Canarias pide al Consejo de Estado ser oída en las competencias de Costas

Canarias quiere ser oída en los expedientes que tramita el Ministerio de Transición Ecológica sobre los hoteles de Riu en Fuerteventura tras las informaciones que han alarmado a la empresa hotelera, a los trabajadores y al Gobierno canario que dan por caducada la concesión del Hotel Tres Islas y se procede al posible derribo del establecimiento. El Ejecutivo regional ha recurrido a la potestad que le confiere la ley para personarse ante el Consejo de Estado, que tiene que emitir un dictamen relacionado con la resolución del Ministerio.

El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno central y sus informes son preceptivos. El artículo 18 de la ley que regula este organismo refleja que «pueden ser oídos ante el Consejo los directamente interesados en los asuntos sometidos a consulta. La audiencia se acordará por el Presidente, a petición de aquellos o de oficio. La audiencia se concederá, en todo caso, cuando en la consulta esté directamente interesada, y así lo manifieste, una Comunidad Autónoma».

La ley permite que las comunidades puedan acudir al Consejo en asuntos de su interés

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, señaló ayer que el Ejecutivo se ha acogido a este precepto legal para ser oído porque se trata de un asunto en el que la Comunidad Autónoma está interesada, tal y como recoge la norma. Además, Pérez recordó que no solo se trata de expedientes en los que Canarias tiene interés, sino en los que también tiene competencias desde el 1 de enero, fecha en la que asumió las transferencias en la gestión del litoral. Desde entonces el Gobierno regional ha solicitado al Ministerio que le traspase los expedientes de los hoteles ubicados en Corralejo pero Costas se ha negado al entender que es la competente para culminar el procedimiento iniciado por la caducidad de las concesiones tanto del Hotel Tres Islas como del Oliva Beach.

«Canarias no va a permitir no ser escuchada en esta materia porque está en el ámbito de nuestras competencias, aunque tampoco creemos que el Estado pretenda traspasar la frontera que establece el decreto de traspaso», advirtió Pérez en la comparecencia de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Caducidad

El Ejecutivo ha advertido en varias ocasiones que el último recurso sería plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Dirección General de Costas ha culminado el expediente de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público, otorgada en abril de 2007, y ha preparado la orden de demolición del establecimiento alojativo. En la propuesta de resolución del Ministerio para la Transición Ecológica además de «ordenar el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones existentes», también ordena a la Demarcación de Costas de Canarias «que lleve a cabo el acta de reversión» al Estado de los terrenos ocupados por el Tres Islas. Tras obtener el aval del Consejo de Obras Públicas y de la Abogacía del Estado, ha remitido la caducidad de la concesión al Consejo de Estado para que emita su dictamen. Es aquí donde Canarias ha ejercido la potestad que le confiere la ley para ser escuchada en el trámite sobre esta resolución. «El Consejo de Estado tendrá que escucharnos antes de emitir su dictamen», aseveró Pérez.

El Ejecutivo sigue sin descartar el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional

Las competencias en costas son desde el 1 de enero compartidas entre las dos administraciones en las actuaciones de interés general y aquellas intervenciones que se realicen en el dominio público marítimo terrestre. Julio Pérez recalcó que en el decreto de traspaso se recoge que la Comunidad Autónoma tiene que ser escuchada en todas aquellas intervenciones que se hagan en el litoral aunque sean competencia exclusiva del Estado. En este sentido admitió que han mantenido contactos con el Ministerio en relación con estos expedientes y sobre la resolución de la caducidad y derribo del Hotel Tres Islas, por lo que los contactos continuarán en las próximas semanas.

El también consejero de Administraciones Públicas advirtió que la prioridad ante todo es el mantenimiento de los puestos de trabajo de los dos establecimientos afectados por la caducidad de la concesión y que dependan de las decisiones administrativas que se tomen en Madrid. «Primero habrá que ver cómo acaban los expedientes y la decisión que se adopte tras el dictamen que emita el Consejo de Estado», señaló.

Llegar al Tribunal Constitucional es el último recurso que adoptará el Gobierno. «Las prioridades son mantener los puestos, ejercer nuestras competencias y ser oídos en todos los expedientes que se tramitan en el Consejo de Estado relacionados con los expedientes en curso», señaló Pérez, que advirtió que el Ejecutivo llevará el asunto al Tribunal Constitucional como ha ocurrido con otras leyes y preceptos cuando no hay acuerdo entre las administraciones.

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