Dos años y 1,2 millones para cerrar heridas del franquismo en Canarias

El Parlamento regional analiza este lunes la nueva Estragia para la Memoria Histórica de Canarias que cuenta con 35 proyectos para la reparación moral de las víctimas del franquismo

Trabajos arqueológicos para hallar restos de víctimas del franquismo en la Sima de Jinámar, en Telde, en Gran Canaria.

Trabajos arqueológicos para hallar restos de víctimas del franquismo en la Sima de Jinámar, en Telde, en Gran Canaria. / LP/ DLP

En dos años y con una inversión de partida ampliable de 1,2 millones de euros, el Gobierno de Canarias establece en su nueva Estrategia de Memoria Histórica de Canarias 35 proyectos definidos que tienen como objetivo principal garantizar el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas isleñas de la guerra civil y la dictadura franquista.

Según la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, «no es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material», como la exhumación de las fosas, la dignificación de las víctimas, la investigación de la realidad de los menores sustraídos, de las torturas a las mujeres -las grandes olvidadas-, del colectivo LGTBI+, la aprobación del catálogo de vestigios franquistas o la elaboración del mapa de espacios y lugares de memoria histórica.

El Gobierno analizará los juicios durante la represión franquista para reparar los daños morales

Algunas de estas acciones ya se encuentran en marcha, incluso en un grado avanzado de desarrollo, y otras se han de ejecutar. Con esta estrategia, de carácter bienal, lo que se pretende es coordinar y garantizar el fin de todos los proyectos, por lo que se constituye en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias. Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, de 2018.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Gobierno de Canarias, presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprobó el informe de forma unánime. El Consejo de Gobierno tomó en consideración el texto el pasado jueves y lo remitió al Parlamento para su aprobación. Este lunes se analizará en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad de la Cámara canaria.

Mujeres silenciadas

«Es una estrategia realista», explica Vallejo. «No hemos puesto inversiones millonarias sino proyectos concretos, y como novedades está la necesidad de visibilizar a determinadas víctimas en las que no se ha puesto el foco, como las mujeres y lo que supuso para ellas la guerra civil y la represión». «Las mujeres durante la dictadura, además de ser torturadas, fusiladas y encarceladas, sufrieron una represión de género que las relegaba al ámbito doméstico y a una posición de subordinación a los hombres, legitimando una doble moral para ambos sexos», indica el documento.

«El machismo de la época propició que las mujeres estuvieran silenciadas», abunda la viceconsejera de Justicia, que también pone el acento en el colectivo LGTBIQA+ que cuenta con diversas acciones, entre ellas, un proyecto con una financiación de 40.000 euros, a cargo de la Dirección General de Diversidad con instituciones académicas y asociaciones memorialistas, para recopilar testimonios y documentos así como vídeos que recojan testimonios de vida y materiales de interés historiográfico que esas personas puedan aportar (fotografías, cartas, sentencias judiciales...).

Homosexualidad

Personas que fueron reprimidas con independencia de sus creencias políticas por su orientación sexual. Por ello, también se propone en otro proyecto la creación de un centro de interpretación de la Memoria Histórica en el albergue de Tefia, en Fuerteventura, instalación que entre 1955 y 1956 se utilizó como campo de concentración y represión contra la homosexualidad en aplicación de la entonces llamada Ley de Vagos y Maleantes.

En la justificación de la Estrategia de Memoria Histórica, que tiene como fecha de ejecución 2023 y 2024 -con unas elecciones por medio y la formación de un nuevo gobierno a partir del 28 de mayo-, se alude a que durante la dictadura se produjeron importantes actos de dignificación moral y económica, pero solo en beneficio de las víctimas que se habían posicionado a favor del golpe de Estado, se exhumaron las fosas comunes que afectaban a este bando, y se multiplicaron los méritos y reconocimientos en el espacio público, donde se instauraron placas conmemorativas y nombraron calles y avenidas en honor a múltiples personalidades y organizaciones que sostuvieron el golpe. Pero se olvidó a las víctimas del franquismo.

El plan plantea la creación de una base de datos de ADN de represaliados

Con los proyectos establecidos en este documento lo que se pretende es «arrojar luz a hechos que durante muchos años han permanecido sin esclarecer, identificando a las víctimas y reparando el daño causado».

«Esta necesidad social, responde a muchos años de silencio, que pueden dificultar la existencia de documentación y de testimonios de viva voz y presentar algunas trabas de cara a las diferentes investigaciones que se inicien», se expone en el texto. Canarias no sufrió un proceso de guerra abierta como tal, con lo que las víctimas que se han identificado responden más a procesos de represión durante y después de la contienda civil. Se calcula que en las Islas pudieron ser asesinadas un millar de personas, aunque muchas de ellas fueron arrojadas al mar, la gran fosa del Archipiélago, sobre todo en Tenerife, donde, a día de hoy, no se han hallado desaparecidos.

En un estudio impulsado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, las arqueólogas Nuria Álvarez y Laura Bencomo identificaron a 182 desaparecidos en la Isla, con un perfil común: treintañeros, sindicalistas y republicanos.

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  • Uno de los proyectos que se plasma en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, que aún debe aprobarse por el Parlamento canario, trata sobre la visibilización de las mujeres en la II República y de la afectación de género durante la guerra civil y el franquismo, mediante investigaciones que evidencien el papel de la mujer canaria en este periodo, en la lucha por sus propios derechos y se generen figuras que puedan servir de ejemplo para el feminismo canario. Este proyecto está cuantificado en 15.000 euros, bajo la batuta de la Viceconsejería de Justicia.
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  • Entre los grandes objetivos de la Estrategia para la Memoria Histórica se encuentra asegurar el apoyo institucional para realizar acciones de investigación, divulgación y sensibilización promovidas por las asociaciones de Memoria Histórica. 
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  • Otro de los estudios que se planean realizar es la investigación en las universidades, para aumentar los trabajos de final de grado y de máster.

