Turismo

Las explotaciones turísticas denuncian incumplimientos reiterados de la ley

Las empresas advierten que los residentes venden apartamentos a extranjeros a precios desorbitados para después ser alquilados de forma irregular

Asamblea celebrada el pasado fin de semana convocada por los residentes en las zonas turísticas.

Asamblea celebrada el pasado fin de semana convocada por los residentes en las zonas turísticas. / LP/DLP

Los explotadores de complejos turísticos denuncian el incumplimiento sistemático de la ley por parte de los propietarios de apartamentos que venden o alquilan los mismos sin ningún tipo de control, lo que va en detrimento de la calidad del destino con problemas de convivencia o dificultades para reformar o mejorar los establecimientos. Pese a que la gran mayoría de las zonas turísticas tiene un uso exclusivo de explotación económica, la residencialización y el alquiler irregular de apartamentos y bungalós están ocasionando un "problema grave", advierte Maialen Artetxe, gestora de la explotación turística del complejo Jardín del Atlántico, en Playa del Inglés.

Artetxe explica que el fenómeno de la compra o alquiler de estos apartamentos que son de residentes es cada vez mayor y muchos de ellos los adquieren italianos o alemanes que después los alquilan sin control, con precios que repercuten en los desorbitados costes del alquiler residencial y sin que estén bajo una unidad de explotación que ayude al sector a generar más empleo y actividad en las Islas. "Las administraciones públicas no hacen su trabajo, se incumple la ley y nadie hace nada, no se ponen suficientes sanciones y hay pocos inspectores para controlar lo que sucede aquí, la gente no se da cuenta de lo que ocurre", lamenta.

Recientemente varios inspectores se personaron en el complejo a instancias de la empresa explotadora y se detectaron al menos 15 apartamentos que estaban haciendo una actividad irregular. En este sentido, el abogado Carlos Bethencourt, especializado en turismo que ha llevado varios casos contra la residencialización, cuestiona que se hayan presentado varias denuncias en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que éste hace dejación de sus funciones porque no actúa pese a que tiene las competencias urbanísticas en un suelo que es de uso exclusivo turístico. El jurista recuerda que "el 90% de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana es de uso exclusivo para esta actividad pero las denuncias que presentamos terminan prescribiendo".

Al respecto Artetxe lamenta que las empresas explotadoras denuncian "pero no hay consecuencias y nos terminamos cansando, no hay conciencia de que este acoso por comprar para alquilar saltándose la ley significa perder empleo y actividad económica porque esta situación ni paga impuestos, ni genera servicios". Además, la propietaria del Jardín del Atlántico ve boicoteados sus intentos de reformar el complejo para subirlo a cuatro estrellas porque en las asambleas de la comunidad los residentes y propietarios de apartamentos se niegan a derramas para las obras de mejora. Artetxe explota también el complejo de Puerto Rico que se usó durante la pandemia para alojar migrantes en la oleada de 2020, lo que le supuso una sanción del Ayuntamiento de Mogán por destinar el alojamiento a un uso que no era turístico: "En un sitio me multan por no tener turistas y en otro que denunciamos nosotros porque hay alquiler y explotación sin control no dicen nada, no lo entendemos".

El acto de protesta llevado a cabo el pasado fin de semana por la Plataforma de Afectados por la Ley de Turismo en contra de las sanciones que está imponiendo la Consejería de Turismo ha sido criticado duramente por la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), que considera que "carece de sentido", pues lo que se produce en realidad "es un incumplimiento clamoroso de la normativa sectorial vigente, algo tan claro que no queda oculto por muchas manifestaciones inciertas que se produzcan sobre el derecho de propiedad y sus límites, que están perfectamente tasados por la ley". La organización empresarial defiende la actuación inspectora del Gobierno porque "se basa en la obligación de hacer cumplir la ley cuando se produce, como ha sido el caso, la ruptura de la unidad de explotación, que es la fórmula legal de gestión de inmuebles turísticos".

"La gestión individualizada de complejos que fueron construidos y obtuvieron licencia para su explotación turística común trae como resultado el caos, la pérdida de calidad y la inviabilidad económica. Este hecho se traduce en un deterioro progresivo y alarmante de los establecimientos", cuestionan los empresarios. Asimismo aseguran que "el derecho a la propiedad de los inmuebles contempla el derecho a su uso y disfrute, pero siempre ajustado a la legislación territorial y urbanística, que, en el caso de los inmuebles turísticos de San Bartolomé de Tirajana, contempla su uso alojativo y no residencial. Esta circunstancia era conocida por los compradores de inmuebles turísticos que posteriormente optaron por el uso residencial irregular".

La Consejería de Turismo ha impuesto hasta el momento seis sanciones, una se ha archivado y hay otras tres infracciones cuyo expedientes estás en tramitación, por lo que pueden acabar en nuevas sanciones. Desde el departamento que dirige Yaiza Castilla se niega que haya un repunte de las sanciones ya que los inspectores no actúan de oficio sino a petición de parte, es decir, si hay denuncias por parte de explotadores turísticos, como es el caso de Jardín del Atlántico, en el que se han levantado varias actas de inspección por incumplimiento de la ley.

A pesar de todo la Plataforma continúa adelante con sus reclamaciones tras la asamblea informativa convocada el pasado sábado y que contó con la presencia de cerca de medio millar de personas. Animados por esta presencia tan numerosa en pleno puente de la Semana Santa, la portavoz del colectivo, Maribe Doreste, asegura que la Plataforma llegará "hasta las últimas instancias" para defender el "derecho a la propiedad" y frente a las sanciones de Turismo, algunas de las cuales ya han sido recurridas a los tribunales. "Nos están criminalizando, no es verdad que haya conflictividad en los complejos, la actividad turística es algo más que las presiones de los empresarios y los explotadores a los políticos", critica Doreste.

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