Castilla rechaza que el turismo sea el «origen de los males» de la vivienda

Restringir la compra de vivienda por parte de extranjeros no solucionará el problema habitacional que existe en Canarias. Al menos así lo cree la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, que ayer se quejó de que siempre se vea la actividad turística como el «origen de todos los males» del Archipiélago y descartó que aplicar una limitación a la adquisición de propiedades por compradores foráneos pueda provocar una bajada de precios tanto en la venta como en el alquiler. 

Castilla realizó ayer una comparecencia en una comisión parlamentaria, a petición de Sí Podemos, sobre las medidas para paliar las consecuencias de la venta de propiedades a no residentes en el coste de las propiedades inmobiliarias. Un debate que ha resurgido en las últimas semanas, sobre todo después de que el otro archipiélago del país, Baleares, se haya planteado solicitar a la Unión Europea (UE) poder aplicar algún tipo de restricción a este respecto, debido a los altos precios del mercado inmobiliario en estas islas. 

La situación en Canarias es ya muy similar. El Archipiélago es la segunda comunidad preferida por los extranjeros para adquirir propiedades en España. El año pasado los no residentes se hicieron con un 28,6% de las casas que se vendieron en las Islas, según las estadísticas del Colegio de Registradores. En total, los foráneos realizaron 6.973 operaciones inmobiliarias el año pasado –de acuerdo con los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana–, una cifra que se ha incrementado un 57% respecto a 2021. Todo esto, en una comunidad en la que los precios de las viviendas han subido en los últimos doce meses un 12%, el alza más importante de todo el estado. 

Canarias es la segunda comunidad que prefieren los foráneos para comprar en España

Ante esta perspectiva, son muchos los que han mirado a las compras por parte de extranjeros, efectivamente, como el origen de todos los males de la vivienda en Canarias. Nada más lejos de la realidad para Castilla, que aunque ha admitido que estas adquisiciones pueden ser una parte del problema, también señaló a las familias canarias que intentan sacar una renta destinando su propiedad al alquiler vacacional, como también hacen los fondos de inversión. Por lo que, a su juicio, de llegar a poner algún límite a la compra por parte de extranjeros habría que hacerlo también a estas otras aristas que estarían igualmente tensionando los precios. 

Sin embargo, la consejera regional reiteró que «según apuntan los expertos» imponer restricciones a la compra por parte de extranjeros no solucionaría el problema de acceso a la vivienda en las Islas ni haría bajar los precios. Destacó que los ciudadanos no residentes que compran aquí buscan un tipo de propiedad diferente de la que necesitan los locales. «Buscan apartamentos con piscina y altas comunidades o chalés de lujo», suscribió. 

Aún así, Castilla consideró «muy complejo» que Canarias pueda llegar a conseguir una excepción para poder limitar la compra de vivienda a personas que no residan en el Archipiélago. No solo conculca varios derechos de le UE, como el de libre circulación de sus ciudadanos, sino también la libre circulación de capitales o la de establecimiento. «De ahí que para compatibilizar la prohibición con el derecho comunitario no baste con justificar la necesidad de cubrir un derecho básico como es la vivienda», sostuvo Castilla, sino que habría que evidenciar que la limitación de los derechos europeos no se basa únicamente en criterios de nacionalidad y que no existen alternativas menos restrictivas. 

La consejera también señaló como dificultades el propio ordenamiento jurídico español, que incluye el derecho a la propiedad privada, y también la falta de competencias de la comunidad autónoma canaria para legislar en este ámbito. «Estamos intentando tapar el sol con la mano», manifestó, antes de añadir que el Archipiélago debería ser capaz de intentar resolver el problema «sin morder la mano que nos da de comer: el turismo». Por lo que pidió medidas más concretas. 

Déniz cree que estas compraventas expulsan a los locales de sus lugares de origen

Castilla se posicionó así en contra del criterio de otras formaciones con las que comparte gobierno y que, en el caso de Podemos, ya han anunciado que para ellos la posible limitación de la venta a extranjeros será una línea roja para reeditar el pacto de las flores. Solo esta última formación y Nueva Canarias (NC) se posicionaron ayer claramente a favor de poner en marcha algún tipo de regulación que limitara la actividad inmobiliaria por parte de los extranjeros, mientras el Partido Socialista (PSOE) se abre a estudiar el fenómeno, pero sin referirse específicamente a aplicar ningún tipo de restricción.

Francisco Déniz, diputado de Podemos, ha calificado las compras por parte de extranjeros como «un problema» que está expulsando a los locales de zonas de residencia que han sido habituales para la población canaria hasta ahora. Por eso, ha propuesto que se renegocie el estatus de Canarias dentro de la UEpara pedir una excepcionalidad como Región Ultraperiférica. Para Esther González (NC) que este sea un asunto y un debate «complejo», no puede significar «que nos quedemos quietos». 

Por su parte, la oposición mostró su rechazo a la medida. Luz Reverón (PP) aseveró que los populares siempre van a estar enfrente de cualquier iniciativa que perjudique al motor económico de las Islas, mientras que José Alberto Díaz-Estébanez (CC) consideró que en Canarias «no podemos ser comunitarios para lo bueno y dejar de serlo cuando algo no nos gusta». 

Suscríbete para seguir leyendo