Hallar restos óseos

En la investigación apuntan además a lugares donde pueden haber restos de estas víctimas en Tenerife, como una nueva localización en el cementerio de San Juan, en La Laguna -donde se hizo una intervención en una parcela pero no se halló nada-. Entre los proyectos planteados en esta estrategia se propone asimismo continuar con la investigación para completar el mapa de fosas de Canarias, con el fin de localizar todos los lugares donde puedan hallarse restos de víctimas del franquismo. Para ello, uno de los programas, dotado con 15.000 euros, formula buscar todas las fosas para proceder a su señalización. «Esto permitirá la visibilización de las víctimas como ejercicio terapéutico y pedagógico para las actuales generaciones y las venideras», sostiene el documento.

También se cuantifican 149.500 euros para la prospección arqueológica con el fin de recuperar los restos óseos de las personas desaparecidas y asesinadas que se encontrarían en los dos pozos que faltan por intervenir, de los cuatro documentados, en Arucas, en concreto los pozos del Puente del Barranco y la Vuelta del Francés.

La exhumación de fosas donde pueden haber restos óseos, entre las investigaciones

En Arucas ya se han hallado restos en dos pozos pertenecientes a 38 represaliados de los cuales se identificaron 16. Otro de los proyectos, cifrado en 149.000 euros, de la Viceconsejería de Justicia y el Cabildo de Gran Canaria, se centra en proseguir las investigaciones para encontrar restos de víctimas en la Sima de Jinámar, en Telde, una chimenea volcánica de 80 metros de profundidad. También se prevé otros 149.000 euros para la exhumación de víctimas en la fosas de Fuencaliente, en La Palma. En esta isla quedan unas sesenta personas sin aparecer.

Se habla de personas fusiladas en juicios injustos y se hace palpable la necesidad de que la Administración de Justicia de Canarias deje de mantener el silencio y declarar todos esos juicios nulos, propone la estrategia. «Es un asunto nuevo y se entronca con la reciente Ley de Memoria Democrática -que entró en vigor en octubre el año pasado- donde se declararon nulos todos los consejos de guerra y todas las condenas derivadas de los tribunales del franquismo, y da derecho a la reparación y reconocimiento de las víctimas de esas condenas», señala Vallejo.

Para ello, la Consejería de Justicia pedirá al Ministerio de la Presidencia la documentación de esos juicios para investigar esas condenas que tuvieron efectos reales, pues encarcelaron a personas o dieron lugar al expolio de patrimonios, con el fin de «sacar a la luz» lo ocurrido y que las familias puedan reclamar una declaración de reconocimiento. «Es simbólica, aunque puede haber incluso reconocimiento de derechos de indemnización, pero eso ya es competencia del Estado», precisa Vallejo. 

Se proyectan más búsquedas en la Sima de Jinámar, Arucas, Fuencaliente y en Tenerife

Desde la Consejería de Educación Cultura y Deporte se formulan distintos proyectos que se extienden a 2025, por valor de 340.000 euros, para, entre otras cuestiones, la elaboración de contenidos curriculares de Canarias en todos los niveles educativos definidos en la Ley de Memoria Histórica de Canarias. En estas partidas se incluye, por ejemplo, la retirada de calles, espacios y elementos patrimoniales con simbología franquista, una obligación rodeada de una encendida polémica, como en Santa Cruz de Tenerife con la retirada del monumento a Franco. 

También establece la Estrategia de Memoria Histórica la creación de una base de datos de ADN de víctimas de la guerra civil y el franquismo en Canarias, con un proyecto que contará con una dotación de 15.000 euros. El programa plantea garantizar la salvaguarda y procedimientos estándares que permitan establecer lazos biológicos, a través demuestras a familiares de personas desaparecidas víctimas de la represión franquista o por la sustracción de menores.

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En la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias se hace especial hincapié en realizar una investigación de todos los casos de niños y niñas robadas que durante la guerra y el franquismo fueron separadas de sus familias o extraídas de las casas cuna y entregadas a otras personas, incluso en otros países. La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, expone que «se aborda la necesidad de una investigación completa».

No obstante, puntualiza que será una tarea «difícil». «Tiene una serie de retos a la hora de la investigación que tienen que ver con la protección de datos, porque estamos hablando de víctimas que pueden que estén vivas y que puede que no sepan que son menores robados», explica.

Hay además casos que están judicializados en los tribunales, pero así como en la represión y en la guerra civil sí hay investigaciones e informaciones de víctimas, en este asunto se parte prácticamente «de cero», para primero diagnosticar la dimensión del problema y luego ver de qué manera se puede llevar a cabo un reconocimiento y una reparación de la víctima, expone.

Se trata de una alteración de la afiliación de personas y al igual que pueden haber casos de personas que no sepan su origen, puede darse la situación de que sí lo conozcan pero no quieren que se publique, indica la viceconsejera. «Tiene que ser una investigación muy específica y muy concreta», apunta.

Uno de los proyectos de la Estrategia, cifrado en 15.000 euros, señala la necesidad de continuar con las investigaciones que sean necesarias y es el «momento idóneo» para establecer vías de cooperación entre las administraciones públicas para esclarecer los hechos.

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