El hombre que susurraba a los ventiladores

El Gobierno podía haber adoptado ayer varias estrategias para hacer frente al pleno extraordinario sobre el desarrollo y las responsabilidades derivadas del llamado caso Mediador solicitado por el Partido Popular y Coalición Canaria. Adoptó la peor: arremeter –a ratos histéricamente y en general sin ahorrarse ni gota de cinismo– contra la oposición. Fue una de las peores intervenciones del presidente Ángel Víctor Torres en la legislatura. Habitualmente moderado y templado, el presidente se mostró irritado, torpe y sumamente incómodo. Es como si hubiera decidido seguir los peores consejos de su entourage violentando sus códigos verbales y gestuales cotidianos. Porque la oposición no ha hecho, solicitando el pleno extraordinario de ayer, otra cosa que cumplimentar la tarea que le corresponde. Ninguno de los dos partidos acusó directa o indirectamente al Ejecutivo de ser un Gobierno corrupto que arrastra putrefactos delitos por los pasillos del poder. Lo que se solicitó fue una información exhaustiva, una investigación interna sistemática y la depuración de responsabilidades políticas. No penales, civiles o administrativas –como apuntó el portavoz de CC, José Miguel Barragán, esas compete dirimirlas a los tribunales– sino políticas, es decir, vinculadas con la traslación al ámbito institucional de la responsabilidad in vigilando y la responsabilidad in eligendo. Pero el Ejecutivo (y su presidente) no estaban por la labor y, por enésima vez en esta legislatura, optaron por hacer la oposición a la oposición, ensayando interrogatorios a los portavoces de conservadores y nacionalistas, tal y como vienen haciendo desde el verano de 2019. Solo el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, mantuvo la dignidad y sin dejar de ser leal al Gobierno y a Torres –lo mencionó personalmente tres veces– reconoció que la corrupción era un mal persistente, pero que la inmensa mayoría de los políticos de los partidos eran gente decente. Incluso los que están a la opo- sición.

La furia jupiterina de las fuerzas que apoyan al Gobierno en arremeter contra la oposición parlamentara podría tomarse como uno de los grandes misterios de la legislatura que está a punto de acabar. Torres y sus compañeros de viaje no han debido soportar una labor de oposición feroz y atrabiliaria. Sobre todo en la primera mitad del mandato presidencial, cuando la lucha contra la pandemia del covid y sus arrasadores efectos económicos demandaban una unidad política que nadie cuestionó en Canarias. El principal grupo de la oposición parlamentaria (Coalición Canaria) ha mantenido una actitud de diálogo y una vocación de consenso que algunos, entre sus propias filas, han considerado excesivamente indulgente. Ha firmado acuerdos como el Plan Reactiva Canarias o han apoyado todos los proyectos legislativos estrella de la mayoría en esta legislatura: la ley de Cambio Climático, la ley del Sistema Público de Cultura, la ley de Políticas de Juventud, la Ley de Igualdad Sexual y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales han sido respaldadas por CC. Con el Partido Popular ha ocurrido esencialmente lo mismo, aunque la llegada al liderazgo de Manuel Domínguez ha supuesto un tono más bronco y agresivo. La agresividad de la mayoría a la oposición, antipatías ideológicas aparte, sirve para cohesionar el pacto de gobierno y ofrecer a sus respectivas hinchadas una exhibición de fuerza que recuerda quien tiene el Boletín Oficial de Canarias en la mano. Y como en todos los gobiernos de amplia coalición denunciar furibundamente a la oposición y despreciarla sin límites permite desahogarse de tensiones que inevitablemente se crean entre los socios. El gran Indro Montanelli recordaba que el pentapartito italiano de los años ochenta odiaba más que cualquier gabinete monocolor a los comunistas, ya entonces en franca minoría.

