La Palma intenta anclar sus derechos con una ley de volcanes ante las "limosnas" de las administraciones

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja presenta una iniciativa legislativa en el Parlamento canario, la primera ley de volcanes en España

Miembros de la Plataforma por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja en La Palma, presenta una iniciativa legislativa en el Parlamento canario.

Miembros de la Plataforma por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja en La Palma, presenta una iniciativa legislativa en el Parlamento canario. / Ramón de la Rocha/Efe

Los afectados por la erupción del volcán de La Palma siguen "anímicamente mal". Lo han perdido todo y las ayudas que llegan están desorganizadas, "no hay un plan de reconstrucción" que cuente con ellos ordenadamente, y casi han llegado a comparar el trato que les dan las administraciones con la novela Los Miserables, de Víctor Hugo, cuando tiraban una monedas al suelo y los pobres se agachaban a recogerlas por necesidad. Salvando las distancias, sienten que en el postvolcán se está pisoteando la "dignidad de las personas" porque, si bien envían ayudas, pragmáticamente no llegan a los afectados o no les resarcen del daño que han sufrido al perder todo lo que tenían, hace ya un año y siete meses.

Así lo expresa el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja en La Palma, Juan Morín. Esta organización ha elaborado una iniciativa legislativa popular para una Ley de Volcanes en Canarias, que garantice la recuperación de los bienes a los damnificados por una erupción en cualquier isla del archipiélago, que se registró este miércoles en el Parlamento canario.

Son conscientes que la norma no se va a tratar antes de las elecciones, pues ahora deben recoger 15.000 firmas a su favor, pero tienen el compromiso de los partidos políticos, sea del color que sea y resulte de los comicios del 28 de mayo, que será el primer punto del orden del día que se llevará al primer pleno de la Cámara tras las elecciones, explica, Morín, quien sostiene que “la inacción" de las administraciones les ha hecho escoger "este camino”. "Es una cuestión de dignidad", insiste. "Es no dar soluciones coordinadas, hay 83 decretos y normas", cada cual por su lado, se queja. La iniciativa pretende culminar en una ley "de todos y de nadie" porque esta entidad de afectados por la erupción de La Palma no quiere "que ningún partido se apodere de lo que quiere el pueblo", expone.

Vacío legal

Se trata de una iniciativa participativa que surge para suplir "el vacío legal" detectado por los afectados de la erupción volcánica en La Palma y que, por ello, pretende regular los aspectos necesarios para que los ciudadanos se sientan "protegidos, seguros y tranquilos" aún con la consciencia de que viven en unas islas volcánicas.

Este miércoles se ha iniciado el primer paso con la constitución ante notario de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular seguida de su registro en la Cámara autonómica, que ahora pasará por el Consejo Consultivo, y posteriormente el Parlamento deberá autorizar el inicio para la recogida de firmas, estipulada en 15.000 en tres meses. Según Morín, es una ley de alcance autonómico y está absolutamente convencido de que recogerán más de las 15.000 firmas necesarias.

Este texto nace al percibir la plataforma de afectados que no tenían "seguridad jurídica alguna ni amparo legal" tras las pérdidas ocasionadas por la erupción de septiembre de 2021 en Cumbre Vieja. Es la primera ley de volcanes que se hará en España, y espera que se pueda aprobar en la Cámara canaria en noviembre, con el nuevo Parlamento resultante tras los comicios.

La legislación que se propondrá garantizará que se tenga en cuenta toda la casuística de las familias afectadas, de modo que no haya una única solución sino diferentes, en función de las edades o del tipo de vivienda (habitual, segunda residencia, vacacional...) o empresas, al igual que con el sector agrario o turismo, explica la abogada palmera y expresidenta del Cabildo insular, Guadalupe González Taño, una de los redactores de esta propuesta legislativa.

El proyecto de ley formula un plan de reconstrucción de La Palma, que ahora no existe, precisa González Taño, y para que las personas afectadas puedan recuperar "de forma parecida" lo que tenían el 19 de septiembre de 2021. Y es que no es una solución donde se pongan a todos los afectados en el mismo saco sino determinar los perfiles concretos, por lo que "el principio general de esta ley es que la Administración le dé a las personas el valor de lo perdido, bien en ayudas, bien en soluciones de vivienda o de otro tipo, y eso opera también para centros comerciales, para agricultura, para todos los sectores", remarca. Y por otro lado, se le dé a las personas el derecho a instalarse preferentemente sobre el terreno que tenían, si así lo quieren.

Deambulando

"Todos estamos anímicamente muy mal porque ya no podemos recuperar nada y muchos vecinos están deambulando de un lado para otro de forma provisional, y otros han optado por marcharse; en Los Llanos, por ejemplo, hay casi 1.800 personas que se han ido a otros municipios y a otras islas", explica Juan Morín. De los 7.000 afectados, unas 200 personas siguen viviendo en hoteles y a otras se les ha dado soluciones "indignas" como las viviendas contenedores, censura Morín. Muchas familias siguen viviendo en casa de sus allegados -hasta 18 en una vivienda, precisa- y lo peor es que no ven una solución cercana sino que están inmersos en la provisionalidad y esto está conllevando a problemas de salud mental, remarca.

Para ambos es esencial crear un consorcio interadministrativo, con representantes del Estado, Gobierno canario, cabildos, ayuntamientos y afectados, para que cada administración pública no vaya por separado y se puedan ejecutar las iniciativas de forma más económica y eficaz. A juicio de Taño, es cierto que han llegado recursos a las Islas, pero no hay un sentido en su ejecución y no llega a los afectados en su plenitud.

El articulado de esta propuesta de ley también recoge medidas en el ámbito de la educación, para que se refuercen los centros de enseñanza que acojan a alumnado de familias damnificadas así como medidas de sensibilización sobre el riesgo volcánico, incluyendo, sobre todo, la previsión de seguros de las viviendas. Igualmente contempla crear un plan de salud mental y refuerzos en las estructuras sanitarias.

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