Cuatro proyectos del GAR-SI Sahel vinculados al 'caso Mediador', a escrutinio de la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea centrará su investigación sobre el 'caso Mediador' en los cuatro contratos en el marco del GAR-SI Sahel que aparecen en la presunta trama de corrupción destapada en febrero en Canarias. Son cuatro adjudicaciones del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas -el único de los doce investigados que está en prisión preventiva por estos hechos desde el 16 de febrero- a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, propiedad del empresario José Suárez Estévez, alias Drones. El valor de los mismos alcanza los 263.093,39 euros y afectarían a fondos comunitarios, ya que esta iniciativa está financiada por la Comisión Europea y gestionada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp).

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye los hechos desde el principio, emitió un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que explica su decisión de ceder parte de la competencia en la investigación. Tras una solicitud de cooperación judicial internacional por parte de la Fiscalía Europea, el juzgado le remitió la documentación de la causa a finales de marzo. Y luego, emitió un decreto de avocación el pasado 13 de abril en la que se reconoce como "competente por razón de la materia" en lo que a los contratos del GAR-SI Sahel se refiere, ya que se ven afectados fondos europeos.

En concreto, el organismo indagará sobre cuatro contratos a la compañía de Suárez Estévez por valor de 30.991,74; 43.801,65; 14.000 y 174.300 euros. De ellos, los tres primeros se dieron en el propio marco del GAR-SI Sahel. Todos ellos datan del año 2020 y tenían por objeto suministrar drones a Mauritania, Níger y Mali. Este proyecto del Fiiapp tenía como misión contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto en los países del Sahel (Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad) como de los territorios regionales, incluyendo zonas aisladas o transfronterizas. Estaba dirigido por el general, cuyo equipo de confianza redactaba las condiciones que el adjudicatario interesado en hacerse con el contrato debía cumplir. El último de los vínculos, el más cuantioso, tenía que ver con otro proyecto relacionado con la Guardia Civil que se firmó en junio de 2021 para el suministro de inhibidores de frecuencia y contradrones.

La AUGC anuncia que se personará

Tras conocerse que el juzgado avocaba en favor de la Fiscalía Europea la investigación de la parte de la trama que involucra al general retirado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informó sobre su intención de personarse en el proceso que abra el organismo supranacional. En un comunicado, la asociación justifica esta decisión en que existe "una serie de intereses que deben ser defendidos", ya que se está viendo "seriamente afectada" la imagen de la Guardia Civil y de las personas que la integran.

Asimismo, entienden que se ha afectado "a la deontología profesional que debe presidir la actuación de todo miembro del Cuerpo negativamente", ya que se plantean cuestiones en la investigación relacionadas con la utilización de medios públicos y equipos puestos a disposición del Instituto Armado.

"El hecho de que la Fiscalía Europea se haya interesado por personarse en una parte de este caso evidencia una vez más nuestras denuncias y demuestra que la corrupción en la Guardia Civil no son casos aislados sino sucesos que estaban normalizados y que necesitan la implantación de medidas urgentes para combatir la corruptela en el Cuerpo", apuntó la AUGC.

La trama

El caso Mediador investiga una trama en la que autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermediarias ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios para asentarse en la Zona Especial Canaria (ZEC) o para evitar el pago de sanciones u optar a subvenciones públicas. Todo ello "a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios". Este grupo estaba liderado, supuestamente, por el exdiputado socialista en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes -'tito Berni'- y su sobrino, el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, por un lado, y por el otro el propio general de la Guardia Civil.

Reuniones y comidas en Valencia, Madrid, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria en el 'caso Mediador'

Esta no es la primera vez que la Fiscalía Europea reclama para sí una investigación sobre presuntas tramas de corrupción en el Archipiélago, ya que también lo hizo con el denominado 'caso Mascarillas' a finales del año pasado, al entender que también estaban afectados fondos comunitarios.

El juzgado tinerfeño continuará con el conocimiento del resto de la causa y de sus investigados. La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres les atribuye delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación y pertenencia a organización criminal, por los cuales seguirá indagando.