Así que Torres subió a la tribuna con gesto adusto e hizo una síntesis de sus declaraciones de las últimas semanas sobre el caso Mediador y lo que había hecho el Gobierno al respecto. Insistió el presidente en que no se había producido ningún daño patrimonial a la Comunidad Autonóma por el momento (luego olvidó esa cláusula temporal) aunque dijo que estaba rastreando (sic) por otros departamentos del Ejecutivo. También insistió en que hablar de estas cosas tan desagradables causa un gran desánimo democrático en la gente. Tal vez, en efecto, lo mejor sería no soltar palabra y así, en silencio, la democracia crece fuerte y confiada en sí misma. Luego llegó lo peor: la intervención de los grupos parlamentarios de la mayoría. Estremecedoras. La primera, la del diputado Jesús Ramón Ramos Chinea, que siempre está cambiando su corte de pelo, probablemente para que en la Cámara no lo reconozcan y le proporcionen, cuando se pone ante el micrófono, el beneficio de la duda. Ahora lleva melenita chunga de cubano sin champú en Miami Vice. Chinea se apuntó a eso de que hablar de corrupción es casi una actitud de mal gusto. Luego explico que el PSOE siempre ha estado al lado del obrero, de los trabajadores, del progreso. Daban ganas de preguntarle por qué Casimiro Curbelo se cuida muy mucho de volver a un lugar tan idílico, Ramos continuó así un rato, como si estuviera ensayando un discurso trascendental frente a una cerveza y una tapa de tollos en el Breñusca.

La cosa empeoró aún más cuando te tocó el turno a fray Manuel Marrero, al que no se le escapó –no contaban con su astucia– que la oposición ha recibido un regalo con este escándalo a tres meses de las elecciones autonómicas y locales. Marrero lo aclaró todo enseguida. Lo del mediador, el diputado socialista y el director general de Ganadería es una bobada, la parte gorda de la corrupción está en la Guardia Civil, un general de división que estuvo al mando de la Comandancia de Las Palmas, puesto para el que lo designó Mariano Rajoy. Así pudo desvelar el diputado de Podemos que el verdadero autor intelectual y máximo responsable político del caso Mediador es Rajoy. A partir de ahí Marrero comenzó a enumerar los casos de corrupción del PP desde el caso Naseiro hasta las penúltimas dimisiones de cargos públicos peperos como una prueba incontestable de que el Mal existe y habita entre nosotros. Una de las razones por las que el cronista quiere llegar al final de la legislatura es porque sabe que antes de clausurarse el último pleno Marrero desinfectará los escaños del PP rociándolos con la bendita agua de la piscina del chalet de Irene Montero en Galapagar.

Algo parecido hizo Nira Fierro, portavoz socialista, después de exaltar cristológicamente al presidente del Gobierno como un verdadero mártir asaeteado por las malignas insinuaciones de Barragán. Para la señora Fierro que la oposición le pregunte al presidente en un pleno parlamentario son insinuaciones de singular perversidad. En su réplica el diputado coalicionero le trasladó al presidente que si es demasiado pedir información, aclarar extremos y exigir responsabilidades políticas. De nada le valieron a Barragán la precisión de sus preguntas, su cortesía parlamentaria y el trato respetuoso al presidente. Torres respondió entre grandes aspavientos que si tenía la sospecha de que el presidente –es decir, él– había incurrido en un ilícito penal, se levantara y fuera al juzgado más cercano. Era una reacción tan desproporcionada que varios diputados – de uno y otro bando– observaban desconcertados a Torres, que le espetó a Barragán que dijo hace quince años que había puesto la mano por la inocencia de Miguel Zerolo «y la perdió»: el caso Las Teresitas volvió una y otra vez como un sortilegio para no hablar de la consejera Alicia Vanoostende o de su asesor, Daniel Ponce, miembro de la dirección del PSOE de Gran Canaria. El majorero no perdió la flema y le contestó que era cierto, porque lo creyó en ese momento, pero que en cuanto el Tribunal Supremo dictó sentencia, le exigió que devolviera el acta de senador. Porque Torres y sus apoyos –salvo el caso antedicho de Luis Campos– arremetieron con todo contra la oposición preguntona (casos de corrupción, sentencias judiciales, descalificaciones morales) a la que, por cierto, Torres no respondió casi nada. Ayer fue el hombre que susurraba a los ventiladores para esparcir porquerías por toda la Cámara sin que absolutamente nadie hubiera puesto en duda su honradez. Y transparencia no es aquello que un presidente desee o tolere transparentar. Transparencia es responder las preguntas de la oposición parlamentaria y no practicar el truco del avestruz indignado. Dar la cara – y expectorar naderías– es mucho más fácil que dar información. El momento más disparatado y asombroso de una sesión plenaria lamentable fue cuando Fierro se dirigió al portavoz majorero y le urdió: «Señor Barragán, diga lo que sabe. Dígalo aquí». Lo escuché y casi solté una carcajada. Pero lo pensé algunos segundos y no me hizo gracia. Porque más que una tontería vergonzosa, la frase es una formidable tomadura de pelo a los ciudadanos. Incluidos los votantes del PSOE.

Suscríbete para seguir leyendo