente que la intervención real era muy inferior en superficie a lo que constaba en los papeles. Fueron acciones realizadas en los cuarteles de Playa de Santiago (La Gomera) y San Benito, en el municipio de La Laguna. 

Intervención duplicada en perreras de La Laguna

El análisis de la documentación permitió saber que existieron dos intervenciones de las mercantiles de Mon investigadas donde hubo una ejecución deficiente. Una de ellas se produjo en el puesto principal de Los Llanos de Aridane, en La Palma, que consistió en el picado de los petos de toda la cubierta y las zonas comunes. Su coste ascendió a 5.720 euros y la factura data del 23 de febrero de 2018. El otro trabajo en el que no hubo una realización apropiada fue la de Valverde, en El Hierro, por 13.546 euros.

En esta ocasión, los obreros tenían que pintar con resina blanca fachadas y paramentos interiores en dependencias oficiales. Pero, al final, no se aplicó la resina blanca. También consta un episodio en el que se superponen obras en el mismo lugar y con el mismo fin. Fue por la reparación con mortero y pintura de las perreras del cuartel de San Benito, en La Laguna, por el que se pagaron 2.569 euros el 16 de noviembre de 2018. Pero esta actuación coincide con otra que se facturó el 14 de marzo de 2019. Y también consta que, en numerosas ocasiones, no fue posible tener información objetiva sobre la ejecución de la unidad de obra, pues esta se halla oculta tras diversas operaciones posteriores de pintado. 

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