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Función Pública

Sólo el 5% de los empleados de la Administración autonómica podrían acogerse al teletrabajo

El Gobierno resalta que esta modalidad contará con control del rendimiento, evaluación por objetivos y plan de trabajo. La implantación de los tres días a la semana será progresiva

El consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. LP/DLP

Alrededor de un 5% de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma podrían hacer teletrabajo con el nuevo decreto que regulará esta modalidad laboral, lo que equivale a entre 3.000 y 4.000 trabajadores de los cerca de 80.000 que compone la plantilla global de la Administración regional contando empresas, fundaciones y entidades públicas. El Ejecutivo espera aprobar definitivamente la norma antes de la cita electoral del 28 de mayo, ya que a partir de entonces el Gobierno entra en funciones, y por eso el texto se ha remitido al Consejo Consultivo por la vía de urgencia para que haga su informe preceptivo.

El portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, admitió ayer que se va a "experimentar" con el trabajo a distancia ya que hasta ahora la normativa es la que se aprobó en la pandemia. A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto el teletrabajo tendrá un procedimiento más "complejo" y su implantación será "progresiva" por necesidades "imperiosas", según Pérez, ya que hay que preparar todo el engranaje administrativo para contar con instrucciones precisas sobre el control del rendimiento, evaluación por objetivos y planes individuales de trabajo para medir la productividad de los empleados que se acojan al trabajo remoto.

Esta modalidad tendrá evaluación de objetivos, un plan de trabajo y control del rendimiento

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El consejero advirtió que Canarias está entre las comunidades más retrasadas en la implantación del teletrabajo, que es un mandato legal que se introdujo en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en 2020. La mayoría de las comunidades autónomas ya lo tienen regulado y en funcionamiento y los criterios son similares, con la posibilidad de tener hasta tres días de teletrabajo a la semana, con una serie de condiciones y para aquellos puestos de trabajo que lo puedan hacer ya que quedan excluidos personal sanitario, docentes, atención al público, registro, fuerzas de seguridad y emergencias, Justicia -tiene su propio régimen- y puestos que exijan la presencialidad en sus tareas habituales como ingenieros, arquitectos y otras especialidades técnicas.

Progresividad

Julio Pérez se esforzó en explicar que el teletrabajo es una modalidad laboral que es "positiva" para la organización interna de la Administración "si se hace bien" y es por lo que, una vez que entre en vigor el decreto, se implantará un día a la semana los primeros seis meses, después dos y tras un año se podrá llegar a los tres días siempre y cuando la adaptación de la organización y los controles funcionen. Las medidas que se adopten no serán indefinidas y son reversibles, por lo que el portavoz del Ejecutivo pidió que se huya de la idea de que estar en la oficina significa que se trabaja bien y que si no se está se hace un mal trabajo porque con o sin esta modalidad de trabajo hay una "necesidad importante" de cambiar la Administración pública, resaltó.

La ley que autoriza el trabajo remoto es de 2020 y Canarias es una de las regiones más atrasadas

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El titular de Administraciones Públicas cree que las criticas de las constructores se refieren a que el teletrabajo está sin regular y eso es precisamente lo que quiere hacer el Gobierno, es decir, contar con una norma que organice esta modalidad de trabajo porque no solo se trata de cambios en la organización interna y de que "los jefes tendrán que ser más jefes", sino que el empleado que trabaje a distancia debe contar con un plan de trabajo con evaluación del rendimiento, además de que para poder acogerse a esta modalidad de trabajo habrá que tener en casa condiciones de seguridad físicas y cibernéticas.

En este sentido, el Diputado del Común, Rafael Yanes, mantuvo ayer una reunión con las centrales sindicales para tratar el teletrabajo. Yanes reiteró que esta modalidad tiene que regularse y no debería perjudicar la calidad de los servicios públicos.

Otros asuntos del Consejo


Bien de interés cultural


Protección de Tindaya


  • El Consejo de Gobierno aprobó el decreto para la modificación de la delimitación del entorno de protección del BIC, con categoría de zona arqueológica, de los grabados rupestres de la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que cuenta con la máxima figura de protección, aunque solo estaba circunscrita a la parte superior de la montaña.


Competencia


Nuevo órgano


  • El Consejo de Gobierno acordó, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de decreto para la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su debate político.

Incrementan las ayudas al alquiler

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un incremento del gasto en 13 millones de euros que se destinarán a ampliar el crédito para pagar la ayuda al alquiler general del periodo 2022-2023, que de esta forma alcanza la cifra de 34,4 millones de euros, la cifra más alta que el Gobierno de Canarias ha destinado a esta ayuda, casi el doble de lo que se destinó a la anterior convocatoria 2020-2021, y superior en 20 millones de euros a la última que convocó el anterior Gobierno en la 2018-2019.

Con estas ayudas 8.651 familias con pocos recursos empezarán a cobrar en las próximas semanas, que también por primera vez cubre la mitad de las mensualidades que pagan los beneficiarios durante los 24 meses de la convocatoria, ya que hasta ahora sólo se les pagaba el 40% del alquiler mensual. Las 8.651 familias beneficiarias suponen también una cifra récord en comparación a convocatorias anteriores (6.700 familias en la 2020-2021, o 4.620 en la 2018-19).

El incremento presupuestario permite que el número de familias beneficiarias también aumente notablemente, ya que con los 21,3 millones de euros presupuestados inicialmente se alcanzaban las 5.705, a las que ahora se suman 2.946 familias más con los 13 millones aprobados ayer.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, anunció en octubre pasado en el Parlamento regional la publicación de una nueva convocatoria de las ayudas para el alquiler general y joven, con un presupuesto de 21,3 millones, lo que suponía un incremento del 22% sobre la anterior convocatoria. Con el incremento presupuestario ese aumento de fondos asciende hasta el 97%. Canarias fue, en octubre de 2022, una de las primeras comunidades autónomas en sacar la convocatoria de estas ayudas tras firmar el convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en julio de ese mismo año.

Estas ayudas van destinadas a las familias y jóvenes más vulnerables ya que debían demostrar que sus ingresos son tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, igual o menor a 23.724 euros anuales, en la categoría general. La solicitud de estas ayudas se realizó a través del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) con la colaboración de las cámaras de comercio canarias para agilizar las tramitaciones y resolver dudas a los solicitantes, tras ponerla en marcha en la convocatoria 2020-2021 con una notable demanda.

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